En México no hay garantía del derecho a la salud, por lo que el actual gobierno tiene diseñado un modelo para asegurar su ejercicio pleno con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que superará insuficiencias y deficiencias, a fin de responder a las necesidades de la población, expresó Juan Ferrer, propuesto por el Ejecutivo para dirigir ese organismo.
Durante su participación en la segunda mesa de trabajo en las Audiencias Públicas de Parlamento Abierto para la Creación del Instituto de Salud para el Bienestar, afirmó que la pieza clave del nuevo sistema es la rendición de cuentas con información veraz al pueblo, a instancias normativas y a la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF). “Ya no más opacidad en la gestión de salud de este país”.
Afirmó que la población quiere un modelo que atienda padecimientos y enfermedades desde el nacimiento hasta la muerte. Por ello, “garantizaremos que tendremos medicinas, médicos y especialistas y recursos en todos los centros de salud, clínicas y hospitales, con una labor coordinada entre las instituciones del sector salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, Sedena, Semar y Pemex”.
Añadió que se construirán y rescatará con planeación estratégica centros de salud, hospitales regionales y nacionales. “Hay que mirar y corregir el alto número de unidades de salud que no funcionan y que están a medio construir, abandonadas, semidestruidas, sin equipamiento, en ruinas. Existen 309 establecimientos desperdiciados.
Señaló que esos inmuebles fueron construidos con los recursos del pueblo, con tanta necesidad de salud “y el dinero mal invirtiéndose. Aquí no hubo planeación, esto fue una total ocurrencia”.
En el pasado, dijo, la edificación de hospitales respondió a entregas de contrato para hacer negocios, vil corrupción al amparo del Seguro Popular, a través del fondo que hoy tanto defienden.
“No lo digo yo, revisen las supervisiones y dictámenes que realiza la ASF desde los años anteriores al que hoy está corriendo”.
Refirió que con el Insabi iniciará una nueva manera de prestar el servicio a la población para garantizar su derecho a la salud. En el proceso de transformación del sector, las entidades federativas se adhieren voluntariamente a un acuerdo para garantizar el acceso efectivo a servicios médicos, medicamentos, material de curación y análisis clínicos gratuitos, tal y como lo plasma el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”.
Aseguró que se implantará un modelo de atención de salud y bienestar integral, centrado en la persona, la familia y la comunidad, y universal, que significa “acabar con enfermedades no cubiertas y tratamientos no reconocidos en el mal llamado Seguro Popular”.
Adelantó que una de las tareas primordiales del nuevo instituto será regularizar al personal médico eventual y por contrato, que en la actualidad suma más de 80 mil trabajadores que apoyan los servicios de salud sin garantías.
Previamente, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, afirmó que el Instituto de Salud para el Bienestar será un mecanismo efectivo, a fin de coordinar la atención y articular la agenda primaria que permita colocar a las personas en primer lugar y, “no los negocios, no las oportunidades de inversión, no la privatización subrepticia y oculta que ha desplazado las capacidades técnicas, como el tamiz metabólico, a corporaciones oligopólicas que hacen un uso abusivo de los modelos de adquisiciones públicas”.
Llamó a no confundir con falsos dilemas ni tensar el ambiente, porque el Seguro Popular fue un instrumento de financiamiento no de servicios de salud, ya que la afiliación de 55 millones de personas no garantiza la atención al no existir condiciones para otorgarla, debido a que la inversión desde el inicio fue insuficiente y se agudizó con el crecimiento de la población.
El consenso es aumentar la cobertura de servicios; optimizar el gasto, no para reducirlo, sino usarlo cuidadosa y sensatamente con equidad que solvente las carencias.
“Los objetivos es la salud y la vida, no el lucro, ni apostar a las oportunidades de negocio que lleva a la ganancia y no a cuidar la vida de las personas”, aseguró.
La presidenta de la Comisión de Salud, diputada Miroslava Sánchez Galván (Morena), anunció que el próximo martes 13 de agosto, a las 17:00 horas, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Alejandro Robledo Aburto, planteó reunirse con diputados de esta instancia legislativa para abordar el tema de estas audiencias públicas, “toda vez que hoy no pudo acudir”.
La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos (Morena), señaló que el tema del sector salud es uno de los rubros que más devastado está hoy en día y lamentó que en Oaxaca las clínicas están desmanteladas y los hospitales hayan quedado inconclusos.
Destacó que en México se habla de 20 millones de ciudadanos sin acceso a la salud, pero “es espantoso el desmantelamiento del sector salud y los elefantes blancos, pero más lamentable es que las clínicas funcionan a medias, carecen de medicamentos o los servicios únicamente son de lunes a viernes; las enfermeras o pasantes no cobran en meses ni contratos tienen. “Esperamos se pueda revisar esta iniciativa lo antes posible; sí hay diagnósticos y se deben recorrer las comunidades”.
Por el PRI, la diputada Frinné Azuara Yarzábal externó su compromiso para apoyar a las comunidades indígenas y preguntó cómo se incorporará el bienestar al nuevo instituto y de qué forma se respaldará financieramente.
El diputado Emmanuel Reyes Carmona (sin partido) coincidió en que es necesario fortalecer los recursos humanos de la Secretaría de Salud y de su personal. “Conocemos las deficiencias que hay, la inequidad, desigualdad, falta de oportunidades también para el personal, por lo que esto conlleva a poder fortalecer este proyecto y considerar el recurso humano que hace posible la atención primaria de la salud”.
El diputado Alfredo Villegas Arreola (PRI) manifestó que es importante garantizar el acceso universal y gratuito de quienes no tienen seguridad social. “Es un objetivo primordial en nuestro país y fortalecerlo desde todos los ángulos es un gran reto para todos los mexicanos”.
Resaltó que la iniciativa tiene un gran alcance y en ese sentido deberá reforzarse para precisar cómo será el funcionamiento y la organización que tendrá este instituto, junto con la certeza laboral que se le tiene que dar a los trabajadores del Insabi.
El director general de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Salud, Alejandro Svarch Pérez, señaló que existen 20 millones de personas desprotegidas, es por ello que se plantea la iniciativa y la ceración de este instituto para garantizar el acceso a los servicios de salud y medicamentos gratuitos, basado en la atención primaria para la población sin cobertura.
Expuso que este nuevo modelo que se va a construir avalará el derecho a la salud de todos los mexicanos, como lo exige el mandato constitucional, con la gran necesidad de incluir al acceso a la salud a estos 65 millones de mexicanos que están excluidos porque a veces no reúnen ciertos requisitos.
Cecilia Acuña, de la Universidad de Chile, indicó que es necesario fortalecer los procesos de planificación en el nivel local con transparencia, participación de la comunidad y equidad para responder mejor a las necesidades de salud presentes y futuras de los habitantes y alcanzar la salud universal, no solo entendida como la ausencia de enfermedad, sino como un completo estado de bienestar.
El titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud, Alejandro Mohar Betancourt, expresó que existe una complejidad en el financiamiento, porque hay recursos federales, de tabuladores propios, de terceros, de investigación y del Seguro Popular. Planteó corregir la diversidad de presupuestos. “Tradicionalmente estamos en déficit; nuestros recursos óptimos son cerca de diez mil millones de pesos”.
Refirió que, en promedio, cada año estas instituciones dan tres millones de consultas y cuentan con una capacidad para la formación de recursos humanos en todas las especialidades. De la población que se atiende, sólo 30 por ciento reside en la Ciudad de México y, principalmente, dan servicios a la población más pobre que no tiene acceso a la seguridad social.
José Halabe, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina de México hizo votos por tener estímulos médicos, como mejor salario, casas cerca de los centros de salud y oportunidades para cursar una especialidad, siempre y cuando vayan a comunidades más alejadas y sin servicios.
Planteó la instrumentación de una farmacia en donde se distribuyan los medicamentos a granel; es decir, si requiero cinco pastillas se den esas y no más que después caducan o se desechan. “No podemos desentender el segundo y tercer nivel, porque si nos dedicamos sólo al primero vamos a descuidar muchas enfermedades”.
Gonzalo Olivares Velázquez, vicepresidente de Salud y Productividad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), garantizó la disposición del sector privado, proveedor de bienes y servicios, a mejorar las condiciones de salud de la población. No obstante, consideró riesgosa la desaparición del Seguro Popular por la incertidumbre que prevalece entre los beneficiarios, porque desconocen cómo continuarán accediendo a esos servicios.
Sólo se conoce un esbozo de la estructura que tendrá el Instituto de Salud para el Bienestar. “Hace falta más información sobre su diseño y sus reglas de operación para coadyuvar en su ejecución. Con lo que conocemos hasta el momento es positivo para superar las deficiencias del Seguro Popular”. Propuso reconocer los aspectos positivos de éste e incorporarlos en la nueva institución.
Planteó como ejes rectores: la transparencia y rendición de cuentas, porque los recursos del Seguro Popular no fueron bien usados en las entidades, establecer reglas claras de operación e involucrar a los ciudadanos. Garantizar la calidad en la atención, privilegiando la más alta cobertura y calidad, con profesionales de la salud bien pagados, con medicamentos e indicadores reales y “no a modo que evite politizarlos, para corregir lo que no funciona”.
Consideró que sería un gran error utilizar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para la creación del instituto.
En una segunda intervención en las audiencias de este día, Cristian Roberto Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, México, dijo que en nuestro país los múltiples subsistemas de salud existentes a través de instituciones públicas y privadas “dificultan una respuesta socialmente organizada que aborde los problemas en la materia de la población con oportunidad y calidad, y se definan acciones intersecretariales que mejoren las condiciones”.
La fragmentación y segmentación limitan la capacidad rectora de la autoridad dejando abierta la puerta al despilfarro, corrupción e ineficiencia. Prevalece un uso irracional de recursos disponibles, aumento innecesario de los costos de producción, baja satisfacción de los servicios recibidos y exclusión de los más pobres. En 2010, el Informe Mundial de la Salud estimó que hasta el 40 por ciento del gasto en salud público y privado se malgasta por estos problemas.
El director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Recaredo Arias Jiménez, afirmó que el reto de dar acceso a la salud a todos los mexicanos requiere la participación de los sectores involucrados: público, privado y la sociedad.
Indicó que en México las aseguradoras pueden contribuir a reducir el gasto de bolsillo en salud, que asciende a 41 por ciento, el doble de la OCDE, que es del 20 por ciento. Añadió que el sector privado es un aliado estratégico para instrumentar el Instituto de Salud para el Bienestar y participar en la prestación de servicios donde no exista infraestructura pública para ello.
Planteó definir un catálogo de servicios que dé claridad y transparencia; fortalecer el financiamiento para el nuevo sistema y, con base en estudios actuariales, se dote de presupuesto con recursos fiscales al Fondo de Gastos Catastróficos, en lugar de utilizarlo para sustentar el nuevo sistema.
El director general de Regulación y Transparencia del Consejo de Salubridad General, Marco Antonio de Stéfano Sahagún, apuntó que con la iniciativa de reformas legales se busca eliminar un esquema fallido para lograr el disfrute de servicios de salud y asistencia eficaces a la población.
Expresó que el Instituto de Salud para el Bienestar acortará las desigualdades, mediante servicios de igual calidad para todos, con independencia del ingreso de cada quien. Además, la Secretaría de Salud tendrá estructura pública suficiente a fin de lograr que los servicios y sus insumos sean más redistributivos.
Entre los cambios propuestos, enlistó la eliminación de cuotas familiares, la simplificación para determinar la imposibilidad de pago del paciente y su familia; impulsará la universalidad de los servicios sin restricción y desaparecerá un sistema de salud fragmentado; se fortalecerá la industria farmacéutica nacional y la verificación por el gobierno federal del uso y destino de bienes o servicios conferidos a los estados.
Julio César Ramírez Argüello, secretario de Salud de Querétaro, planteó realizar un diagnóstico en cada entidad que defina la incidencia de enfermedades y un modelo específico de atención; universalidad en los servicios e intercambio interinstitucional para evitar duplicidad, robustecer el financiamiento a través del Seguro Popular y mantener la descentralización.
Salomón Chertorivski Woldenberg, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional “Pensando en México”, sostuvo que el Seguro Popular vino a corregir una de las grandes inequidades del país al atender a millones de personas excluidas de la salud. “Es el componente más igualitario del contrato social”.
