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Los responsables del bombardeo a un centro de detención de migrantes en Libia deben ser juzgados

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Medio centenar de personas murieron en el ataque de Tajoura. Todas las partes en el conflicto conocían la ubicación y las coordenadas exactas del centro de detención, que había sufrido previamente un ataque aéreo en mayo de 2019, asegura un informe de la ONU.

Un nuevo informe sobre los ataques aéreos a un centro de detención de migrantes libio en julio de 2019, en el que murieron al menos 53 personas, recomienda a las partes en conflicto en el país africano conducir investigaciones “independientes, imparciales y exhaustivas” que aseguren “la rendición de cuentas por las violaciones del derecho internacional”.

La investigación conjunta de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU solicita tanto al Gobierno de Acuerdo Nacional, reconocido por la ONU, como al Ejército Nacional Libio, comandado por el general Khalifa Haftar, así como a los Estados que apoyen a cualquiera de ellas, a investigar los ataques aéreos que garanticen el rápido enjuiciamiento de los responsables.

«Como he dicho anteriormente, el ataque del Centro de Detención de Tajoura, dependiendo de las circunstancias precisas, puede constituir un crimen de guerra. Libios, migrantes y refugiados están atrapados en medio de la violencia y las atrocidades que, a su vez, se alimentan de la impunidad. Las personas culpables de crímenes de derecho internacional deben rendir cuentas», declaró la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Se conocían las coordenadas del centro de detención

Según el informe, el 2 de julio de 2019 un proyectil aéreo alcanzó un taller de reparación de vehículos operado por la Brigada Daman, un grupo armado aliado del Gobierno de Acuerdo Nacional.

Once minutos más tarde, un segundo ataque aéreo alcanzó el Centro de Detención de Tajoura, un gran hangar situado en el mismo complejo en el que se encontraban detenidos 616 migrantes y refugiados. La segunda sección del hangar, donde estaban detenidas 126 personas, recibió un impacto directo, en el que fallecieron al menos 47 hombres y seis niños.

Asimismo, se indica que todas las partes en el conflicto conocían la ubicación y las coordenadas exactas del Centro de Detención de Tajoura, que había sufrido previamente un ataque aéreo en mayo de 2019.

Tras los ataques aéreos de julio, todos los migrantes y refugiados fueron liberados. El 1 de agosto de 2019, el Gobierno de Acuerdo Nacional anunció su intención de cerrar tres centros de detención, incluido el de Tajoura. Sin embargo, según las últimas informaciones que dispone la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, sigue abierto.

Los resultados del informe se basaron en las visitas del personal de la UNSMIL al centro detención, el análisis de las grabaciones de vídeo y otras pruebas, así como en las entrevistas posteriores con supervivientes y testigos.

Dudas sobre la nacionalidad de los aviones

Entre las recomendaciones del estudio también se pide tomar medidas urgentes para evitar que se produzca una tragedia similar y conceder compensaciones adecuadas a las víctimas o a sus familias, en un conflicto en el que en 2019 murieron al menos 287 civiles y unos 369 resultaron heridos, atribuyéndose el 60% de estas bajas a ataques aéreos.

El informe coincide con anteriores conclusiones de la ONU en el sentido de que es probable que los ataques aéreos fueran realizados por aeronaves pertenecientes a un Estado extranjero, señalando que «sigue sin estar claro si los medios aéreos estaban bajo el mando del Ejército Nacional Libio o si se operaban bajo el mando de ese Estado extranjero en apoyo del ENL».

Además, insta a las autoridades libias responsables a cerrar todos los centros de detención de migrantes y garantizar que los migrantes y refugiados liberados reciban protección y asistencia inmediatas.

Según los datos de la Oficina de la Alta Comisionada, a finales de diciembre de 2019, los centros de detención de migrantes en Libia albergaban a unas 3186 personas “sin las debidas garantías procesales y en condiciones que no se ajustan a las normas mínimas internacionales”.