La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que los programas sociales son la nueva conquista de la población para un Estado solidario y de bienestar, por lo que, advirtió, se debe garantizar que esos recursos sean inembargables, sin juicio previo.
Al inaugurar el parlamento abierto virtual “Análisis del dictamen que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inembargabilidad y protección de los recursos provenientes de los programas sociales, sin juicio previo”, destacó que por su naturaleza deben estar blindados.
Dijo que el objetivo de esta reforma es establecer un esquema de protección a los sectores más vulnerables y evitar que los recursos que se destinan a ejercer las garantías contenidas en el artículo 4º constitucional a favor de las personas mayores, con discapacidad, estudiantes, y otros que se otorguen por cualquiera de los tres órdenes de gobierno para el combate a la pobreza y desigualdad social, sean inembargables, sin juicio previo.
Se pronunció por brindarles la mayor protección posible y que los recursos de apoyos, pensión o becas de ninguna manera puedan ser tomados o retenidos por bancos para cobrar adeudos.
Las instituciones financieras requieren realizar sus cobros de manera que mejor convenga a su derecho, pero sin considerar los recursos que deposite el Gobierno o las entidades federativas en esos apoyos, agregó.
Aclaró que no se trata de dar una patente de inmunidad a deudores y con ello evadir los pagos por compromisos contraídos; si alguien debe, necesita cumplir su obligación de cubrir el adeudo, aseveró.
Dijo que estos apoyos que se distribuyen por el sistema bancario tienen una finalidad ajena a los propósitos y pactos formulados entre las entidades financieras y los clientes.
“En muchas ocasiones—explicó—son el único ingreso familiar para la subsistencia y no deben convertirse en generadores de recursos para las instituciones financieras, quienes pareciera que pueden tener una fuente de cobro expedita y sin dar derecho de audiencia ante tribunales competentes a quienes asumen como sus deudores”.
Expresó que algunas instituciones bancarias han descontado, sin aviso ni juicio previo, cantidades que provenían de apoyos económicos, pensión y becas, incluso los recursos adelantados por el Gobierno con motivo de la pandemia, lo cual, “además de ser una abierta falta de sensibilidad social y solidaridad de instituciones financieras, implica un abuso” y coloca a las personas en un estado adicional de vulnerabilidad, lo que afecta su subsistencia y la de su familia.
Participaciones de diputadas y diputados
El diputado Porfirio Muñoz Ledo (Morena) afirmó que la propuesta es muy positiva para que los recursos de programas sociales sean inembargables, pero cuestionó por qué a través de la banca privada. Planteó que se haga mediante la pública “de otra manera no tiene absolutamente ningún sentido haber creado la Banca de Bienestar; se supone que es para esto”.
Destacó la necesidad de tener un padrón universal de beneficiarios y apuntó que si es un derecho constitucional no puede ir a la banca privada. “Me parece monstruoso enriquecer a la banca privada con los ahorros de la gente; me parece absurdo”.
El diputado secretario de la Comisión, Héctor Jiménez y Meneses (Morena) puntualizó que las características de inembargabilidad deben insertarse en el texto constitucional como fundamentales de los apoyos sociales. “Deberá incluirse sin posibilidad de que pueda desviarse de sus objetivos y desvirtuar sus finalidades, porque busca brindar a las personas desprotegidas y vulnerables del mínimo vital para que gocen de una vida digna”.
La diputada Karina Rojo Pimentel (PT) destacó la importancia de que estos apoyos, las Afores y las pensiones estén en el Banco del Bienestar. “Todavía no hay la capacidad para que en todo el país exista el Banco; por ello, debemos ver las forma de que haya uno en cada estado y en los lugares más vulnerables para que los apoyos se otorguen a quienes más lo necesitan”
El diputado Luis Ernesto Palacios Cordero (Morena) puntualizó que el tema de los padrones está regulado en la Ley General de Desarrollo Social, por lo que cada dependencia pública tiene responsabilidad directa en términos de transparencia; sin embargo, es importante regular y revisar el esquema que prevé dicha Ley en el aspecto de los nuevos derechos y garantías.
Consideraciones de expertos
Edgar S. Caballero González, maestro en Derecho por la UNAM y estudios de posgrado en España, Italia, Colombia y Costa Rica, consideró que la iniciativa es buena y construida con una metodología adecuada; protege a las personas al reconocer su dignidad humana y situación vulnerable, donde el mínimo vital o renta básica son fundamentales. Propuso retomar las experiencias de países europeos que tienen esas figuras jurídicas desde hace varios años.
Javier Medina Medina, director de Enlace Legislativo del Grupo Salinas, destacó la importancia de que al blindar “cuentas exclusivas en que se depositen los programas sociales, no se afecte la capacidad de la banca de cobrar por otros recursos los adeudos de los cuentahabientes”.
Al dar las conclusiones, la diputada Alavez Ruiz destacó la sugerencia de observar la experiencia de otros países que manejan la renta básica y el mínimo vital. La banca debe ser parte de la solución y no caer en la cultura del no pago, que tiene efectos nocivos sobre la sociedad y la economía.
