Piden intervención de diputados ante acoso de Fiscal de Nayarit contra despachos de cobranza

Deporte

Javier Bárcenas

Diputados de la Comisión de Vivienda que encabeza el perredista, Carlos Torres Piña, analizan las irregularidades cometidas por la Fiscalía del estado de Nayarit, señalada de llevar a cabo detenciones y acciones de acoso en contra de despachos de cobranza de carteras vencidas del Infonavit.

Ante lo anterior, los quejosos encabezados por el representante del despacho, David Ricardo de la Cruz, expuso con documentos la serie de anomalías y la fabricación de un presunto fraude en contra del Infonavit y de despojo de miles de viviendas a beneficiarios del instituto.

Solicitó la intervención de la Cámara de Diputados y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante el acoso de que son víctima por parte de la Fiscalía de Nayarit.

Ante la prensa pidieron a la Comisión de Vivienda investigar el caso del despacho de cobranza Molrod, donde fueron detenidos cuatro notificadores y un ex socio de este bufete, Saulo Javier Pardo, quien aún se encuentra preso sin argumentos jurídicos.

“El propio director del Infonavit aclaró este miércoles la forma en que operan los despachos de cobranza para recuperar las viviendas abandonadas, invadidas o vandalizadas. Estamos apegados a las leyes de los estados y no hay ningún caso de despojo como lo trata de argumentar la Fiscalía de Nayarit”, apuntó.

Por su parte, la vocera del despacho Molrod, Zayil Villegas, dijo que este caso se armó con una denuncia anónima y el único afectado, Arturo Martínez Sequeira,  ya se desistió al señalar que no fue despojado de su vivienda.

“Pedimos la intervención de la Cámara de Diputados y de la CNDH para que investigue la forma en que se ha intimidado, detenido y se mantiene preso aún a una persona bajo el delito de fraude específico, que ni siquiera está tipificado como grave”, agregó.

Recordaron que los más de 300 mil despachos de cobranza que trabajan para el Infonavit lo hacen con apego a la normativa del instituto, las leyes estatales y en el marco del programa DAVI para la recuperación de casas (deshabitadas, abandonadas, vandalizadas o invadidas).