Mensaje del Secretario General de la OEA en el Día Internacional contra la corrupción

Internacional

Hoy, 9 diciembre, celebramos el el Día Internacional contra la Corrupción, un flagelo que en mayor o menor grado, está presente en todos los países del Hemisferio. Desde la Organización de los Estados Americanos ratificamos nuestro compromiso para luchar contra este mal endémico.

La corrupción es un desafío central para la estabilidad y el crecimiento de nuestra región no sólo porque socava la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos, sino porque tiene repercusiones económicas y sociales para el pueblo. Y siempre, los más perjudicados son los sectores más vulnerables.

La escasez de los recursos públicos disponibles para satisfacer las crecientes demandas de los ciudadanos nos impone ser cada más rigurosos en exigir el cumplimento de los deberes de honestidad y transparencia en la gestión pública.

En tiempos en que los ciudadanos salen a las calles a reclamar por sus derechos, a exigir que el Estado cumpla con sus deberes y a expresar su indignación ante los actos de corrupción de los gobernantes y el sector privado, es necesario dar una respuesta acorde a sus demandas.

La corrupción y la sensación de impunidad de los corruptos es uno de los principales factores que explica el malestar de nuestros ciudadanos, esa pérdida de credibilidad y la falta de confianza.

Para solventar la crisis de credibilidad de la democracia es necesario enfrentar estos problemas, y para ello es clave que los tres poderes del Estado y los representantes del sector privado basen sus acciones en la rendición de cuantas y la transparencia.

Desde la Secretaría General de la OEA hemos puesto en práctica dos comisiones en dos países de la región dedicadas específicamente a plantar la batalla contra la corrupción.

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MACCIH, fue creada hace tres años y ha logrado asestar varios golpes a los corruptos en Honduras. Todavía queda un largo trecho en esta batalla, pero la Misión ha sido clave para que -a la fecha- se hayan judicializando 13 casos penales, así como tres nuevos casos de provación de dominio. De estos casos se han procesado a 112 personas (80 funcionario públicos y 44 particulares). Asimismo, el trabajo de la MACCIH permitió identificar un daño en el patrimonio del Estado de casi 310 millones de lempiras (unos 12,5 millones de dólares).

En esta misma línea, recientemente la OEA firmó un acuerdo con el gobierno salvadoreño para el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). En este apoyo a El Salvador trabajaremos de la mano de las instituciones nacionales que tienen como funciones, competencias y responsabilidades el combate a la corrupción y la impunidad.

No hay ningún país, sea cual fuere su sistema político o la ideología de sus gobernantes, que pueda considerarse libre del riesgo de ver su patrimonio público menoscabado y sus intereses generales vulnerados por las mafias de la corrupción que operan tanto del lado sector público, como del lado del sector privado, conformando muchas veces alianzas siniestras para enriquecerse ilícitamente sin reparar en el gran daño que le causan a sus países.

La OEA cuenta con una vasta experiencia en la lucha contra la corrupción. Prueba de ello es que los 34 Estados miembros activos de la Organización han ratificado nuestra Convención anticorrupción y 33 de ellos forman parte de su mecanismo de seguimiento (MESICIC), el cual, a pesar de su carácter gubernamental, involucra en sus actividades también a distintos actores sociales: En las 29 visitas in situ realizadas en el transcurso de la actual ronda de análisis del MESICIC, participaron 784 funcionarios públicos, pero también 195 representantes de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, de asociaciones profesionales y de la academia.

Desde la OEA seguiremos contribuyendo con toda nuestra energía a combatir la corrupción, involucrando a la ciudadanía en esta causa común para que cada vez haya menos tolerancia frente a los actos corruptos. En momentos de escasez de recursos y aumento de demanda de mejoras sociales, resulta aún más repugnante el saqueo al patrimonio público.

Asimismo, seguiremos promoviendo que cada uno de nuestros Estados involucre a los diferentes actores sociales en el combate a la corrupción, como lo proponen las recomendaciones del MESICIC orientadas a que éstos cuenten con un mejor acceso a la información de la gestión pública y con mecanismos que les permitan ejercer un mayor control social.

También aunaremos esfuerzos con otros organismos internacionales que se ocupan de combatir la corrupción, como la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y las Naciones Unidas (ONU), los cuales han sido invitados a participar en el MESICIC con el fin de generar sinergias que propicien la realización de acciones conjuntas en beneficio mutuo y en provecho de los ciudadanos de nuestros países.