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Los que siempre han mantenido secuestrada la educación, ahora tienen en sus manos el futuro de niñas y niños y los derechos laborales y humanos de maestras y maestros de México: GPPRI

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Las leyes reglamentarias de la reforma educativa Constitucional son hechas a modo, para favorecer liderazgos que durante años han mantenido secuestrada la educación en detrimento del desarrollo de la niñez mexicana; su redacción es imprecisa de manera intencional, para que la Administración Pública federal maneje a discreción los procesos de admisión, promoción, reconocimiento y evaluación de los docentes, afirmó el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados al rechazar con su voto los nuevos ordenamientos legales que, insistió, lo único que propinan a los maestros es incertidumbre laboral y violación a sus derechos.
Las contradicciones hechas ley con respecto a lo aprobado en la Constitución, el pasado mes de mayo, son evidentes, se pierde la rectoría de la educación para el Estado; autoridades locales y sindicales son las encargadas de revisar y evaluar los resultados en la materia; no habrá procesos de selección públicos, imparciales, equitativos, ni transparentes; los docentes no acceden a incentivos en función de su desempeño. Es decir, bajo ninguna circunstancia, podrán ganar más si no es por disposición de quienes ostentan el poder y condicionan la labor docente.
La ley otorga preferencia a egresados de escuelas normales públicas en procesos de selección para la admisión, lo que viola la garantía de igualdad de condiciones, para egresados de otras instituciones educativas y se dejan abiertas rutas para asignar plazas por vías distintas a los procesos de selección.
Durante la madrugada, al fijar la posición de los diputados del PRI en el dictamen de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestros y los Maestros, la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, acusó que los legisladores de Morena y sus aliados, al aprobar estas leyes secundarias, evidencian que no tienen temor, ni pudor por violar la Constitución, la misma que juraron cumplir y hacer cumplir.
“No que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie? ! solo ustedes¡ La Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras es confusa e incompleta y no fue omisión sino la franca intención de servirse desde el gobierno con la cuchara grande de la discrecionalidad, para crear a su antojo disposiciones, criterios lineamientos y hasta memorándums a fin de, regular los procesos de admisión selección, promoción y reconocimiento de los docentes”, amonestó Herrera Anzaldo.
Los representantes del PRI en sus reservas, en un intento por cambiar la redacción del dictamen, establecieron que la función docente merece ser ejercida con reglas claras y es trágico y lamentable que ahora por ley, se juegue con las carreras y trayectorias de quienes tienen en sus manos la formación de las próximas generaciones.
La diputada por el estado de Veracruz, Anilú Ingram Vallines, pidió no poner en riesgo la educación de los niños, niñas y jóvenes por los caprichos de un grupo que no representa ni la mayoría de los profesores, ni el interés educativo del país, dijo que lo aprobado es un retroceso, porque desde el gobierno se vulnera el federalismo por la persistencia de aplicar una política centralista que va a llevar a la educación al estancamiento.
“Los mecanismos de capacitación, formación y actualización mandatados por la Constitución quedan sin efecto con estas leyes y se convierten en cortinas de humo, en botín de camarillas, que en lo que menos piensan es en la educación de este país”, dijo la legisladora priista.
Los cambios a los artículos 14, 18 y 44 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestros y los Maestros fueron propuestos por la diputada Erika Sánchez a fin de fortalecer el sistema educativo nacional y reconocer a los maestros como agentes de cambio, “gobernar no es aceptar la extorsión de un grupo, ni cederle la responsabilidad de la educación de los niños, niñas y familias de México”.
Las reformas, también pretendían dar transparencia a los procesos de selección y fomentar la apertura del proceso de admisión a fin de que los ciudadanos participen como observadores, ya que el discurso arenga a que el pueblo decida.
La diputada Norma Guel Saldívar, insistió en acotar en la ley, cualquier intento de violar los derechos laborales y humanos de los maestros, la SEP no puede extralimitarse en sus funciones y determinar criterios a discreción para promover, seleccionar, evaluar y reconocer a los maestros, lo mejor es fijar reglas claras y asegurar que los mejores profesores sean los que estén al frente del grupo, maestros profesionales y capacitados.
A propósito de esta concentración de poder, la diputada federal Dulce María Sauri Riancho, al referirse a la Ley Reglamentaria del Artículo Tercero Constitucional en Materia de Mejora Continua de la Educación, hizo notar que el órgano responsable de dar seguimiento al desempeño y evaluación en la materia y de mejorar el proceso de ingreso y formación del magisterio, no tiene autonomía técnica, como se acordó en la ley.
Explicó que en los hechos, el comité depende de la Secretaría de Educación Pública, el presidente del comité incluso, es el titular de la SEP, participan los subsecretarios, un representante del Senado y de la Cámara de Diputados y el secretario ejecutivo y el técnico lo designa el secretario de Educación, así frente a tanta intromisión, la legisladora por el estado de Yucatán, afirmó “sí, puede ser fantasma y elefante al mismo tiempo”.
De ahí la propuesta de las diputadas Dulce María Sauri Riancho y Cynthia López Castro, para cambiar la redacción de los artículos 9 y 10 del ordenamiento sometido a discusión, a fin de corregir omisiones y como no se pudo aprobar que el Comité fuera descentralizado, lo que procede es hacer efectiva su autonomía técnica y obligar a este órgano a presentar informes periódicos de sus evaluaciones.