Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos indicó este martes que el gobierno de Nigeria debe establecer una investigación creíble e independiente sobre los recientes asesinatos de al menos doce manifestantes pacíficos por parte de soldados.
«Desde 2005, los relatores especiales de la ONU han planteado repetidamente al gobierno nigeriano la cuestión de los asesinatos de la policía y la impunidad” [de estas fuerzas], dijeron los especialistas*, quienes destacaron que tras “15 años de promesas gubernamentales, nada ha cambiado”.
«Los gobiernos van y vienen, pero la brutalidad policial es tan intrincada como siempre. Los nigerianos necesitan justicia», recalcaron los expertos en un comunicado conjunto.
Desde el pasado 8 de octubre, los nigerianos protestan por los abusos policiales y las violaciones de derechos cometidos por una unidad especializada de los cuerpos de seguridad, la Brigada Especial Antirrobo (SARS, en sus siglas en inglés).
Los sucesos del 20 de octubre abren todo tipo de interrogantes
Como alertaron los relatores, el uso excesivo de la fuerza durante las reuniones pacíficas siempre es inaceptable, pero los disparos en el área de peaje Lekki el 20 de octubre, en la ciudad nigeriana de Lagos fueron «especialmente inquietantes porque los manifestantes pedían precisamente que se rindieran cuentas por la brutalidad policial anterior«.
“Lo que resulta particularmente preocupante es que las autoridades declararon la disolución de la SARS y aceptaron otras demandas de los manifestantes, incluidas las investigaciones», manifestaron los expertos. «Pero inmediatamente anunciaron la formación de otra unidad similar y no han acabado con el uso excesivo de la fuerza.»
Los manifestantes fueron rociados con cañones de agua y les lanzaron gas lacrimógeno y munición real. Cientos de ellos resultaron heridos y un número indeterminado falleció. Además, los servicios de seguridad presuntamente arrestaron y golpearon a los manifestantes.
El hecho de que se apagaran las cámaras y las luces del circuito cerrado de televisión instantes antes de los disparos contra los manifestantes, indica “un inquietante nivel de premeditación”.
Los expertos afirmaron que se debe investigar de forma independiente e imparcial la brutalidad policial y el uso excesivo de la fuerza y de llevar ante la justicia a los autores de estas acciones.
Además de establecer la investigación independiente, las autoridades deben aclarar por qué se desplegó al ejército y quién dio la orden, ya que «cualquier pesquisa debe tener por objeto determinar las líneas de responsabilidad, rendir cuentas y hacer justicia, proporcionar recursos y reparaciones y recomendar cambios estructurales y sistémicos», afirmaron.
Urge la necesidad de transparencia pública
De igual modo, pidieron al gobierno que publique los anteriores informes sobre las investigaciones de violaciones de los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad.
Entre ellos, se reclama la difusión del reporte del año pasado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el SARS y el del año 2018 del Grupo Presidencial de Investigación sobre el cumplimiento de las obligaciones de las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos y las reglas de enfrentamiento.
Pese a la promesa de las autoridades de que abordarían las transgresiones de las garantías fundamentales cometidas por las fuerzas de seguridad, «cientos de víctimas y familiares de los fallecidos han testificado y enviado solicitudes, pero nunca han recibido ningún desagravio, ni siquiera el reconocimiento de que sus derechos fueron violados. Es crucial que el gobierno haga públicos todos estos informes antes de que se inicien nuevas investigaciones».
*Los expertos son: Agnès Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre el derecho de reunión y asociación pacíficas; Irene Khan, relatora especial sobre la libertad de opinión y de expresión; y Leigh Toomey (presidenta-relatora), Elina Steinerte (vicepresidenta), José Guevara Bermúdez, Sètondji Roland Adjovi, y Seong-Phil Hong, del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias.
