Ante los pocos indicios de cuál será la política pública dirigida a las personas con discapacidad, que promuevan su inclusión integral en la sociedad, la titular de la Secretaria de Atención a Personas con Discapacidad del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, la maestra Norma Aceves García, demandó claridad en los mecanismos que implementará el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría del Bienestar en pro de este sector.
Hasta el momento, dijo la titular, la única acción emprendida por el Gobierno Federal es el otorgamiento de pensiones para un millón de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que viven en municipios de alta marginación y en pueblos indígenas, cuya acción no tendrá mayores consecuencias que aumentar su ingreso, sin sacarlos de la pobreza, porque aún no se vislumbra cómo accederán a la educación, el empleo, la formación de la empresa propia, y sobre todo, la participación en los asuntos públicos, elementos necesarios para su empoderamiento y por ende, su inclusión al desarrollo, tal como lo mandata la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual México es país firmante.
“Esta acción es de carácter asistencial y es indispensable que el Gobierno Federal implemente nuevas políticas públicas transversales o refuerce aquellas que sí han dado resultados en materia de educación inclusiva, accesibilidad, movilidad, acceso a la información, empleo, igualdad ante la Ley, salud -considerando la rehabilitación- y otras acciones, para no quedarse únicamente en la transferencia de recursos económicos de forma directa y que no promueven la autonomía de quienes vivimos con algún tipo de discapacidad”, señaló.
Además, manifestó su preocupación ante la dilación del grupo parlamentario mayoritario en el Congreso de la Unión, para dictaminar la iniciativa presentada por el PRI en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, sobre la creación del Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad, que de aprobarse, implicaría una evolución del actual CONADIS, que aún hoy se encuentra sin titular, y que para el Poder Ejecutivo representa un aparato administrativo con pocos fondos e inoperante, tal como lo describió en su conferencia matutina del día de ayer.
“La principal diferencia entre ambas dependencias es que el instituto es un órgano descentralizado y no sectorizado de la Administración Pública Federal, es decir, no depende de ninguna Secretaría de Estado o dependencia del Ejecutivo Federal, por lo que sus objetivos, metas programáticas, indicadores e incluso su régimen de transparencia y rendición de cuentas, no están alineados a los de la Secretaria de Bienestar, como sucede con el CONADIS, sino directamente con los del Plan Nacional de Desarrollo”, destacó.
