Ley Nacional de Extinción de Dominio: populismo que afectará a gente sin recursos para defender sus patrimonios: PRD

Deporte

Tras criticar la postura a favor del bloque opositor contra la otrora llamada “Ley Robin Hood” o lo que ahora el gobierno califica como: ley “Para Devolver al Pueblo lo Robado”; el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) se pronunció en contra de la aprobación de la minuta de Ley Nacional de Extinción de Dominio este jueves, al advertir que es una expresión más del “populismo” inducido por este gobierno; pero que afectará no a los poderosos o a los capos que tienen dinero para defenderse, sino a ejidatarios, campesinos y gente de escasos recursos que perderán sus propiedades usadas por el crimen organizado.
A nombre del PRD, Antonio Ortega pidió a la oposición no caer “una vez más en las trampas de esta ‘Transformación de Cuarta’.
Ni en tiempos de guerra –alertó- habíamos tenido leyes tan inhumanas y abandonadas a la Constitución”.
“¿Cuántas veces nuestros grupos parlamentarios dudamos de la Ley de Remuneraciones? ¿cómo votarla? De la Ley de Austeridad ¿cómo votarla? Bajo una razón: “Vamos a vernos mal ante los ciudadanos votando (en contra) estas leyes” ¿y cuál ha sido la consecuencia? Leyes con amparo, leyes que la Corte tira, que no están sirviendo para resolver el problema de fondo”.
“¿No es populismo decir que esta, inicialmente llamada la “Ley Robin Hood”? Después se dijo y se ha insistido que esta es la “Ley para Devolver al Pueblo lo Robado” ¡Es populismo lo que hay detrás!”, acusó.
“No logro entender por qué razón oradores del bloque opositor vienen a hablar en contra, en lo general, de la iniciativa; pero sabemos que van a votar a favor. Parece que la trampa que hay detrás de los nombres de estas iniciativas, de estos proyectos, de las intenciones como aquí se dijo ‘de populismo legislativo’, calan hondamente”, censuró Ortega.
“Entre los pasillos se dice que en el PAN están, quizás, los diputados-abogados más destacados de la Cámara. Se dice –igual- que en el PRI hay diputados experimentados y abogados ¡¿y no lograron localizar lo que hay en la ley?!”, cuestionó.
“El crimen ha acumulado grandes fortunas, mismas que, en un proceso judicial al día de hoy, es muy difícil recuperarlas para el beneficio de la sociedad. Somos conscientes de que la actual ley Federal es una norma que poco o nada ayuda en el proceso de aseguramiento y disposición de los bienes, productos de actividades ilícitas. Durante 10 años hemos tenido en vigencia, una ley federal que reglamentaba el artículo 22 constitucional en materia de Extinción de Dominio. Dicha ley es muy difícil de aplicar, de tal forma que muchos de los casos los terminaba perdiendo el Estado”, agregó el perredista.
“Geovanni Falcone (famoso por los acertados golpes que logró dar a la mafia italiana), ha dicho que hombres en la delincuencia van y vienen, que ‘la verdadera fuerza es el dinero y que éste puede caminar con otras piernas’. Por eso es necesario perfeccionar nuestro marco jurídico para debilitar financieramente al crimen”, resaltó.
Ortega Martínez explicó que, si bien la minuta presentada busca “lograr certeza a los procesos de aseguramiento y de extinción”, dicho fin se logra con un articulado que permite que, “desde el inicio de la investigación, se puedan asegurar los bienes del indiciado protegiéndolos del dispendio y del derroche”.
No obstante, expresó, las modificaciones al Catálogo Federal de Delitos, en lugar de ayudar a arreglar el problema, dejan más vacíos y vulneran totalmente las garantías individuales de los indiciados.
Explicó que “el aseguramiento sin garantía de retorno (en caso de no comprobar culpabilidad), vulnera garantías”.
“El artículo 227 de esta nueva Ley Nacional expresa que la autoridad administradora podrá proceder a la venta o disposición anticipada de los bienes sujetos a proceso de extinción de dominio, con excepción de los que las autoridades consideren objeto de prueba que imposibiliten ese destino”.
Lo que significa –subrayó el legislador federal- es que, si un juez accede a la petición del Ministerio Público, de conceder el aseguramiento como medida cautelar, estos bienes pueden ser enajenados o puestos a disposición de dependencias federales para su aprovechamiento sin aún haber comprobado la culpabilidad del acusado, lo cual implica violaciones gravísimas a las garantías individuales en torno a los principios de Presunción de Inocencia y de la Certidumbre Jurídica.
“Partimos de que, en México, con el actual Ministerio Público y los mecanismos que se han expuesto a lo largo de muchos años, una persona es inocente hasta que la falta de dinero y poder demuestren lo contrario ¡y es cierto! ¡Las personas afectadas serán aquellas que no tengan los recursos para defenderse! Hablamos –expuso- de agricultores y ejidatarios que podrán perder sus tierras o viviendas arrendadas y que habrían sido usadas por el crimen organizado”.
“Hablamos, finalizó, de personas que pueden convertirse en ‘carne de cañón’ del crimen, no de verdaderos delincuentes”.