Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, blinda los derechos de este sector de la comunidad

Metrópoli

La mayor aportación de la primera  legislatura del Congreso de la Ciudad de México, ha sido la promulgación de la Ley de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, consideró la diputada María Guadalupe Chávez Contreras (MORENA), presidenta de la comisión.

La legisladora señaló que para lograr esta ley se llevaron a cabo 16 foros, uno por cada alcaldía, en un ejercicio de parlamento abierto; en dicho proceso de deliberación y de elaboración de la ley participaron alrededor de 14 mil personas.

La diputada comentó que la referida ley se encuentra mandatada en la Constitución de la Ciudad de México, con lo que la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, cumplió con esta encomienda constitucional para garantizar los derechos de los pueblos indígenas en la ciudad.

“Parte de la ruta de la aprobación de la ley, fue elaborar un protocolo sobre la misma, que fue consensuado y votado en el Congreso, para posteriormente ponerse a disposición de los pueblos, barrios y comunidades indígenas y residentes”, detalló.

Comentó que fue una consulta inédita y sin precedentes, en la que todas las personas interesadas pudieron participar y expresar sus opiniones respecto a lo plasmado en ella, y consideró que es un instrumento que garantiza el libre ejercicio de los derechos de las personas integrantes de estas comunidades, reconociéndolas como sujetos colectivos de derechos, como el derecho a la transversalidad de apoyos y programas en todas las instancias del gobierno; Así, tienen derecho  a elegir a sus propias autoridades, mediante la práctica de usos y costumbres.

Esta ley, sostuvo la legisladora, garantiza los derechos culturales de los pueblos y barrios y busca la eliminación de la discriminación, promoviendo los derechos y reconocimiento de las mujeres, así como su participación en la vida política.

Señaló que hubo una gran participación en la consulta, y destacó la importancia de la población joven en un ejercicio de retroalimentación.

El 20 de diciembre de 2020 fue publicada la ley referida, que busca visibilizar y dignificar la presencia indígena en una de las más grandes y diversas metrópolis del mundo, con más de un millón de personas que se autoadscriben como indígenas, es decir, el 10% de la población total de la capital, donde se hablan 55 de las 68 lenguas indígenas del país, y con más de un centenar de pueblos y barrios originarios.

La ley reconoce la composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en habitantes de los pueblos y barrios originarios históricamente asentados en su territorio, además del impacto del fenómeno migratorio.

También mandata que las alcaldías establecerán mecanismos específicos de seguimiento y rendición de cuentas de sus políticas públicas y presupuesto, para que los pueblos, barrios y comunidades participen en la vigilancia de los mismos.  Preservarán el patrimonio, las culturas, identidades y festividades de los pueblos, barrios y comunidades en su demarcación territorial, siempre en un nivel de coordinación, acompañamiento y coadyuvancia con ellos mismos.

Adicionalmente, establecerán los mecanismos o sistemas que faciliten o permitan que los mencionados sujetos colectivos de derecho preserven, revitalicen, desarrollen, utilicen, fomenten, mantengan y transmitan sus tradiciones, expresiones culturales, historias, lenguas, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas.

Las alcaldías deberán diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos comunitarios de diversa índole, en coordinación con los propios pueblos y el gobierno, para impulsar el desarrollo de los pueblos, barrios y comunidades.

La Ley aprobada establece además la creación del órgano de implementación, que es un organismo público que se encargará de cumplir las disposiciones que se establecen en esta ley y la Constitución de la Ciudad para los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México con personalidad jurídica y patrimonio propio.