Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) la migración indocumentada tiene implicaciones múltiples en la vida de las personas que se ven forzadas a desplazarse de sus lugares de origen. En el caso de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) acompañados, no acompañados o separados de sus familias, que huyen principalmente de la violencia y la pobreza, se enfrentan a grandes riesgos como la extorsión, reclutamiento forzado, tráfico y trata de personas con fines de explotación laboral, sexual, pornografía, mendicidad, tráfico de órganos e incluso a perder la vida.
También se ven expuestos a la detención migratoria, ya que, de enero a abril de 2019, el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó 15 mil 208 eventos de detención de niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 58% abarca entre los 0 y 11 años de edad y el 42% corresponde entre 12 y 17 años. En el mismo periodo del año 2018, se registraron 9 mil 926 eventos de detención, siendo el 45% NNA menores de 11 años de edad y 55% mayores de 12 años. Esto representa un aumento del 35% en la detención de esta población durante el mismo periodo.
De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en un informe sobre Migrantes Desaparecidos[1], destaca que al menos 30 mil 510 personas han perdido la vida al intentar migrar de forma irregular en los últimos cinco años; 5 mil casos eran hombres, mil 700 mujeres y mil 600 niños, lo que equivale al 6%. En las Américas, al menos mil 871 personas perdieron la vida entre las fronteras de México y Estados Unidos.
Para la protección de NNA, particularmente migrantes, de acuerdo con el marco normativo internacional, México ha ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, así como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias de 1990.
Existe además un apartado de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que habla de la Niñez migrante y Sujeta de Protección Internacional y finalmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 4º, establece que es una obligación del Estado mexicano proteger a la infancia, independientemente de su origen étnico o nacional. De la misma forma la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce tanto los derechos de NNA como de las personas migrantes y sujetas de protección internacional.
Este Organismo en los últimos meses ha observado con preocupación las noticias que describen la muerte de niños y niñas en su intento por cruzar las fronteras como en los centros de detención entre Estados Unidos (EEUU) y México. Casos como el del pequeño sirio Alan Kurdi, quien apareció muerto en una playa de Turquía con la intención de llegar con su familia a Canadá; Valeria, niña salvadoreña quien falleció junto con su padre al intentar cruzar el Río Bravo este fin de semana; Stephani, niña de 10 años guatemalteca quien pereció en una estación migratoria de la Ciudad de México; o Felipe de 10 años, guatemalteco que murió en un centro bajo custodia de la patrulla fronteriza en EEUU, son solo algunos ejemplos. Cabe mencionar que recientemente fueron encontrados los cadáveres de cuatro personas, una mujer de 20 años, un niño y dos bebés, en la zona fronteriza de Texas, cerca del Río Bravo.
La CDHDF enfatiza que las niñas, niños y adolescentes por ningún motivo deben ser expuestos a riesgos que pongan su integridad física y mental, ni mucho menos su vida en peligro, sobre todo para quienes intentan salvaguardar sus derechos y su vida al migrar. Los esfuerzos de gobierno en sus tres niveles y poderes, deben encaminarse a garantizar que la vida e integridad de NNA sean garantizadas, que su interés superior sea siempre la guía de cualquier acción de gobierno.
Antes de ser migrantes son niñas, niños y adolescentes que requieren de la protección de todo el aparato del Estado.
[1] Consultado en: https://www.iom.int/es/news/informe-de-la-oim-30000-muertes-y-desapariciones-de-migrantes-irregulares-entre-2014-y-2018
