La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez propuso tipificar como delito contra la administración de justicia la filtración o difusión de información, documentos, imágenes, audios o videos sobre cualquier asesinato, en particular si la o las víctimas son mujeres y el delito tiene que ver con cuestiones de género, como el feminicidio, pues con ello se transgrede de manera grave su dignidad y la de sus familiares, además de que se vulnera el debido proceso.
Mediante una iniciativa en la que propone reformar los artículos 225 y 325 del Código Penal Federal, la legisladora federal por Zacatecas destacó que existen múltiples casos en los que las y los servidores públicos han filtrado de manera amarillista ese tipo de información sobre otros delitos.
Mencionó como caso representativo que incluso generó indignación nacional e internacional el de la joven Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio en la Ciudad de México, cuyas imágenes fueron filtradas por empleadas o empleados públicos a los medios de comunicación.
Refirió que incluso la Organización de Naciones Unidas y otras organizaciones nacionales e internacionales pidieron investigar a quienes hicieron tal filtración y sancionarlos.
Llamaron además a que el acceso a la justicia y el ejercicio del periodismo se realicen con respeto a los Derechos Humanos y la dignidad de las víctimas, así como con perspectiva de género.
Mencionó al respecto otra iniciativa de su autoría para tipificar la “violencia simbólica” en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, con la cual busca visibilizar este tipo de violencia que se ha naturalizado en la vida cotidiana, y que se da al expresar, emitir o difundir por cualquier medio, ya sea en el ámbito público o privado de discursos, mensajes, patrones estereotipados, signos, valores icónicos, e ideas que transmiten, reproducen, justifican o naturalizan la subordinación, desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres en la sociedad.
Agregó que esta violencia simbólica, también se reproduce desde los medios de comunicación y cuando se difunden imágenes de las víctimas se genera una revictimización, por lo que es necesario erradicarse del periodismo y de todos los medios de comunicación en general, especialmente si se trata de temas relativos a las agresiones contra las mujeres, como los feminicidios.
También refirió que, a raíz del caso de Ingrid Escamilla, las mencionadas organizaciones nacionales e internacionales condenaron que la difusión cotidiana de información sin perspectiva de Derechos Humanos y de género contribuya a la perpetuación de los estereotipos de género y la normalización y justificación de las diversas formas de violencia que se ejercen contra millones de mujeres, niñas y adolescentes en México.
La parlamentaria perredista precisó respecto a su iniciativa para reformar el Código Penal Federal que, dado que las muertes por razones de género no siempre son calificadas y juzgadas como feminicidios, propone entonces modificar la fracción XXVIII del mencionado artículo 225 para considerar que incurren en el delito de administración de justicia las o los servidores públicos que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión filtren o difundan con fines de exhibición o espectacularización información, documentos, imágenes explicitas, audios o videos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos relacionados con un hecho delictivo.
Asimismo, propone reformar el artículo 325 del Código Penal Federal para sancionar la degradación de la dignidad de la mujer que conlleva la exhibición, difusión o publicación de información, documentos, imágenes explicitas, audios o videos que tengan que ver con la muerte de una mujer por razones de género, proponiendo que en este caso se incrementen las penas hasta en una mitad.
El propósito de la reforma a este artículo -dijo- es desincentivar esas conductas abusivas que se traducen en impunidad e injusticia para las víctimas de feminicidio.
En su exposición de motivos, Esparza Márquez refirió que ese tipo de filtraciones derivan, entre otras causas, de la falta de capacitación y de protocolos en los procesos de administración de justicia, los que a su vez provocan subregistro sobre el número de feminicidios en el país, al clasificar muchos de ellos como homicidios dolosos.
A pesar de ello -puntualizó la diputada proponente- es claro que la violencia contra las mujeres y los feminicidios están aumentando en el país y es urgente pararlos con diversas acciones, entre ellas, el generar condiciones para que se investiguen sin obstáculo alguno y que no haya subregistro de estos delitos ignorándolos como tales o clasificándolos como otros, por ejemplo, como homicidios.
