En las oficinas centrales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el titular Alfonso Durazo Montaño, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, encabezaron la mesa de trabajo con representantes del sector privado para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en 10 meses de trabajo, donde las necesidades de seguridad de los empresarios han sido atendidas a fin de disminuir eficazmente los delitos que impactan a sus sectores y a la ciudadanía.
El secretario Alfonso Durazo aseguró que el Gobierno de México emprende a diario una estrategia de seguridad en tres vertientes: esfuerzo intensivo en desarrollo social para dar oportunidades de sobrevivencia económica; combate de la delincuencia con el despliegue coordinado de los cuerpos policiales federales, estatales y municipales, privilegiando en todo momento el trabajo de inteligencia antes que el uso indiscriminado de la fuerza, y una firme política de cero tolerancia a cualquier forma de corrupción.
Al destacar que es imposible combatir el crimen organizado con el crimen uniformado, Durazo Montaño señaló que la encomienda es combatir la corrupción en el aparato público con énfasis en los cuerpos policiales y muy particularmente en sus mandos. “Se acabaron los moches, los entres, las cuotas, la venta de patrullas, grados y ascensos. Se acabó también la discrecionalidad en el gasto de seguridad y, por supuesto, la partida de seguridad nacional que no estaba sujeta a ningún tipo de restricción y cuyo uso era prácticamente discrecional”.
Celebró los logros obtenidos en estos trabajos con el CCE como la aprobación de la ley “Anti jammer”, que regula equipos bloqueadores de señal utilizados por grupos criminales para el robo de transporte de carga en el país, la iniciativa presentada para crear un registro de tarjetas sims para combatir la criminalidad relacionada al uso de teléfonos prepago y el fortalecimiento del marco jurídico con la preparación de la Ley Nacional de Seguridad Privada para contar con un registro confiables de los más de 500 mil elementos de seguridad privada que operan en el país.
El presidente del CCE, Carlos Salazar, puntualizó que el plan de infraestructura del CCE se suma a la estrategia marcada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y dirigida por el secretario Alfonso Durazo, con el objetivo de priorizar el tema de la seguridad ya que dijo que “no hay nada más prioritario que tratar de tomar el control de la seguridad del país”.
Además, agradeció el apoyo de la SSPC por constituir este encuentro estratégico y señaló que con esta coordinación, los organismos que representan a la industria, el comercio, los servicios bancarios y demás empresas vinculadas al CCE colaboran en la seguridad pública a través de estrategias conjuntas en favor del sector privado y de todos los mexicanos.
En su oportunidad, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, destacó el trabajo coordinado con organismos que representan a la industria, el comercio y los servicios, con representantes de los estados de México, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Morelos y Veracruz, y con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), para conformar una estrategia integral que atiende desde el combate a la corrupción, extorsión, inteligencia y prevención del delito.
Por otra parte, el presidente de la Comisión de Seguridad del CCE, Jaime Domingo López Buitrón, informó que en seguimiento al acuerdo entre los titulares del CCE y la SSPC del pasado mes de febrero, se han abordado 10 temas generales con avances muy satisfactorios en la mayoría de la agenda.
Añadió que se instalaron mesas de seguridad turística, de combate a la extorsión, de seguridad privada, de estadística, de atención nacional de prevención de adicciones, de robo a autotransporte, de la prueba piloto para vincular la infraestructura tecnológica del sector privado con Plataforma México, entre otros temas.
“Para atender estos temas se han llevado a cabo 77 mesas en 10 meses, con minuta, con orden del día, con resultados y con seguimiento de acuerdos, en las cuales se han revisado 174 puntos, de los cuales ya se cumplieron 68, en trámite pero en tiempo y forma 51, pendientes por cumplir 15, por lo que estamos superiores al 85 por ciento de cumplimiento. Tenemos objetivos claros para el 2020 enfocados a mejorar protocolos, establecer esquemas de propuestas legislativas”, concluyó López Buitrón.
