GUADALAJARA, Jal.- Luego de rechazar la propuesta presidencial del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 presentada por el Ejecutivo para su revisión; el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en voz del diputado Antonio Ortega Martínez planteó frente industriales del país, la necesidad de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador realice los primeros ajustes a su equipo de trabajo ante las notorias muestras de incapacidad y deficiencias que -en tan solo cinco meses- han colocado al país en condiciones de vulnerabilidad y crisis por falta de inversión; aumento de desempleo; y baja en las expectativas de crecimiento económico.
Ante el Presidente de CONCAMIN, Francisco Cervantes Díaz; Alfonso Ramírez Cuéllar Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, e integrantes de la Cámara de Diputados; el legislador federal sumó como el más reciente descuido, el cometido por la Secretaría de Medio Ambiente federal que, en la temporada más crítica de sequía e incendios, dejó sin responsable a la instancia encargada de planear y ejecutar acciones en materia de protección al ambiente (la Comisión Ambiental de la Megalópolis), poniendo en serio riesgo la salud de casi 40 millones de habitantes del centro de la República, ya que se ha presentado una situación inédita de contaminación en la cual que se ha actuado con lentitud, omisión y silencio por miedo al costo político.
“Hoy, miramos áreas completas del poder público y de la administración, encabezadas por funcionarios de notoria incapacidad, con personal deficiente y poco integrado, por lo que estamos convencidos de la necesidad de que se haga una evaluación objetiva del gabinete del Ejecutivo Federal e, incluso, su posible sustitución”, señaló en el marco de las reuniones organizadas para intercambiar puntos de vista y propuestas respecto al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, (previo a su publicación por el Ejecutivo Federal); y que en esta oportunidad tuvo lugar en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con la participación de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN).
Durante su intervención, Ortega Martínez censuró el hecho de que existan dos versiones distintas del Plan Nacional de Desarrollo, pues una (de 60 cuartillas) pretende ser una versión corta con posicionamiento netamente político sin contenido técnico; mientras que la segunda (integrada por más de 200 cuartillas) intenta ser un documento técnico que no termina de cumplir con lo que establece el Artículo 26 Constitucional (que mandata un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que debe imprimir solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía).
E igual marca que el PND debe considerar la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales. Antonio Ortega añadió que el documento enviado por el Ejecutivo para su revisión por la Cámara de Diputados, falta igualmente a lo establecido en la Ley de Planeación en sus artículos 2º y 21 donde se detalla lo que debe contener un Plan Nacional de Desarrollo (metas, indicadores, planes y programas, entre otros.)
“No encontramos en este Plan, una política industrial clara que compense las decisiones que se han calificado como ‘arbitrarias’ y que han abonado a la desconfianza para la inversión nacional e internacional, como pasó con la cancelación del Aeropuerto y de las Zonas Económicas Especiales”, por lo que indicó: “Una rectificación en estos casos, es indispensable”.
“No vemos una política industrial que permita equiparar el crecimiento nacional; vincular a las regiones marginadas del sur-sureste con las modernas del Bajío y del Norte; no hay una política de integración económica”, sostuvo.
El diputado perredista estimó necesario que el Presidente tenga la capacidad de recibir las críticas en el ánimo de mejorar la situación presente y futura del país, y destacó que esto será posible solo con la participación de todos, para llevarnos a buen puerto.
“Debemos exigir al gobierno que rectifique este Plan Nacional de Desarrollo, que construya confianza mediante una política de comunicación sin polarizar. Que explique y argumente sus propuestas; que dé el valor que se merece a la economía y restituya las relaciones público privadas que han ayudado al crecimiento de nuestra Nación”, planteó.
Explicó en este sentido, por ejemplo, que “en política social, vemos un mero reparto de dinero sin control ni padrones verificables; ni mecanismos de valoración de su efecto multiplicador a la economía, y sin políticas de seguimiento ni elementos claros de evaluación”.
Igualmente, señaló, con el argumento de la “austeridad”, se ha golpeado la capacidad operativa de la administración pública que luce paralizada, debemos diferenciar los ahorros del subejercicio, sin rumbo ni propósito porque está generando impactos sobre la economía; la salud y la vida misma de la población”.
“Hay que responder si este es el Plan adecuado para enfrentar un entorno económico nacional e internacional que aparece preocupante y riesgoso ante las condiciones globales (como la complejidad de las relaciones con nuestro principal socio comercial EU, y la guerra arancelaria entre China y EU), y con circunstancias poco favorables de crecimiento económico a nivel interno”, citó.
Corremos el riesgo, enfatizó, de que se limite el desempeño del gasto público obligando a recortes, y afectando a programas de gobierno, a la administración pública y al crecimiento del país, lo cual ocurrió ya en el primer bimestre del año como lo demuestra el reporte trimestral de Hacienda, donde es claro que no se cumplieron las previsiones de ingresos.
Añadió que “el Pronóstico sobre el Producto Interno Bruto se ha venido estimando a la baja sistemáticamente, por organizaciones e instituciones financieras nacionales y extranjeras. Entre las últimas previsiones, está la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que, para el 2019, anticipa un crecimiento nacional de 2% (lejos del 2.5% previsto en noviembre); y prevé que sea de 2.3% el año entrante (igualmente por debajo del 2.8% estimado por el organismo hace cinco meses)”.
El desempeño económico del primer bimestre parecía ir en el sentido correcto, alcanzando las metas programadas en 23 de las 29 variables económicas; sin embargo, Andrés Manuel López Obrador canceló formal y definitivamente la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, en Texcoco; y su empecinamiento en obras innecesarias o que generan dudas como son la refinería de “Dos Bocas” y el “Tren Maya”.
Actualmente, mencionó, observamos de manera preocupante: inflación superior a la prevista, presiones sobre el tipo de cambio, una baja en la recaudación del impuesto al consumo, y el saldo de la deuda externa (que supera ya los 97 mil 200 millones de dólares); lo que cobra relevancia para el futuro del país en caso de materializarse la rebaja en el Perfil Crediticio anunciada por Standard & Poor’s y otras calificadoras de riesgo a Pemex.
Pidió entonces al empresariado y legisladores reunidos, estar atentos al comportamiento del gobierno ante la onda expansiva de recortes en las expectativas del desempeño de nuestra economía, que ha sido negada por el presidente y funcionarios de su gobierno, bajo el argumento de que “tienen otros datos”.
“No es la primera vez –dijo- que el Ejecutivo ‘con sus datos’ pretende oponerse a la realidad. Sabemos que, aunque la economía no es una ciencia exacta, permite deducir principios y leyes generales. Describe los hechos como son, los trasciende en el sentido de explicar y descubrir elementos con sus interconexiones, y admite responder el por qué y qué hacer para que sucedan de modo distinto”.
El Plan Nacional de Desarrollo, dijo finalmente, no establece lineamientos mínimos para identificar una política industrial. Es inexistente el fomento a la inversión o financiamiento para el avance en este rubro. Solo hay dos renglones dedicados a la industria automotriz; no habla de la industria maquiladora, ni del desarrollo regional; tampoco cita la articulación de cadenas productivas; asociaciones público–privadas; nichos industriales; políticas frente a la inversión extranjera y la atracción o generación de tecnologías.
Ni hace referencia alguna a la defensa del acero, aluminio y otros productos industriales, agroindustriales o agropecuarias, como el azúcar y el jitomate, ante la pretensión de Donald Trump de abatir el superávit del comercio mexicano con los Estados Unidos. Pareciera ser –censuró- que este Plan ni ve ni oye a los industriales mexicanos.
“Si un gobierno se empeña en construir algo al costo que sea, lo hace; pero que tenga utilidad hacia el futuro, sentido estratégico o que genere empleo y recursos. Pero estamos ante una soberbia gubernamental difícil de comprender”, remató.