En sesión pública, la Sala Especializada no ve responsabilidad del presidente de México; se concluye que 36 servidores y servidoras públicas realizaron actos de propaganda gubernamental indebida con la entrega de programas de desarrollo.
Por mayoría, el pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó que la entrega de programas sociales por personal de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal constituyó propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, ya que pudo ser identificable el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la indumentaria que portaban, así como la mención a logros cumplidos en diversas frases y discursos emitidos durante la entrega.
En la resolución, no se le atribuye responsabilidad alguna al presidente de México, porque no autorizó el uso de su nombre e imagen, ni participó en los hechos denunciados. Tampoco se concretó esa responsabilidad al partido político Morena.
En cuanto a María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Bienestar, y Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal, se concluyó que no son responsables de las infracciones ya que la ejecución de los programas sociales es responsabilidad de las y los titulares de las Delegaciones Estatales.
Se determinó que 36 servidores y servidoras públicas (en delegaciones, subdelegaciones regionales y “servidores de la Nación”) realizaron actos de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos con la entrega de programas sociales, que además se difundieron en diversas redes sociales de estas personas del servicio público y en notas periodísticas.
También se advirtió que la propaganda gubernamental denunciada pudo vulnerar el interés superior de la niñez, ya que en diversas publicaciones se observa su imagen, sin que se demostrara contar con el consentimiento y la opinión tanto de las niñas y los niños, como del padre, madre o tutor.
Por tanto, se envía la sentencia al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, así como a la titular de dicha Secretaría para lo que corresponda.
El PRD denunció a López Obrador, a María Luisa Albores González; a Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal; así como al personal de la Secretaría de Bienestar, por la supuesta difusión de propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.
Desde el punto de vista del PRD, se implementó una supuesta campaña en la que personal de la Secretaría de Bienestar (delegaciones, subdelegaciones regionales y “servidores de la Nación”) realizaron diversas acciones, tales como el levantamiento de un censo y la distribución de programas sociales, mediante los cuales promocionaron el nombre y logros del presidente de México y el partido político Morena, con el fin de posicionarse política y electoralmente frente a la población e influir en los próximos procesos electorales locales y federales.
Además, para el desarrollo de estas actividades, portaron chalecos, mochilas, gorras y gafetes, y visitaron a la ciudadanía en sus domicilios, con el propósito de registrar a posibles beneficiarios/as y entregar tarjetas bancarias para dichos programas sociales.
