Para que la acción penal sea imprescriptible cuando se trate de delitos sexuales o trata de personas cometidos por adolescentes en contra de niñas, niños, adolescentes o persona que no tuviere la capacidad de comprender el significado del hecho o resistirlo, el senador por el Partido Acción Nacional, PAN, José Erandi Bermúdez Méndez, presentó una iniciativa para reformar el párrafo tercero del artículo 109 de la Ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

En la exposición de motivos, el legislador refiere que cuando se habla de abuso infantil, lo primero que se piensa es que el que agrede es un adulto. Sin embargo, en algunos casos, el culpable es un menor de edad y desafortunadamente son los hechos que menos salen a la luz por el silencio del infante, el ocultismo de las familias y la dificultad del diagnóstico.

Destaca que si los menores no superan estas agresiones, aparecen secuelas que les pueden durar toda la vida como una baja autoestima, con sentimientos de culpa, inseguridad e incapacidad para sentir confianza hacia los demás.

A principios del año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (Inegi) dio a conocer que en México el delito de violación afecta a un promedio de mil 764 niñas, niños y adolescentes por cada cien mil menores de entre 12 y 17 años, debido al trauma que éste delito representa, muchas víctimas denuncian al agresor muchos años después, cuando el delito ya prescribió.

Por ello, destaca el senador panista buscamos eliminar la prescripción de los delitos sexuales contra menores y personas con alguna discapacidad. “Como legisladores de la República, señala Erandi Bermúdez, tenemos que buscar alternativas que la dinámica parlamentaria nos ofrece para resolver estas situaciones a pesar de los vaivenes sexenales”.

Bermúdez Méndez aseguró que es difícil imaginar que alguien pueda lastimar intencionalmente a un niño, pero hay muchos casos que nunca se denuncian o pasan desapercibidos.

Para ello propone que este tipo de agresiones sexuales contra los menores y personas con discapacidad no prescriban, ya que por lo general las y los infantes tienen temor a decirle a una persona que los pueda ayudar.

Actualmente, se establece que cuando un delito de carácter sexual se comete contra un menor de edad, el plazo de prescripción del delito, empieza a correr a partir de que la víctima cumple los 18 años.

Especialistas nacionales en derecho destacan que hoy buena parte de las legislaciones del mundo reconocen que la imprescriptibilidad de estos delitos proviene de la exigencia emanada de organizaciones internacionales en el sentido de que los delitos contra los infantes van acompaños con torturas..

Informes del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, establecen que las agresiones sexuales al igual que el delito de tortura de niños no debe prescribir.

Los investigadores subrayan que más allá de considerar correctas las recomendaciones de los organismos internacionales, vale la pena detenerse en el procedimiento hermenéutico utilizado: el Informe del relator especial no asegura que la violencia sexual contra menores sea tortura, sino que pueden constituir torturas, es decir, allí donde participen características como tratos inhumanos y crueles de gravedad contra menores y personas discapacitadas.

Explican que hay que reconocer que las propuestas legislativas para que los delitos sexuales contra los infantes no parecen estar limitadas constitucionalmente a la hora de declarar un delito penal como imprescriptible. No se trata de una garantía expresa en el ordenamiento. Se trata de una decisión de política criminal respecto de las cuales son libres para decidir.

Asimismo, Marco Antonio Gama Basarte señaló que Acción Nacional trabajará para garantizar una red de refugios para niñas y mujeres víctimas de violencia, así como en un rediseño de la estrategia de seguridad pública que fortalezca la tranquilidad de las familias con metas y objetivos cuantificables de reducción de la incidencia de delitos violentos en el país.

Informó que presentarán una iniciativa que considere el reclutamiento forzado de menores al crimen organizado como delito de corrupción de menores, queremos, dijo, responder a la sociedad.

El documento publicado en la Gaceta del Senado, indica uno de los delitos más problemáticos en materia prescriptiva es, sin duda, el de las infracciones penales cuyas víctimas son menores de edad. En este caso, la aplicación de las reglas y los plazos generales de la prescripción de la agresión, que acaban de ser expuestos, lleva en muchos casos a una insatisfactoria consecuencia: en el momento de conocerse el hecho delictivo, este ya está prescrito.

Este tipo de abusos trastorna gravemente la vida de niñas, niños y adolescentes, produciéndoles sentimientos de culpa, depresión, ansiedad alteración del sueño, alimentarios, suicidios, problemas escolares, drogadicción y alteran su desarrollo psicosexual.

El proyecto de decreto fue turnado directamente a las comisiones unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.