Principal Política Las fiscalías anticorrupción deben ser autónomas del Ejecutivo federal y gobernadores: Juan...

Las fiscalías anticorrupción deben ser autónomas del Ejecutivo federal y gobernadores: Juan Carlos Villarreal

101
Compartir

El secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputado Juan Carlos Villarreal Salazar (MC), afirmó que existe un marco jurídico robusto en la materia; sin embargo, es prioritario que las fiscalías anticorrupción sean autónomas de los ejecutivos tanto federal como estatales.

En reunión de trabajo con colectivos, asociaciones de profesionistas, representantes de cámaras empresariales y sociedad civil, el legislador destacó la necesidad de respaldar a las fiscalías anticorrupción con herramientas legales para que tengan la capacidad de ser independientes y den resultados concretos a los ciudadanos.

Hacia el logro de esos objetivos, deben transitar las acciones legislativas y judiciales contra ese flagelo. Sólo con la aplicación de sanciones penales, administrativas y económicas a corruptos, decomisar sus bienes y dinero se evitará que esta lucha sea una utopía y se convierta en realidad.

“No sólo debe haber denuncias espectaculares y que se conozcan los casos mediáticos, sino saber cuánta gente hay detenida y si existe recuperación de los montos millonarios involucrados en los actos de corrupción. Hacia allá vamos; estamos trabajando no solamente en el engranaje penal y de denuncia, también en obtener resultados”.

A ese propósito, reiteró el diputado de MC, estamos encaminados para que deje de ser una utopía.

Villarreal Salazar informó que la comisión trabaja de manera permanente en el parlamento abierto con el objetivo de atender los temas urgentes en materia de transparencia y rendición de cuentas, a la par de definir las prioridades y agenda para el siguiente periodo ordinario de sesiones.

Resaltó la necesidad de perfeccionar el Sistema Nacional Anticorrupción y las fiscalías estatales, además de promover una cultura ciudadana para usar las herramientas en materia de transparencia.

Asimismo, a fin de solicitar y exigir información a las autoridades, evaluar la capacidad de éstas para responder y, de no hacerlo, atender los recursos jurídicos.