El 15 de junio ha sido declarado como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, en México residen 15.4 millones de personas de 60 años o más; 1.7 millones de ellas viven solas; seis de cada diez no son económicamente activas; siete de cada diez personas mayores que viven solas presentan algún tipo de discapacidad, la mitad de la población con discapacidad son personas mayores de 60 años.
Algunas de las condiciones antes enlistadas favorecen la dependencia, lo que propicia dinámicas violentas difíciles de superar. Muchas personas mayores tienen dificultad para poner alto e incluso denunciar el maltrato o el abuso físico, psicológico y patrimonial pues, con frecuencia, la violencia es ejercida por la propia familia o por integrantes de las instituciones de albergue en que algunos residen.
Al respecto, es importante considerar los resultados del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) pues refiere que las personas con buena salud física, apoyo social y sin depresión tienen mayor posibilidad de superar una crisis por lo que identificar el porcentaje de personas mayores que reportan sentimientos de soledad y síntomas depresivos es importante para diseñar medidas públicas de atención, sobre todo en las personas mayores que manifiestan con mayor frecuencia tales síntomas.
El contexto actual de encierro debido a la pandemia por COVID-19 puede incrementar la violencia hacia las personas mayores, así como contribuir a estados de ánimo adversos a su salud.
Por lo anterior, es fundamental la implementación inmediata de medidas de prevención de la violencia focalizada a este grupo de población que atiendan integralmente sus condiciones de salud, nivel de vida adecuado y cuidado.
Para la Ciudad de México significa un reto por dos razones. La primera es que no solo es la entidad federativa con mayor presencia de personas mayores del país y, de acuerdo con la proyección para 2030, este orden permanecerá en los próximos diez años. La segunda, es que es la entidad federativa con el mayor número de casos de COVID-19.
Dentro de las medidas relevantes en el contexto actual para procurar la salud de las personas mayores se encuentran reforzar sus redes sociales, así como el acceso a servicios de salud y las necesidades básicas; promover campañas de salud pública con guías especiales para atenderlas de manera integral, procurando especialmente su salud emocional.
De igual forma proporcionar capacitación básica para familiares y amigos para que puedan servir como cuidadores informados de personas mayores que necesiten ser atendidas en casa, entre otras.
De manera principal, es necesario promover la conciencia respecto a la violencia familiar de la cual pueden ser víctimas. Tan solo durante el mes de abril de 2020, en el que las políticas de sana distancia se concretaron, se registraron 1,285 víctimas en carpetas de investigación por ese delito en la Ciudad de México y el 10% de ellas correspondieron a personas de más de 60 años, dos terceras partes de las víctimas son además mujeres.
Si bien esa cifra es ligeramente menor a la registrada en abril de 2019 (163), es preciso tomar en cuenta que el confinamiento puede ser un factor para evitar la denuncia y que si durante el contexto de emergencia se han registrado más denuncias de violencia de género en el ámbito familiar, no habría razón para pensar que la cifra de víctimas personas mayores no hubieran aumentado pues para ellas tiende a ser menos accesible denunciar.
Finalmente, es de conocimiento público que las personas mayores son una población en riesgo por el contagio de COVID-19 y si bien no son el grupo etario que más casos ha registrado, sí es uno de los de mayor vulnerabilidad al virus. Al día de hoy, casi el 14% de las personas con diagnóstico confirmado a este virus corresponden a personas de 61 a 100 años. Por lo anterior, las personas mayores deben atender de manera más estricta las medidas de distanciamiento social, sin embargo, son uno de los grupos más afectados por éstas en términos de salud emocional, mental y de nivel de vida adecuado.
La Constitución Política de la Ciudad de México protege a las personas mayores al considerarlos como uno de los grupos de atención prioritaria, a quienes les reconoce el derecho a una Ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializados y a cuidados paliativos, así como a una pensión económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley.
Todas ellas son medidas ordinarias necesarias, sin embargo, a la luz de tales derechos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) considera urgente implementar medidas de impacto inmediato para que las personas mayores ejerzan estos derechos en el contexto actual.
El día de hoy es fundamental difundir que el texto constitucional local dispone el establecimiento de un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e integridad. Es fundamental implementar efectivamente dicho sistema.
Los derechos reconocidos en la Carta Magna local son armónicos con el principal instrumento regional de protección de los derechos humanos de las personas mayores, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, misma que se espera que nuestro país pueda firmar y ratificar en el corto plazo. Mientras eso sucede, es necesario guiar las acciones y políticas públicas locales con base en ese estándar normativo para protegerlas de cualquier tipo de abuso, maltrato u otro tipo de violencia.
