Durante la Mesa 4 del Seminario “Autonomía e Independencia Judiciales, División de Poderes y Democracia”, moderada por la diputada Verónica Juárez Piña, representantes de organizaciones y especialistas abordaron el tema “El Poder Judicial y la Sociedad Civil: ¿sana convivencia?”.

La diputada Juárez Piña (PRD) integrante de la Comisión de Justicia, afirmó que la autonomía del Poder Judicial y la sociedad civil son dos elementos fundamentales en la democracia mexicana y su estrecha relación resulta imprescindible si queremos seguir construyendo una patria cada día más justa e igualitaria.

“Desde la sociedad civil organizada, la autonomía del Poder Judicial es un elemento fundamental en la defensa de los derechos de todas y todos los ciudadanos, por lo cual la discusión respecto a las consecuencias que tiene la extensión del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, regulado por la Constitución a través de un Transitorio de un Decreto que emite disposiciones legales, es de suma importancia”, agregó.

Problema estructural entre el Poder Judicial y sociedad civil

Juan José Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que la dinámica y el mecanismo que utiliza el Poder Judicial para no socializar su trabajo resulta cuesta arriba para el acceso a la justicia. “Hay un problema estructural ya que no existe un puente que lo conecte con la sociedad civil”.

Destacó que si se quiere hablar de una reforma judicial histórica, no se puede dejar de lado la justicia social; no se va cambiar hasta que se entienda que la justicia local debe de ser algo que esté con los mismos criterios de evaluación y transparencia que los parámetros federales. “La clave para una buena convivencia del Poder Judicial y sociedad civil está en el acceso a la justicia”.

La reforma podría generar que las decisiones judiciales pierdan legitimidad

La coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, Laurence Pantin, consideró que el Artículo 13 Transitorio es anticonstitucional, además de peligroso, porque el Consejo de la Judicatura Federal, el cual es clave para garantizar la independencia y eficiencia de los juzgadores, buscaría complacer a quien tenga esta decisión entre sus manos de recortar o alargar su mandato.

Asimismo, detalló que es preocupante que el Ejecutivo defienda la ampliación de mandato del presidente y de los ministros del Poder Judicial, “pues pareciera que tiene un interés personal en que se queden”, lo cual atenta con lo pronunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que no basta que la justicia sea independiente, sino que tiene que parecerlo; de lo contrario, las decisiones judiciales pierden toda legitimidad.

Organizaciones civiles contribuyen al acceso a la justicia

Julio Ríos Figueroa, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, señaló que la sociedad civil organizada también participa en medios de comunicación difundiendo logros y señalando las debilidades del Poder Judicial. Asimismo, a través de las investigaciones aplicadas tiene impacto e influye en lo que la sociedad en general piensa o percibe sobre el Poder Judicial.

Indicó que esta sociedad ayuda a superar los obstáculos que enfrentan muchas personas en términos de acceso a la justicia y contribuye de manera clave para el apoyo del cumplimiento de las sentencias. Una vez que ayudó a llevar el caso ante los jueces se convierte en agente de monitoreo de los actores que ahora les toca implementar las sentencias.

Los tribunales son instancias que buscan resolver conflictos

Estefanía Vela Barba, de Intersecta, se refirió a los tribunales, los cuales comentó que resuelven conflictos entre partes, pueden ser dos personas o dos poderes; asimismo, son instancias a las cuales se puede acudir cuando nuestros derechos son vulnerados.

“Los tribunales importan, no sólo para quienes están en el litigio, sino porque en esa resolución de esos conflictos se puede cometer una serie de injusticias; desde tribunales que por corrupción distorsionan la ley hasta tribunales que actúan con base en estereotipos o prejuicios machistas, racistas o clasistas que cometen una serie de injusticias”, agregó.

Garantizar que las audiencias sean públicas

Susana Camacho Maciel, del Colectivo contra la Impunidemia, comentó que el tema de calidad se relaciona con la satisfacción de los usuarios y, en el caso de la justicia, se tiene que dejar de centrar el trabajo en el funcionario público ya que la autonomía de jueces y magistrados está en la función de un derecho de la ciudadanía.

Dijo que uno de los principales puntos a priorizar, para garantizar el acceso a la justicia, es que en las audiencias de donde se pronuncian los jueces sean públicas y con una inclusión de lenguaje sencillo. Hoy en día la función de los jueces está cambiando, pero aún faltan algunos elementos”, señaló.

El amparo ahora resuelve asuntos de políticas públicas

Irene Tello Arista, directora ejecutiva de Impunidad Cero, comentó que para un buen funcionamiento del Poder Judicial es necesario regresar a la óptica de política pública, donde se identifican los problemas y la solución adecuada, ya que ahora hay leyes muy ambiciosas que cuando se trata de socializar tienen muy poco impacto.

Apuntó que es fundamental que en el Poder Judicial se impulse la transparencia en la información en los casos, las sentencia y resoluciones y se analice cómo se enfrenta la judicialización de derechos básicos pues, en este momento, se utiliza el amparo para resolver asuntos de políticas públicas.

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