El Secretario de la Comisión de Hacienda e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Antonio Ortega Martínez llamó a actuar con prudencia y mesura en torno a la propuesta de reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) presentada hace unos días por el sector privado y la Presidencia de la República con el fin de mejorar las jubilaciones de los mexicanos, y que próximamente llegará a este recinto legislativo para su análisis.El congresista federal explicó que si bien se ha dicho que es la “más importante de este gobierno”, que “es histórica” y un “acto de justicia” que resuelve el problema de las pensiones en el país, “huele a que hay detrás una intención política, una implicación de carácter electoral” porque -si bien aparece como un modelo que mejora los ingresos de las y los trabajadores y ayuda a desactivar, en el corto plazo, una explosión social y política- tiene que ver con un problema vinculado a un costo fiscal que el gobierno no explica cómo financiará.
El propósito, desde luego –citó- es atender la inviabilidad del sistema pensionario construido en México porque, año tras año, crecen las obligaciones del gobierno particularmente, y tan solo el próximo año significarán cerca del 20 por ciento del presupuesto federal (quizás más de un billón de pesos), de modo que empiezan a resultar una carga fiscal tan grande y peligrosa que ha llegado al grado de ser calificada como una “bomba de tiempo”.
“El anuncio de Presidencia y el Consejo Coordinador Empresarial –dijo Ortega- quizás desactiva en el corto y mediano plazos la posible explosión social, financiera y política; pero el riesgo está latente, la famosa ‘bomba’ se mantiene activada”.
“Creemos, agregó, que el sistema pensionario requiere medidas mucho más profundas, y tengo la impresión de que este no es el mejor momento para anunciar una reforma con las cargas fiscales y financieras que conlleva”.
El perredista aludió que el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera declaró hace unos días que habría que disminuir la presión fiscal al mundo empresarial para aliviar la crisis.
“Habló de que había que buscar mejores momentos en el ciclo económico para presionar a una mayor carga fiscal a los empresarios, a los inversionistas nacionales y extranjeros; de ahí que la reforma tiene una virtud: Las medidas, prácticamente todas, tienen un impacto gradual.
“Las semanas de cotización estarán bajando (inicialmente en una fecha aún no determinada), de 1 mil 250, a 750 semanas; pero irán creciendo de manera permanente hasta estabilizarse en un monto de 1 mil semanas donde se estacionarán para acceder a los beneficios de la pensión”.
“La carga en la aportación tripartita de los empresarios –citó- también es gradual pues el 8 por ciento de incremento anunciado está repartido en porcentajes anuales de un punto, lo que significará un horizonte de ocho años para alcanzar la meta establecida”.
Desde luego, comentó el legislador, es cierto que hay un impacto gradual en las aportaciones del gobierno porque no se puede desconocer que existe un segmento de trabajadoras y trabajadores cuyo monto en su AFORE, les está significando una pensión cercana al 27 por ciento de su promedio salarial, lo que les condenaría a una situación de pobreza y miseria durante su vejez.
En este caso, planteó Antonio Ortega, hay más de 20 millones de mexicanos con una relación laboral regularizada (es decir, que están registrados en el Seguro Social y tienen derecho a prestaciones), y todos -con el ahorro establecido- no podrán ampliar de manera automática su pensión, ni siquiera con el aumento de la participación empresarial y, por lo tanto, la cifra anunciada de 3 mil 400 pesos promedio a 4 mil 600 pesos que deberán alcanzar todos estos trabajadores, implica un costo fiscal que el gobierno no ha explicado cómo va a financiar.
Manifestó asimismo que esta iniciativa de pensiones debiera estar acompañada por una serie de reformas que pudieran ayudar a resolver problemas intrínsecos que contribuyen al problema de la baja de los ahorros de los trabajadores, de modo que propuso “aumentar las facultades fiscalizadoras del IMSS para terminar con un problema viejo relacionado con la declaración por debajo del salario de cotización”.
Es decir, precisó, para evitar un mayor pago de su contribución tripartita, la parte patronal declara menos salarios y eso baja la cotización a la que está obligada. Me parece entonces que este es un problema que hay que resolver ampliando las facultades fiscalizadoras del Seguro Social.
Por lo tanto, concretó Ortega Martínez, “me parece que requerimos conocer esta iniciativa de manera completa. En la letra chiquita se esconde el diablo, y en año preelectoral con un ambiente político partidizado, me parece que pudiera –sin duda- ubicarse dentro de los esfuerzos clientelares del gobierno para construir una imagen que no corresponde a una gestión política objetiva y verdadera, finalizó.
