Legisladores de Morena, PAN, PRI, PES, PRD y PVEM presentaron, ante la Comisión Permanente, seis iniciativas para regular la representación jurídica de la Federación; incrementar penas por incumplir la entrega de pensión alimenticia; crear el Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales; prevenir el suicidio en infantes; crear una Comisión de la Verdad en desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, y prohibir el abandono de redes de pesca en el mar.

Regular la representación jurídica de la Federación

 

El diputado Miguel Ángel Chico Herrera (Morena) presentó una iniciativa que modifica las Leyes de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución y Federal del Trabajo, y expide la Ley General de Centros de Conciliación, para regular la representación jurídica de la Federación, transferida al consejero jurídico del Ejecutivo federal, respecto de juicios y procedimientos ordinarios, contencioso administrativos o de naturaleza diversa a la jurisdiccional.

 

La iniciativa, que se envió a la Comisión de Gobernación y Población, señala que el fin es otorgarle la atribución para determinar la dependencia en que recaerá la representación de los mismos, con lo cual se permitirá apoyarse en las demás oficinas de la administración pública federal, para la atención de los diversos juicios y procedimientos, en razón de la materia de su especialidad, generándose así el sistema integral de defensa jurídica de los intereses de la federación.

 

Incrementar penas por incumplimiento de pensión alimenticia

 

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores se turnó una iniciativa de la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado (PAN) que reforma los artículos 336 y 336 Bis del Código Penal Federal, para  incrementar las penas por incumplimiento de pensiones alimenticias y determinar que las investigaciones y denuncias en la materia se resuelvan con celeridad.

 

El documento establece que a quien sin motivo justificado abandone a sus hijos o a su cónyuge, sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia, se le aplicarán de uno a cinco años de prisión, o de 200 a 380 días multa; asimismo, determina que las investigaciones y denuncias por incumplimiento de obligaciones alimentarias no prescribirán y, en los casos que se compruebe dolo en el estado de insolvencia, las obligaciones alimentarias serán retroactivas.

 

Expedir la Ley del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales

 

La senadora Sylvana Beltrones Sánchez (PRI) propuso expedir la ley respectiva para crear el Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.

 

El documento señala que este organismo ofrecerá el servicio público de conciliación, para la solución de  conflictos laborales entre trabajadores y empleadores, individuales o colectivos, en asuntos del orden federal, y ofrecerá una instancia eficaz y expedita para dar certeza y seguridad jurídica. Asimismo, el instituto tendrá a su cargo el registro de los convenios de administración de los contratos ley, de los contratos colectivos de trabajo y convenios relativos a éstos, de los reglamentos interiores de trabajo y organizaciones sindicales, y de los procesos administrativos relacionados con las facultades de registro. Se envió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

Prevenir y atender el suicidio de menores

La diputada del PES, Adriana Paulina Teissier Zavala presentó una iniciativa para adicionar el artículo 16 Bis a la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, a fin de que las autoridades federal, estatales, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México, lleven a cabo las acciones necesarias para prevenir y atender el suicidio en menores de edad.

Esta conducta en niñas y niños de entre 10 y 14 años, representó el 3.5 por ciento del total registrado en 2016. La incidencia del fenómeno en infantes es más alto que el observado en adultos mayores de 60 años y más. Por ello, debe priorizarse el principio constitucional de interés superior a la infancia, para preservar la vida de esta población. La propuesta se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, para dictamen.

Crear una Comisión de la Verdad en desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) propuso crear una Comisión de la Verdad en materia de delitos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en el periodo 2006-2018, a fin de investigar, analizar y aportar elementos históricos, políticos y jurídicos, para determinar si estos casos constituyen en México delitos de lesa humanidad, de acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

“Esto permitiría establecer, como política pública, los principios de justicia restaurativa, y que los derechos humanos sean la base de las investigaciones y de probables hechos delictivos cometidos por agentes del Estado en contra de la sociedad en su conjunto”, apuntó. La propuesta se remitió a la Comisión de Derechos Humanos, con opinión de las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados.

Prohibir e infraccionar el abandono de redes de pesca

A fin de preservar la fauna y el medio ambiente marino, la diputada del PVEM, Beatriz Manrique Guevara presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, a fin de prohibir e infraccionar el abandono de redes de pesca en los océanos; además, diseñar programas de tratamiento, destino y reciclaje, porque esos instrumentos se convierten en trampa mortal para las diferentes especies al quedar atrapadas y son una fuente principal de contaminación.

Cada año, explicó, se pierden en el mar alrededor de 640 mil toneladas de aparejos de pesca, que actúan como redes fantasma, apresando animales marinos. Las redes permanecen a la deriva durante años y pueden llegar a medir hasta un kilómetro y medio de largo, funcionando como una amenaza para el ecosistema por un largo tiempo. La proposición se turnó a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados para dictamen.