La promoción de un debate más democrático y encaminado al respeto de los derechos humanos sobre la despenalización de algunas drogas, con el fin de reducir los mecanismos de violencia y los riesgos asociados a estos consumos, resulta urgente, advirtió el doctor Alfredo Nateras Domínguez, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Al inaugurar el foro Del prohibicionismo a la reducción de daños en el uso social de drogas en la Unidad Iztapalapa, el académico y organizador indicó que para ello es necesario el espíritu de sensibilizar para la acción colectiva, integrando a las distintas voces de la sociedad: asociaciones civiles y activistas, funcionarios, usuarios y académicos.
El docente del Departamento de Sociología de la citada sede universitaria insistió en la premura de implementar programas individuales y colectivos, generando así espacios de convivencia más amigables y una política de no criminalización.
Al respecto la politóloga Zara Snapp, quien dictó la conferencia magistral Después de la prohibición: desarrollo, derechos humanos y reparación, señaló que contrario a sus objetivos, el enfoque punitivo vigente en México tiende a desencadenar consecuencias no deseadas.
Entre ellas se encuentra la creación de un mercado criminal regulado por la violencia y marcado por los enfrentamientos armados, así como el desplazamiento geográfico –efecto globo–, donde los productores se trasladan a otras localidades para sembrar, como ocurre con los cultivadores de amapola.
Otras consecuencias apuntan a la estigmatización del usuario y el desplazamiento de sustancias, es decir, que ante la prohibición los consumidores utilizan estupefacientes que están a la mano, aunque éstos sean más dañinos y peligrosos.
La directora del Instituto RIA y especialista en políticas de drogas subrayó el fracaso de este modelo, ya que no ha incidido en la reducción de la producción y el consumo de sustancias, por el contrario, se ha convertido en un incentivo perverso que agrava el panorama.
Sobre lo anterior indicó que este enfoque punitivo ha provocado también violaciones a los derechos humanos y la criminalización de los consumidores, desplazamientos forzados y violencia de Estado.
El mensaje que busca darse es Apoya, no castigues, una campaña apuntalada por organizaciones de la sociedad civil que tiene por objetivo cambiar la percepción social sobre el consumo de drogas.
Aunque existen avances en el Poder Judicial de la Federación (PJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como los amparos concedidos para el cultivo de su propia cannabis y consumo personal de marihuana, bajo los derechos del libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la autonomía, aún falta mucho por hacer.
México debe transitar hacia un modelo de regulación, lo que significaría tener un aparato institucional dependiente del Estado que controlara el mercado de drogas para consumo lúdico, finalizó.
