- Convención pide cambiar modelo asistencialista por uno de derechos plenos, meta que se alcanza con la ratificación, agrega en acto celebrado en SRE
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destaca que el artículo 4 de la Constitución “no es letra muerta” y garantiza la pensión universal a más de 11 millones de personas adultas mayores en el país
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, celebró el depósito del instrumento de ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con el cual, México alcanza la meta de garantizar el derecho a la seguridad social y a las pensiones no contributivas, dejando atrás la política de asistencialismo de gobiernos pasados por uno de derechos plenos, con igualdad y justicia social para más de 11 millones de personas adultas mayores, como establece la Constitución Política de 1917, destacó.
“La ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores era una asignatura pendiente y un compromiso que estamos cumpliendo. Nos sumamos a los Estados firmantes, porque el Gobierno de México trabaja para que las personas puedan vivir de manera digna en todas las etapas de la vida y sin detrimento de sus derechos”, señaló durante la ceremonia realizada en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
México se suma a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay a la ratificación de la convención, instrumento jurídico internacional que protege los derechos humanos de las personas mayores. Con ello, “seguimos atendiendo la deuda histórica que teníamos con las personas adultas mayores”, expresó Montiel Reyes.
Recordó que la convención fue aprobada de forma unánime por el Senado de la República el 13 de diciembre de 2022, y publicada el 10 de enero de 2023 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“Al inicio de este sexenio, el acceso a las pensiones era limitado para la mayoría de la población; los anteriores gobiernos privatizaron las pensiones, desregularon los sistemas de protección social y abandonaron la obligación del Estado de hacerse cargo del bienestar de la población; preferían el enriquecimiento de unos pocos a costa del empobrecimiento de millones de adultos mayores.”
Subrayó que el objetivo es el mismo que el del Constituyente de 1917: construir una nación más justa en la que todos aspiren a una vida mejor, “las Pensiones del Bienestar materializan el compromiso del gobierno con el México profundo y olvidado, y hemos dado un gran paso hacia la universalidad con la reforma al artículo cuarto constitucional, que no es letra muerta”.
En 2023, las personas adultas mayores reciben pensión de cuatro mil 800 pesos bimestrales; de esta forma, “la nación mexicana está retribuyendo lo que ha recibido de su propio pueblo, porque con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada”.
A partir de que México se suma a la ratificación, se activa el mecanismo de seguimiento integrado por una conferencia de Estados parte y un comité de expertos y expertas, a fin de dar seguimiento a los compromisos adquiridos y promover la efectiva implementación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Martha Delgado Peralta, añadió que la convención es un primer instrumento jurídico en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores, que asegura la igualdad y el goce de la inclusión social; igualmente, genera conciencia sobre la importancia del reconocimiento de las personas adultas mayores como sujetos de derechos y aporte a la sociedad.
“A partir de esta ratificación de México puede haber una conferencia de las partes donde todos los países de América Latina y el Caribe nos vamos a reunir a reportar cuáles son nuestros avances para la garantía y la consecución de estos derechos, y va haber un comité de expertas y expertos que van a analizar un poquito los reportes que todos los países de la región vamos a estar dando para dar cuenta de los trabajos que hacemos”.
El embajador Uruguay en México, Aníbal Cabral Segalerba, agregó que este mecanismo es el primer instrumento vinculante de derechos humanos básico para personas adultas mayores a nivel mundial, ubicándolas como sujetos de derecho; Uruguay será el encargado del seguimiento de la convención.
Agregó que el desafío que se presenta es poner en acción, a través de gestión pública, el despliegue de nuevos diseños y prácticas institucionales viables para la aplicación de la normativa internacional y cumplimento de las obligaciones asumidas por cada uno de los países.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Bienestar Social de la Cámara de Senadores, Marcela Mora Arellano, reconoció la aportación que las personas adultas mayores han realizado con su trabajo en el desarrollo de México, por lo que hoy, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un derecho constitucional que hay que exigir y vivir.
En el evento, compartió su experiencia la derechohabiente de la pensión, Alicia Martínez Palma, quien comentó que ejercer este derecho constitucional la hace sentirse fuerte para seguir luchando y apoyando a su comunidad, y aunque siempre trabajó por su cuenta, hoy los cuatro mil 800 pesos que recibe bimestralmente lo utiliza para la compra de medicamentos y apoyo a la familia: “Desde que empecé a recibir la pensión, mi vida ha cambiado porque ya no dependo de los demás, me siento más segura y alegre”.
Al acto protocolario asistieron el subsecretario para América Latina y el Caribe de la SRE, Maximiliano Reyes Zúñiga; la titular de la Sección Política de la Embajada de Argentina en México, Victoria Urbistondo; así como personas adultas mayores de la alcaldía Coyoacán en representación de todas y todos en el país; legisladoras y legisladores, representantes del cuerpo diplomático y de los otros nueve países que ratificaron la convención.
