El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados anunció que este instituto político esperará a lo que se resuelva sobre la controversia que gobernadores de la Alianza Federalista realizarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la extinción de 109 fideicomisos y la modificación a la Ley General de Salud hoy concretada, donde –en un procedimiento irregular- Morena y sus aliados del PVEM; PT y PES concretaron las modificaciones para extraer 33 mil millones de pesos del Fondo para Gastos Catastróficos.
Antonio Ortega Martínez, integrante de este Grupo parlamentario y Secretario de la Comisión de Hacienda, dijo que el tema volverá a ser tocado de manera leve en las discusiones del Presupuesto de Egresos de la Federación (que deberá quedar aprobado a más tardar el próximo 15 de noviembre) y por lo tanto, habrá que estar pendientes de lo que resuelva la máxima instancia judicial del país para que los recursos que tienen un fin establecido, no sean dilapidados para cubrir omisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a costa de la salud y vida de millones de mexicanos.
El también integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presentó a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, una reserva a las modificaciones impulsadas por Morena para retirar 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar (o de Gastos Catastróficos, a cargo del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI) adicionales a los 40 mil millones que le fueron sustraídos bajo el argumento de que serían ocupados para la conformación de este nuevo organismo, en sustitución del Seguro Popular.
Aseveró que -en vez de canalizarlo a Hacienda para gasto corriente del Ejecutivo- ese dinero debe mantenerse en casi 100 mil millones de pesos, que es el monto con el que el gobierno de López Obrador lo recibió; y en su caso, los excedentes sean destinados a la salud.
Ante el Pleno, Ortega Martínez señaló que hay una comprensión equivocada sobre los objetivos que dieron origen a este Fondo y sus recursos, pues aclaró que es parte de los compromisos asumidos por el Estado Mexicano ante la Organización Panamericana de la Salud, justo para contar con reservas económicas ante situaciones de crisis que pongan en riesgo los patrimonios de personas en condición de pobreza.
“Se cree, por ignorancia que (este Fondo) es una alcancía y por eso la idea de que, cuando hay ‘dinero ocioso’ que se está guardando ‘sin provecho’, y hay -en este momento- una crisis sanitaria: ‘rompamos el cochinito y hagamos uso de esos recursos’; pero –aclaró- la Organización Panamericana de la Salud acordó que se deben crear las capacidades ante futuros riesgos que debiliten políticas y objetivos, y se ponga en riesgo la protección de la salud de la población marginal y pobre, particularmente”.
Algunos de estos problemas, comentó, pueden ser previsibles y no deberían de poner en crisis a los gobiernos como: El envejecimiento de la población; trabas para generar crecimiento económico; pobreza; fenómenos como el porcentaje de mujeres solas que se convierten en jefas de familia; daño patrimonial por temas de salud, y algunos impredecibles como el que hoy vivimos la pandemia del Covid-19.
Por eso, citó, surge el concepto en la política de “Gestión de Salud”, de “Protección Financiera en Políticas de Salud”, que es un concepto de carácter jurídico, económico y también político y social, que intenta reducir o eliminar factores calculados, predecibles, o aquellos impredecibles para los cuales, una gestión política responsable, seria, con visión; debe prepararse y responder con capacidades, sin improvisación. Esto –recalcó- es el motivo fundamental de ese Fondo de Gastos Catastróficos.
“¡No es una alcancía! Es un Fondo con visión de largo plazo para atender situaciones previsibles e imprevistas que dañan la calidad de la gestión pública en salud, la atención de la población; particularmente marginal o pobre”.
Ortega aclaró que este Fondo obliga a las autoridades a tener claridad y estar en condiciones de construir políticas para el largo plazo por lo que se propuso ante el Pleno que, en lugar de agotarlo hasta hacerlo desaparecer, se mantenga en los límites de tres veces más, el monto del máximo aporte (que son 27 mil mdp), y que serían casi 100 mil mdp y los excedentes sean destinados a la salud.
Finalmente, se sumó a las propuestas para que los 33 mil millones de pesos que Morena se negó a etiquetar para el rubro sanitario, no fueran a la Tesorería sino a atender la crisis del Covid-19.
