Una segunda vuelta electoral en México no puede enmarcarse en la discusión ni en las propuestas sobre una posible reforma electoral, ya que no es un tema que esté a debate ni una opción política viable planteada por alguna fuerza política, aseguró el licenciado en Ciencia Política por la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Alejandro Viedma Velázquez.
En las Mesas de diálogo Reforma político-electoral 2019: ¿hacia un sistema electoral menos costoso y centralizado? que se llevaron a cabo en la Unidad Iztapalapa, el diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) explicó que su grupo parlamentario y el Poder Ejecutivo no han impulsado hasta ahora una reforma en la materia y sólo han sido discutidas iniciativas presentadas a título individual por legisladores.
Una segunda vuelta electoral en el país provocaría fatiga en la ciudadanía y, por tanto, bajos niveles de participación; las campañas políticas con sus spots, propaganda y bombardeo mediático cansan a la gente, además de que se correría el riesgo de construir mayorías artificiales.
El doctor Alberto Escamilla Cadena, profesor investigador del Departamento de Sociología, sostuvo que de 18 países de América Latina, 13 han incorporado el método de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, y sólo México, Honduras, Panamá, Paraguay y Venezuela mantienen una sola vuelta.
Los que abogan por la validez de esa opción electoral afirman que el sistema de una sola ronda corre el riesgo de dar la victoria a un vencedor con poca aceptación, por debajo de 50 por ciento de los votos, lo que redunda en una baja legitimidad, mientras que una segunda vuelta afianza la aceptación, evita la elección de presidentes minoritarios y crea incentivos para formar alianzas electorales, lo que fortalece las condiciones para generar gobernabilidad.
Para otros teóricos conlleva varios riesgos, como la instalación de un presidencialismo más duro, con amplios márgenes de maniobra que genera desencuentros entre los partidos políticos y vaivenes antagónicos entre los poderes del Estado, y que pueden tender a un control totalitario sobre instituciones que generan contrapesos.
Los comicios de 2018 en México demostraron que el sistema de mayoría relativa en una sola ronda forjó una legitimidad de origen, con un porcentaje de más de 50 por ciento de los votos para consolidarse como un gobierno unificado y apoyado por una mayoría en el congreso.
Pero también es cierto que bajo el mismo esquema, los procesos de 2006 y 2012 demostraron que los presidentes elegidos lograron una débil legitimidad, pues apenas alcanzaron el 35 y 38 por ciento de las votaciones, respectivamente.
Esta retrospectiva muestra que el sistema electoral mexicano puede producir ambos efectos; los defensores de la doble vuelta señalan el peligro de la elección en una sola ronda de un presidente con menos de 40 por ciento de los votos, como sucedió en 2006 y 2012.
Los que están en favor de la segunda vuelta afirman que esta fórmula tiende a concentrar el voto del electorado únicamente en dos grandes coaliciones que compiten en la segunda ronda, mientras que con la fórmula de una ronda el sufragio se dispersa y se fragmenta, propiciando una representación política también dividida.
Escamilla Cadena aseguró que la segunda vuelta en la elección presidencial representa una falsa solución a los problemas de gobernabilidad democrática, porque en lugar de acabar con la polarización, la incrementa aún más; “el problema radica en la persistencia de un régimen presidencial con un sistema pluripartidista”.
El Consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Enrique Andrade González, afirmó que si en México se pensara en aplicar ese u otros mecanismos o candados para los comicios presidenciales, no se hablaría de una reforma constitucional, sino de una reforma legislativa.
El INE no tiene una posición firme respecto de la segunda vuelta electoral en México y tampoco es una discusión que esté sobre la mesa, en todo caso si se habla de una propuesta, se plantearía esta posibilidad en el caso de una elección muy cerrada, con una diferencia menor a cinco por ciento como sucedió en 2006, pues aminoraría un conflicto postelectoral y afianzaría la legitimidad política.
