Según ONU Derechos Humanos, la causa de Guapinol no es solamente la causa de los ocho defensores, ni su comunidad, es una causa que debe involucrar a todo el Estado de Honduras a construir un modelo de desarrollo económico equitativo y sostenible que garantice los derechos de las comunidades afectadas y contribuya a la calidad de vida de la población en general. Expertos en derechos humanos piden la libertad de los acusados.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras expresó este jueves su profunda preocupación por la condena emitida por un tribunal de la localidad de Trujillo contra seis de los ocho activistas acusados de delitos de daños agravados, daños simples y privación ilegal de la libertad.
El organismo consideró que los denominados “defensores de Guapinol” solamente son un grupo de “defensores de los derechos humanos, de la tierra, el territorio y el medioambiente”, y que desempeñan “una labor encomiable en favor de la democracia en el país”.
“Han cumplido más de 29 meses de privación arbitraria de la libertad y, tal como lo determinó el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, corresponde su liberación y reparación integral”, señaló la representante de la Oficina en Honduras, Isabel Albaladejo Escribano.
Del mismo modo, el organismo, que monitoreó el proceso, considera que la actuación del Ministerio Público no se condujo mediante “el principio de objetividad” y que tampoco cumplió “el estándar de prueba mínimo que demostrara la culpabilidad de los defensores imputados”.
Falta de imparcialidad y vulneración del derecho a un juicio imparcial
La Oficina también lamentó que los dictámenes, tanto los relativos a la prisión preventiva como el fallo en el juicio oral y público, presentan “indicios de falta de imparcialidad y carencia de motivación”, una situación que se traduce en “una violación de las garantías del debido proceso y del derecho a un juicio imparcial”.
“La causa de Guapinol no es solamente la causa de los ocho defensores, ni de la comunidad de Guapinol, es una causa que debe involucrar a todo el Estado de Honduras a construir un modelo de desarrollo económico equitativo y sostenible que garantice los derechos de las comunidades afectadas y contribuya a la calidad de vida de la población en general”, añadió la representante.
Al mismo tiempo, el organismo recuerda que la tarea que desempeñan los defensores de los derechos humanos “es fundamental en un Estado democrático” y que a nivel internacional se reconoce su participación en favor de “mejorar las condiciones sociales, políticas y económicas, a reducir las tensiones sociales y políticas, a consolidar la paz a nivel nacional e internacional y a promover la toma de conciencia con respecto a los derechos humanos en el plano nacional e internacional.
En consecuencia, un grupo de especialistas en derechos humanos* llamaron al Estado hondureño a cumplir con sus compromisos internacionales y a liberar a los defensores de Guapinol.
Honduras debe garantizar la seguridad de los acusados y sus parientes
Por otro lado, el organismo llamó a las autoridades hondureñas “a garantizar la vida e integridad de los defensores condenados y absueltos”, tanto dentro del centro penitenciario como fuera de él, la de sus familias y la de la comunidad, e igualmente recordó que el Estado es responsable de su seguridad.
“El Estado debe garantizar que el derecho a defender los derechos humanos se desarrolle sin ninguna clase de presión arbitraria o abusiva que obstaculice su ejercicio legítimo, lo cual incluye el derecho a no ser objeto de hostigamientos, entre los que se incluye el inicio de acciones penales sin fundamento”, apuntó Albaladejo.
*La relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, el relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, el relator especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente y el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias.
