El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), advirtió que los cambios que el gobierno federal pretende realizar en aras de combatir la evasión de impuestos, no resolverá el problema; pero sí puede ser empleada a discreción para acosar a los adversarios políticos.
Al presentar el voto en contra del GPPRD al dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan varias disposiciones en las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional; así como de los códigos Nacional de Procedimientos Penales; Fiscal de la Federación, y Penal Federal; para incorporar a la “defraudación fiscal” al catálogo de delitos considerados como “delincuencia organizada”, el diputado Antonio Ortega Martínez, fustigó el hecho de que se quiera tipificar a un delito fiscal como un atentado a la “Seguridad Nacional”.
Expuso que la oposición respalda la idea de recaudar más y dejen de cometerse delitos; pero no “que paguen justos por pecadores”.
El legislador federal hizo notar que –desde el Ejecutivo- se recurre a medidas extremas por las dificultades económicas que enfrenta, y por ello hay empeño en captar más dinero que le permita operar en el 2020; sin embargo, está dejando también al SAT sin presupuesto ni recursos materiales para cumplir con el objetivo.
“¿Saben ustedes que, en el presupuesto de este año, el respaldo al SAT prácticamente solo compensa la inflación, y a la Procuraduría Fiscal otorga una cantidad que la deja en la indefensión para combatir la evasión fiscal con medidas de inteligencia y de tecnología moderna?”, cuestionó.
Ortega sentenció que con estas medidas que se promueven desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “se ponen en entredicho el Estado de Derecho, el respeto a las garantías individuales y constitucionales, la presunción de inocencia; y se inhibe la inversión” con la consecuencia de echar abajo también la recaudación que supuestamente se pretende lograr.
Lo que está en juego, asentó, es la discrecionalidad de los servidores públicos, que pueden hacer de esta herramienta, un mecanismo de persecución hacia los adversarios políticos; mientras que para los inversionistas, será un elemento importante a considerar, ya que pueden caer por error, en “prisión preventiva”, “extinción de dominio” o en alguna otra medida que ponga en riesgo su inversión o patrimonio y, desde luego, los va a inhibir, alertó.
“Desafortunadamente, la Minuta pone en manos de los servidores públicos (de algunos de ellos), herramientas capaces de destruir al empresario, a la empresa y afectar la inversión”, resaltó el legislador federal y subrayó que “presentar esta iniciativa judicial para atender un problema fiscal, es una mala forma de abordar el tema”.
“Estamos de acuerdo en incrementar la recaudación evitando la evasión; en eliminar prácticas que –como esta- adquirieron ‘carta de naturalización’ en el gobierno anterior y que se convirtieron en acciones de carácter -prácticamente- generalizado para evadir al fisco; pero hay medidas prácticas que pueden fortalecerse para sancionar a quienes incurran en el delito de evasión, no con la persecución”, refrendó.
“Debe combatirse el ilícito con los mecanismos que ya se aplican en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y otros organismos del Estado, en los sistemas de control de emisión y validación de las Facturas”, comentó y añadió que, en su caso, el Servicio de Generación de Facturas del SAT permite proveer y certificar la factura sólo con la e.firma (antes firma electrónica) para las personas Físicas, también para los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal”.
“Entre el combate a la evasión y al fraude, y terrorismo, hay una línea divisoria que no es delgada, es una línea gruesa y visible; si se traspasa lo que es una acertada política fiscal comprensible para todos los interesados en fortalecer las finanzas públicas, se puede convertir en un conjunto de medidas arbitrarias, de carácter persecutorio, regresivo, que violan principios universales como la presunción de inocencia, tal como se ha denunciado en las sesiones de Parlamento Abierto y de las comisiones de Hacienda y de Justicia”, subrayó
“Con esta iniciativa regresamos a un país subsumido en los años 70, pareciera que 50 años de avances en materia tributaria en México se tiran a la basura”, refutó Ortega e indicó que es necesario reformar al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación para otorgar mayor certeza jurídica a los contribuyentes en el momento que reciban facturas apócrifas, porque habrá miedo por parte del contribuyente cuando se les ofrezca regularizar su situación fiscal, debido a que esto puede generar algún delito sin posible reparación”.
Al finalizar, el diputado perredista mencionó que los argumentos de Morena en defensa del combate a la industria de facturas falsas son justos y legítimos; pero los argumentos esgrimidos -particularmente por la diputada Dolores Padierna- es totalmente equivocado:
“Dice Dolores, que hay un fin constitucionalmente válido; pero no cuando, para lograrlo, se atenta contra a las garantías y derechos constitucionales como: la presunción de inocencia, y el que nadie puede ser molestado en sus posesiones y bienes si no por orden de juez competente después de haber sido oído y vencido en juicio.
Que “es una medida idónea”, agrega la legisladora; pero no lo es, es agresiva e ilegal, inhibitoria de la inversión. Ella añade que es necesaria y que “está justificada por razón del Estado”; pero no podemos estar de acuerdo cuando se criminaliza la actividad empresarial y se le declara “enemiga de la Patria”. La legisladora de Morena argumenta que es necesario el combate a esta forma de evasión; sí, coincidimos; pero no con estos métodos”.
Ella justifica que se requieren cambios drásticos para sancionar al delincuente, el problema es que precisamente no se identifica al delincuente después de un proceso judicial porque basta la mera presunción de un funcionario de Hacienda para actuar sobre el causante encarcelándolo y extinguiendo sus bienes a favor del Estado; por último, Dolores explica que “es proporcional”; pero no lo es porque puede involucrar a inocentes que no han sido sentenciados y porque, ante errores u omisiones, se actúa contra ellos con todo el peso de la Ley sin posibilidad de reparar la falta por medios conciliatorios; por eso nuestro rechazo y voto en contra de esto que pretende hacer el gobierno de López Obrador.
