El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal (STPJDF), exhortó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se abstenga de atentar en contra de las conquistas laborales de sus agremiados, ya que de forma inexplicable, el Consejo de la Judicatura local se transformó en un ente de riesgo al pretender instaurar una Ley de Austeridad para reducir en un 30% la plantilla laboral. “En el STPJDF nunca ha existido la burocracia dorada”.
El secretario general de este gremio sindical, D.H.C. Diego Valdez Medina, reprobó las acciones beligerantes con que se ha conducido el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, ya que en su sesión del pasado seis de marzo, el consejero Miguel Arroyo Ramírez presentó dicha Ley la cual generó el descontento de miles de trabajadores que laboran en la Casa de Justicia de la capital del país.
El oficio número CJCDMX-SG-PL-3778-2019, con fecha del 05/03/2019, registrado a las 18 horas, 27 minutos, 38 segundos, pasó a ser una irregularidad administrativa que no está democráticamente consensuado con el sindicato mayoritario, “porque se asienta en el numeral IV, una descabellada tentativa en contra de los derechos laborales”.
“Atendiendo a la propuesta formulada por el consejero Miguel Arroyo Ramírez en la sesión plenaria de cuenta, se instruye al servidor público oficiante para que en el ámbito de su competencia y facultades, presente a este Pleno del Consejo, un programa de reducción del 30% de las plantillas de personal que integran las diversas áreas de la Oficialía Mayor del H. Tribunal, el cual deberá ejecutarse en su totalidad en un plazo impostergable de seis meses”, acredita el comunicado.
Al respeto, el mayoritario STPJDF aseguró que “no se permitirá que la medida propuesta por el Consejero Migue Arroyo Ramírez, afecte a los trabajadores que forman parte de este gremio, el cual agrupa a casi siete mil de los más de diez mil 800 integrantes del TSJCDMX”.
Diego Valdez Medina dejó en claro que pese a esa medida basada en la Ley de Austeridad, los que menos ganan no serán parte de esa lista, ya que su esfuerzo cotidiano junto con el de jueces y magistrados aportan a la estabilidad y la paz social no solo de la capital del país, sino del resto de la República.
“El acuerdo para despedir al 30% del personal que integran las diversas áreas de la Oficialía Mayor del TSJ, no pasará, y en caso de que esa medida atente contra la estabilidad laboral del personal sindicalizado, el Órgano Jurisdiccional podría quedar en parálisis como sucedió el 20 de abril de 2006”, recordó el dirigente.
Insistió que el STPJDF reprueba de forma rotunda, la “descabellada” medida propuesta por el Consejero Arroyo Ramírez, por lo que sentenció: “Cómo es posible que quieran afectar sus derechos, por eso yo le reitero en el caso de los trabajadores del Tribunal, lo digo públicamente, nadie hurgará los derechos laborales porque han sido legítimas conquistas que se han ganado con el sudor de la frente y la plena inteligencia entre quienes profesamos la defensa del Estado del Derecho, por lo tanto no daremos ni un paso atrás. Aquí no existe la burocracia dorada”, enfatizó.
El doctor Diego Valdez Medina, comentó que entre las estrategias de lucha laboral a seguir, se enmarcarán en la defensa del Estado del Derecho Laboral; “¿en este momento qué tendríamos que hacer?, lo que configuró la historia del 20 de abril de 2006, cuando nos declararnos en brazos caídos en respuesta a otra tentativa de crisis que vivimos similar a la que nos enfrentaremos en esta nueva época”.
En aquella ocasión –rememoró- el gobierno de la ciudad no aguantó este paro laboral más de dos o tres horas, y logramos todo lo que nos asiste la razón del Derecho laboral.
Precisó, sin embargo, que el personal sindicalizado asignado a las áreas de la Oficialía Mayor tiene un salario no mayor a los 14 mil pesos mensuales, y en su mayoría sirven como auxiliares de las direcciones, o distribuidores de documentos u oficios dentro y fuera del Tribunal.
El adelgazamiento de la plantilla laboral –el cual solo podrá incluir personal de estructura-, significa una carga de trabajo para los que conserven su empleo, lo cual también será motivo de discusión, apuntó.
Seguiremos laborando normalmente –aseveró el líder sindical judicial en materia de impartición de justicia-, “pero estaremos muy alertas pese al Oficio que nos ha obligado a establecer estrategias de defensa controversiales, es decir, la postura del STPJDF es la de no permitir que se congelen plazas laborales”.
Aquí, en el TSJCDMX –añadió- no puede desaparecer ninguna plaza laboral porque primero, sería aberrante esa salomónica decisión; y segundo, porque si de un juzgado la plantilla es de 20 trabajadores y se jubilan tres compañeros y se congelan esas plazas, el TSJ entrará a una faceta de disfuncionalidad. ¿Quién hará el trabajo de ese personal?, porque ante todo ya se tienen especificado cada área el conocimiento de sus asignaciones”.
Si bien llamó a la unidad de todo el personal que presta sus servicios en el TSJ, el líder sindical mencionó que al menos 800 trabajadores sindicalizados laboran en las áreas de la Oficialía Mayor donde se prevé hacer un recorte de personal.
Exhortó a las autoridades a ser más cautelosas para evitar que en el futuro inmediato se vea empañada la imagen del TSJ cuando su presidente, el doctor y magistrado Rafael Guerra Álvarez, se comprometió a rescatarla bajo la aplicación de una política de transparencia que es el elemento central de la democratización y modernización de una justicia de excelencia al servicio de la sociedad.
Si esa es la percepción –dijo Diego Valdez Medina-, comencemos por nuestra propia casa de trabajo, que es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Estableció que el mayor problema ahora del Poder Judicial en materia de impartición de justicia, es que el trabajo se incrementa día con día en todas las ramas del Derecho, ante la entrada en vigor de los Juicios Orales. Los trabajadores tienen ahora jornadas más extenuantes en comparación a ciclos y años anteriores, donde prácticamente la inflación económica y la elevación del costo de la canasta básica, los ha rebasado bajo la imperiosa necesidad legítima de demandar para dignificar a la base trabajadores con mayores salarios.
La Ley de Austeridad –puntualizó- propuesta por el Ejecutivo Federal es un artilugio que trastoca la autonomía del Poder Judicial de la Ciudad de México. Aleatoriamente lo postrará de rodillas ante la arrogancia de una Cuarta Transformación que solo ha servido para crispar a la sociedad. “Ese es el trasfondo político que busca desaparecer las fuentes de empleo con un doble discurso que se escucha reiteradamente desde Palacio Nacional”, concluyó.
viernes, abril 19, 2024
