Necesario elaborar un programa integral contra el feminicidio

Política

La Cámara de Diputados debe convocar a los tres poderes del Estado, así como a la Fiscalía General de la República (FGR), a elaborar un programa integral contra el feminicidio que sea presentado en la primera semana de marzo, aseveró la diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena).

Especificó que este programa debe contar con objetivos claros y medibles, que garanticen la prevención, detección, investigación, atención, sanción y, en consecuencia, erradicación de todo tipo de violencia por razones de género contra niñas y mujeres.

A éste se deben adherir los gobiernos estatales, municipales, congresos locales, fiscalías, juzgados y tribunales; asimismo, tiene que ir acompañado de un presupuesto suficiente, abundó en conferencia de prensa la también coordinadora de la Subcomisión de Atención a Feminicidios, de la Comisión de Igualdad de Género.

“El momento exige la responsabilidad de quienes tenemos una función pública, unificar acciones estratégicas y el compromiso de garantizar el primer derecho que tenemos todas las mujeres y niñas mexicanas, el derecho a la vida y su protección.

“Es hora de dar respuestas claras, precisas y contundentes para garantizar el derecho a una vida libre de violencia a todas las mujeres y niñas que habitan este país; éste debe incluir ser libre de toda forma de discriminación, así como ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento”, aseveró.

Villavicencio Ayala señaló que la violencia de género está asesinando a casi once mujeres y niñas al día; frente a esto la respuesta del Estado es omisa, lo que coloca a México como el país con más feminicidios en América Latina.

La respuesta para solucionar este problema debe fincarse en la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar a las mujeres su integridad física, el derecho a una vida libre de violencia, a la justicia y a un desarrollo libre de la personalidad, puntualizó.

La diputada expuso que el neoliberalismo surtió sus más nocivos efectos al invalidar los principios sustentados en la Constitución, generando desigualdad social que excluye de cualquier horizonte de desarrollo a las mujeres y niñas.

“No podemos seguir en el diagnóstico, es momento de impulsar una política de Estado. La vida de mujeres y niñas está en riesgo. No convirtamos el asesinato de éstas en parte de nuestra realidad violenta. Ni Íngrid, ni la pequeña Fátima lo merecen”, añadió.