Lo que se reclama a López Obrador, es una política pública contra la violencia hacia las mujeres, no un decálogo de buenos deseos: Antonio Ortega

Política

Antonio Ortega Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados, afirmó que es necesario exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a las áreas ligadas al tema de la violencia, una política pública contundente, clara, medible, con objetivos precisos que ayuden a dar certeza de que se quiere enfrentar y resolver el problema de los imparables crímenes contra mujeres en México, y no un decálogo inútil como el que ofreció la semana pasada.Señaló que –por la crueldad y salvajismo con el que fueron perpetrados- los recientes asesinatos de la niña Fátima Cecilia y de Ingrid Escamilla han desatado en el país, una ola de reclamos, indignación y la exigencia de que el gobierno dé respuesta concreta al problema de la violencia contra las mujeres que, de acuerdo con organizaciones especializadas, se contabilizan en una decena por día en lo que va de este año.
Se requiere –apuntó el legislador- un pacto del gobierno con las cámaras del Congreso y organizaciones de la sociedad civil, que sean acompañadas de una política pública que defina muy claramente los objetivos y lo que se pretende; una intervención fundamental de la Fiscalía General de la República, de las procuradurías locales, del Ministerio Público que precise medidas de protección, blindaje social a las mujeres, reformas legales y jurídicas; una intensa campaña mediática y educativa, y –desde luego- juicios y sentencias con perspectiva de género.
“El Presidente ha reducido su capacidad de respuesta y de atención a este reclamo con un decálogo de buenos deseos que, eso y nada, es lo mismo porque no expresan una política pública que signifique voluntad, acciones concretas, objetivos a alcanzar”, señaló el legislador federal perredista.
Expuso en este sentido que una política pública reclama voluntad, acciones y decisión, objetivos, conjuntar la participación de la sociedad, las necesarias adecuaciones a las normas jurídicas, definir personas responsables, calificadas, recursos materiales, humanos, económicos para enfrentar las tareas, el acompañamiento mediático de la persuasión, evaluación, y definir claramente responsabilidades.
“En la medida en que el Presidente no entienda que la dimensión del problema reclama un pacto del Estado mexicano donde participen todas las instituciones, la sociedad, las partes comprometidas con la lucha contra la violencia de género, no estará captando el tamaño del problema y, desde luego, la magnitud de la solución que se exige”, concretó.