Expertos de la ONU en derechos humanos pidieron a las autoridades de todos los países a no aplicar criterios que puedan discriminar a las minorías étnicas en sus estrategias de combate al COVID-19. Advirtieron que los pueblos indígenas y afrodescendientes se cuentan entre los grupos que sufrirá desproporcionadamente la pandemia.

El Grupo de Trabajo sobre las personas afrodescendientes urgió a los Gobiernos a comprometerse con la equidad racial en la prestación de servicios sanitarios durante la crisis provocada por el COVID-19 y a evitar que haya una mayor tasa de muertes debidas a la discriminación entre las poblaciones minoritarias.

En una declaración, el Grupo indicó que la discriminación estructural que existe en muchas sociedades podría exacerbar la desigualdad en el acceso a atención y tratamientos sanitarios, y advirtió que esto provocaría disparidades y aumentaría la mortalidad y morbilidad para los afrodescendientes.

Los expertos afirmaron que pese a las respuestas sólidas, los Estados no han reconocido los riesgo de salud específicos de ciertos grupos de población, como los afrodescendientes o indígenas, y alertaron del riesgo de que los prejuicios o estereotipos permeen las políticas.

El presidente del Grupo de Trabajo, Ahmed Reid, citó también la falta de representación de estas comunidades en los altos niveles de toma de decisiones. “Y esto impide aprovechar la experiencia y la protección hacia las necesidades de las personas afrodescendientes en la respuesta al COVID-19”, dijo.

El Grupo consideró que tanto el personal sanitario como los líderes locales están abrumados y necesitan más orientación para prevenir la discriminación racial en este momento crítico.

Recordaron que un número desproporcionado de afrodescendientes trabaja en industrias de servicios, vive en comunidades densamente pobladas, enfrenta inseguridad alimentaria y carencia de agua, y a menudo no tiene acceso a viviendas seguras.

“Estas son fuentes adicionales de riesgo y vulnerabilidad. En muchos Estados, las personas afrodescendientes trabajan brindando asistencia sanitaria en el hogar, como cuidadoras y personal de prestación de servicios que ayudan a los hospitales y los sistemas de salud a centrarse en los casos más graves, a pesar de la ausencia de esfuerzos públicos para garantizar su seguridad y protección”. El Grupo de instó a los Gobiernos a reconocer la urgencia de los derechos humanos en tiempos ordinarios y extraordinarios y a garantizar el acceso a educación, vivienda, Internet, atención médica y a las necesidades básicas en todo momento y para todas las personas.

El COVID exacerba la precariedad en que viven los pueblos indígenas

El Mecanismo de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas coincidió con la afirmación de que si bien el coronavirus afecta a toda la sociedad, algunos grupo sufrirán de manera desproporcionada la pandemia, los pueblos originarios entre ellos.

“Muchos pueblos indígenas viven en regiones remotas de difícil acceso y a menudo inaccesibles. Incluso antes de esta crisis, experimentaban tasas más altas de riesgos para la salud, peor salud y mayores necesidades sanitarias insatisfechas que la población no indígena. Estos pueblos ya estaban en desventaja”, apuntaron los expertos del Mecanismo.

Agregaron que esas comunidades tampoco tenían a su disposición los determinantes sociales de la salud, como el agua potable, una dieta suficiente y equilibrada y el saneamiento básico. “Además, la expropiación de sus tierras y recursos naturales y el aumento de los conflictos en sus territorios ya ponían a los pueblos indígenas en una situación particularmente precaria”, subrayaron.

Según los expertos, la propagación del COVID-19 ha exacerbado y seguirá exacerbando una situación ya crítica para muchos pueblos indígenas: una situación en la que ya abundan las desigualdades y la discriminación. El aumento de las recesiones a nivel nacional y la posibilidad real de una depresión mundial agravarán aún más la situación, causando un temor de que muchos indígenas mueran, no sólo por el virus en sí, sino también por los conflictos y la violencia vinculados a la escasez de recursos, y en particular de agua potable y alimentos.

En este sentido, llamaron a todos los Estados a cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, guiados por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, para proteger la salud y la vida de esos colectivos.

Haciendo eco de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, exhortaron a los Gobiernos a convertir a los pueblos indígenas en sus aliados y a proporcionarles una atención sanitaria culturalmente aceptable, así como alimentos u otro tipo de ayuda humanitaria, cuando sea necesario, y sin discriminación.

El Grupo de Trabajo de Expertos sobre las personas afrodescendientes fue establecido el 25 de abril de 2002 por la entonces Comisión de Derechos Humanos, después de la Conferencia Mundial contra el Racismo celebrada en Durban en 2001. Está compuesto por cinco expertos independientes. El Grupo de Trabajo es parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor grupo de expertas y expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Sus expertas y expertos trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.

El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un órgano subsidiario del Consejo de Derechos Humanos cuyo mandato consiste en proporcionar al Consejo conocimientos especializados y asesoramiento sobre los derechos de los pueblos indígenas establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y ayudar a los Estados Miembros que lo soliciten a alcanzar los fines de la Declaración mediante la promoción, la protección y la realización de los derechos de los pueblos indígenas.