El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria derivadas de las obligaciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó que la autoridad electoral aprueba estas medidas en un contexto presupuestal complejo, pues además del recorte de 870 millones de pesos ordenado por la Cámara de Diputados, el Instituto deberá organizar una consulta popular mandatada por el propio Congreso de la Unión sin que se hayan destinado mayores recursos para ello.

“Visto el déficit en el que se encuentra el Instituto, visto que tenemos que hacer una consulta y que no hay recursos para hacer la consulta, evidentemente pretender establecer una meta de ahorro es hoy absolutamente imposible. No sabemos todavía cómo vamos a tener que hacer la consulta a la luz de que no sabemos cuál es la disponibilidad presupuestal que vamos a tener”, explicó.

No obstante, el proyecto aprobado refrenda el compromiso del Instituto Nacional Electoral de ejercer su gasto de forma racional y con disciplina para poder cumplir con sus atribuciones.

Falta de recursos menoscaba actuación del INE

“Darles mayores encomiendas a los organismos constitucionales autónomos, a la vez que se les disminuye su presupuesto, es una forma sutil, pero eficaz de menoscabar su actuación”, afirmó la Consejera Dania Ravel

Argumentó que el Instituto está pasando por una situación presupuestal complicada. “Tenemos un déficit presupuestal derivado del recorte de 870 millones de pesos del presupuesto solicitado, esto en el contexto de un año electoral en el que se elegirán 20 mil 412 cargos de elección popular y nos tendremos que coordinar con todos los Organismos Públicos Locales Electorales, porque va a haber elecciones en todas las entidades federativas”.

Añadió Ravel que además se trata de un proceso electoral que tendrá novedades como el voto por Internet de las y los mexicanos residentes en el extranjero, o el voto de personas en prisión preventiva, que desde luego generan costos adicionales, sumado a la situación de pandemia que ha llevado al Instituto a adquirir de manera masiva insumos de protección sanitaria para las personas que están trabajando en campo y a hacer adecuaciones tecnológicas en tiempo récord para evitar al máximo la interacción de las personas. Y adicionalmente el INE debe organizar una consulta popular para la cual no se le dieron recursos.

Por su parte, el Consejero Ciro Murayama mencionó que cuando la pandemia golpea a las familias, a las empresas y cae la actividad global de comercio, el único motor que puede echar a andar una economía y con ello contrarrestar los efectos negativos de la recesión, es el gasto gubernamental.

“¿Es racional plantear que el presupuesto no se gaste en un contexto de crisis? No, no es racional, es profundizar la crisis, es lo que se llama una política procíclica, porque el dinero que ya tienes presupuestado y que puede tener efectos multiplicadores sobre la actividad económica, si el gasto programado se recorta eso va a tener efectos procíclicos, es decir, de profundizar la crisis”.

Murayama aseveró que el INE lo que debe hacer con el escaso presupuesto que le dieron es “hacer muy bien su trabajo” y poner por delante los derechos de la ciudadanía, permitir que los derechos fundamentales en materia político-electoral se ejerzan sin restricción alguna.

Al exponer su voto en contra, la Consejera Norma De la Cruz reconoció la necesidad que tiene la institución de invertir en recursos para garantizar los derechos políticos de la ciudadanía.

“…hagamos un ejercicio cuidado para lograr un presupuesto racional que no afecte las actividades sustantivas que rigen la actuación de nuestro Instituto, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, máxime que nos encontramos preparando la elección más grande de la historia, donde los recursos destinados a fortalecer nuestra democracia estarán bien invertidos si lo que se logra es la mejora en la calidad del ejercicio de la ciudadanía”.

No obstante, añadió, en el contexto de crisis económica ocasionada por el COVID-19, es necesario que el Instituto Nacional Electoral planteé un esfuerzo adicional para establecer metas reales y claras de ahorro, mediante las medidas de racionalidad y disciplina presupuestarias propuestas, las cuales no se incluyen en el proyecto.

Recibe INE 36 quejas en materia de violencia política contra las mujeres

Durante la sesión, el pleno recibió el Informe sobre el estado que guardan las Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

El Informe hace un recuento de las denuncias a partir de que se publicó la reforma en materia de Violencia Política por Razón de Género (VPRG). Del 14 de abril de 2020 al 19 de febrero del año en curso, se han presentado 36 quejas, denuncias o vistas en materia de VPRG, de las cuales se determinó la incompetencia en 25 de ellas, remitiendo la queja o denuncia a la autoridad que se consideró competente.

Refiere que, respecto de las 25 remisiones por incompetencia emitidas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, se impugnaron seis, esto es el 24%, de las cuales se confirmaron cuatro, esto es el 66.66%, se revocó una, lo que representa el 16.66% y una se encuentra pendiente de resolución (16.66%). En ese sentido, de las 25 remisiones por incompetencia, han quedado firmes 23, lo que representa un 92%.

El Informe también precisa que respecto de las 36 denuncias o vistas recibidas con posterioridad a la reforma, 30 fueron presentadas por la víctima, ostentando los siguientes cargos:

Al respecto, la Consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, mencionó que es desafortunado que el número de casos de violencia política aumente, como lo señala el Informe.

Agregó que la Comisión que preside aprobó la Guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género del Instituto Nacional Electoral, la cual tiene el objetivo de orientar a las mujeres, a la ciudadanía, a las instituciones y a los partidos políticos en general explicando los temas de violencia y cómo identificarla, derechos de las víctimas, autoridades competentes de acuerdo con los hechos, presentación de denuncias, trámite ante las autoridades, posibles sanciones y/o reparación del daño.

Ante este aumento de los casos de violencia política por razón de género, la Consejera Adriana Favela destacó que se debe privilegiar la cultura de la denuncia.

“Tenemos que estar insistiendo con las mujeres de que cuando sufren algún tipo de violencia política contra ellas por razón de género, pues, tienen que presentar esa denuncia, pero no solamente es la denuncia, también hay que darle todo el seguimiento”.

Las víctimas de violencia política -agregó Favela- deben saber y tener la certeza de que si denuncian van a ser escuchadas y que se va a llevar a cabo todo un procedimiento, una investigación para poder sancionar, en su caso, a las personas que las han agredido.

Por su parte, la Consejera Claudia Zavala indicó la relevancia de que, desde el Consejo General, se hagan visibles los casos que llegan a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la forma en que se derivan las competencias.

“Este es un tema que no es exclusivo de una autoridad o de esta autoridad como Instituto Nacional Electoral, rector de la materia electoral en la coordinación, sino que nos implica y nos llama a actuar a todas las autoridades del Estado en materia electoral para atender este tipo de temas”.