La Cámara de Diputados recibió y turnó a comisiones tres minutas. La primera adiciona una fracción IX Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación, a efecto de promover la cultura de la donación altruista de sangre, a través de su inclusión en los libros de texto gratuito.
Las secretarías de Salud y de Educación Pública, de todas las entidades federativas, deberán coordinarse para ese fin, e incluir el tema en los libros de texto gratuito a partir del cuarto año de primaria. Se canalizó a la Comisión de Educación.
Otra, reforma el artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para fortalecer los mecanismos de control y certidumbre en los procesos de contratación de las entidades públicas.
El documento enviado a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, establece que cuando se realicen contratos de servicio o compra de bienes -entre autoridades, federales, estales o mediante terceros- el titular de la dependencia contratante deberá ser quien los suscriba. Además, estará obligado a vigilar el cumplimiento irrestricto de los términos celebrados.
Ello, permite establecer responsabilidades administrativas y jurídicas entre los titulares de las dependencias, con lo cual se podrá aplicar sanción cuando exista alguna irregularidad en la aplicación de recursos a través de los contratos.
La tercera minuta remitida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, reforma la denominación del Título Quinto y se adiciona un Capítulo V al Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito, denominado “De la Garantía de Audiencia de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas”. Se precisa en la ley un procedimiento específico, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para establecer cómo introducir a un individuo en la lista de personas bloqueadas como medida cautelar.
La SHCP podría realizar esta acción cuando cuente con indicios suficientes de que una persona está relacionada con delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita, señala el dictamen.
A solicitud del interesado se le otorgará audiencia para que, dentro de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación, acuda a la SHCP, ofrezca pruebas y formule alegatos en su favor.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dentro de los 15 días hábiles siguientes, deberá emitir la resolución administrativa en la que fundamentará la inclusión del interesado a la lista de personas con recursos bloqueados, y si procede o no su eliminación de la lista.
En tanto que a la Comisión de Hacienda y Crédito Público se mandó iniciativa de la senadora Minerva Hernández Ramos (PAN), que deroga el inciso c) de la fracción II del artículo 2º, las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 3º, la fracción IV del artículo 8º, y el artículo 18-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a fin de eliminar el IEPS a la prestación de servicios de telecomunicaciones y así contribuir a que estos servicios disminuyan su precio en beneficio de la población con menores ingresos.
La Secretaría de Gobernación (Segob) remitió el Informe Anual de las concesiones otorgadas en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Fue enviado a la Comisión de Comunicaciones.
Segob también respondió 14 puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a la infraestructura carretera en Baja California Sur; estampilla postal por los 500 años del establecimiento del municipio de México; accidentes automovilísticos; tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México; resultados del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras; seguro de responsabilidad civil vehicular para circular por vías, puentes y carreteras federales.
De igual modo, respecto a la inclusión de los adultos mayores en actividades culturales y deportivas; declaratorias de desastre natural en Morelia, Michoacán y en Nuevo León; caravana migrante; saneamiento del Lago de Chapala y del Río Lerma Santiago, y sobre las Reglas de Operación del Programa 3×1 para Migrantes.
La Comisión Nacional del Agua dio contestación a dos proposiciones avaladas por la Cámara de Diputados, referentes a acciones para sanear el Lago de Chapala y el Río Lerma-Santiago, en beneficio de habitantes de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, y respecto al proyecto de la presa El Zapotillo.
A su vez, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México respondió a dos puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, sobre los derechos de los familiares de desaparecidos y la protección de datos personales que guardan los centroamericanos privados de la libertad en centros penitenciarios.
La Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del estado de Durango, contestó a una proposición aprobada por la Cámara de Diputados, relativa a la conservación de las especies en riesgo de extinción y su hábitat.
El Congreso del estado de Chihuahua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Campeche, así como la Secretaría General de Gobierno del estado de Guerrero, respondieron a un punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, referente a la protección y bienestar de los animales en las entidades federativas.
Laura Barrera Fortoul, diputada del PRI, y Arturo Escobar y Vega, legislador del PVEM, solicitaron retirar de los registros parlamentarios diversas iniciativas que habían presentado.