Con el objetivo de evitar que los órganos constitucionales autónomos sean desmantelados o extintos a capricho del poder político, legisladores federales del PRI, plantearon modificaciones a la Carta Magna para fortalecer a las instituciones que contribuyen al equilibrio de los poderes tradicionales.

La iniciativa de ley presentada por las diputadas Claudia Pastor Badilla y Mariana Rodríguez Mier y Terán, propone adicionar un párrafo al artículo 72 de la Constitución Política, en el que se mandate realizar una evaluación de impacto que determine las consecuencias sociales, laborales y económicas cuando exista una reforma que solicite extinguir una institución autónoma.

La valoración estará a cargo de otros órganos autónomos, el sector académico y parte de la sociedad civil, los cuales determinarán  la efectividad o no de las instituciones y cómo se pueden subsanar las actividades específicas que realizan esos organismos,  cuando se pretenda desaparecerlos.

Las legisladoras aseveraron que “atentar contra la autonomía de las instituciones nos lleva a un escenario de incertidumbre, opacidad, violación de derechos, impartición de justicia y, a través de una evaluación de impacto objetiva y razonada, se evitarán arbitrariedades y caprichos del poder político”.

Los órganos constitucionales autónomos llevan a cabo funciones esenciales del Estado, como asegurar la toma de decisiones técnicas que brindan estabilidad frente a vaivenes políticos o recomposiciones políticas sexenales. No están adscritos, ni subordinados a otro poder; sin embargo, sus actos y resoluciones pueden ser revisados por las instancias judiciales.

A pesar de estos instrumentos de control, el actual gobierno ha dado muestras constantes de desaparecer entes con autonomía de gestión, independencia presupuestaria y orgánica, y lo ha consumado con argumentos falsos como: la austeridad republicana o el discurso publicitario de que las instituciones salen caras; recientemente su atención está centrada en el Instituto Nacional Electoral.

Así, el Ejecutivo Federal es responsable de que hayan desaparecido el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Consejo de Promoción Turística, Pro México, el Instituto Nacional del Emprendedor y nunca previó el impacto negativo para el Estado por la pérdida de esa información especializada, tampoco el desempleo de los trabajadores o el efecto económico por carecer de estudios o datos relevantes para tomar decisiones dentro y fuera del país.

Las legisladoras Pastor Badilla y Rodríguez Mier y Terán señalaron que nuestras instituciones no salen caras si comparamos la relación costo-beneficio; por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), representan el uno por ciento del Presupuesto de Egresos Federal aprobado para este año.

“El INAI en 2021, nos costará 905 millones de pesos, en contraste con el presupuesto aprobado en este mismo ejercicio fiscal a proyectos de infraestructura, como el Tren Maya de 36 mil millones de pesos, casi 40 veces más de lo destinado al INAI”, citaron.

En el GPPRI sostuvieron, “no vamos a avalar se atente contra la autonomía de las instituciones, ni a permitir se borren los contrapesos en todos los espacios públicos de México, por eso, hemos presentado varias iniciativas para revisar y reforzar la presencia de los órganos constitucionales autónomos y donde destaca, la importancia de homologar procedimientos de selección, periodos de duración, requisitos profesionales, mecanismos de evaluación de la capacidad técnica y por supuesto, garantizar su presupuesto”.

Los mexicanos contamos con órganos constitucionales autónomos que buscan complementar y hacer más eficiente el quehacer activo del servicio público, los cuales son: Banco de México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  y Fiscalía General de la República.