Mesa Directiva turnó a comisiones siete minutas

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En la sesión de hoy, la Mesa Directiva turnó a comisiones siete minutas del Senado de la República. Una de ellas, busca asegurar la privacidad de los consumidores de bienes y servicios, y de los usuarios de servicios financieros que no quieran recibir llamadas telefónicas o mensajes multimedia con fines publicitarios y mercadotécnicos.
Las modificaciones a las leyes Federal de Protección al Consumidor, de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, tienen la finalidad de actualizar, de manera permanente, un registro público de consumidores que no deseen que su información sea utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios.
Además, las instituciones financieras no podrán condicionar el uso de los servicios o productos que ofrecen, a la autorización del usuario para recibir información con fines publicitarios o mercadotécnicos. Se prevé una multa de dos mil a 60 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, a la institución que envíe directamente o por interpósita persona cualquier publicidad sin consentimiento del destinatario.
También se precisa que las llamadas con fines publicitarios sólo se harán entre las 08:00 y las 19:00 horas de lunes a viernes. Fue enviada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.
Otra minuta declara la primera semana del mes de octubre como la “Semana Nacional de la Ciberseguridad”, con la finalidad de concientizar a la ciudadanía sobre los riesgos del uso del ciberespacio y la cultura de la prevención, ante el avance y alcance de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), a fin de brindar mayor protección y seguridad a los usuarios de los aparatos cibernéticos. Se mandó a la Comisión de Gobernación y Población.
Se conoció la minuta que reforma y adiciona las fracciones III del artículo 3, V del artículo 4 y el inciso J) de la fracción I del artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Se busca que el organismo proponga al Ejecutivo programas para la inclusión laboral de jóvenes indígenas y discapacitados. Será analizada por la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual.
La minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Tiene el propósito de eliminar el requisito de años de servicio en las armas para poder ascender. Se envió a la Comisión de Defensa Nacional.
También, se recibió la minuta que reforma el artículo Cuarto Transitorio, fracción V, del Decreto por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019.
La intención es precisar que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, conforme a lo dispuesto en sus Condiciones Generales de Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos aplicables. Fue turnada a la Comisión de Educación.
Asimismo, se conoció la minuta que adiciona una fracción VI al artículo 4º, y reforma la fracción I del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que devuelve el Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional.
El documento canalizado a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables tiene la finalidad de eliminar la idea de garantizar el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), ya que es atribución que rebasa las capacidades y competencias del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y la propia Ley, sugiriendo incorporar este asunto en una política pública de acceso a las TICs, encabezada por el sector telecomunicaciones.
La minuta que reforma los incisos l) y m) y adiciona un inciso n) a la Fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, que también devuelve el Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional, busca proteger el interés superior de niños y niñas que viven en centros penitenciarios con alguno de sus tutores.
Se incorpora una disposición a fin de que instituciones públicas y privadas de asistencia social estén habilitadas legalmente para coordinarse con el sistema penitenciario, con el propósito de apoyar y proteger los derechos de los menores que viven en sus instalaciones. Fue enviada a la Comisión de Salud.