La Sala Regional Xalapa confirmó negativa de registro de candidata a diputada local de RP, postulada por el PRI en Chiapas

Electoral

XALAPA, Ver.- En sesión pública, celebrada por el sistema de videoconferencia, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) que, a su vez, confirmó los acuerdos IEPC/CG-A/183/2021 y IEPC/CG-A/185/2021 emitidos por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) del mismo estado, con los que se declaró improcedente el registro de Ana Karen Ruíz Coutiño como candidata a diputada local, propietaria, postulada para la primera fórmula por el principio de representación proporcional (RP), por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al considerar que no acreditó la autoadscripción calificada indígena.

La magistrada y magistrados federales determinaron que, contrario a lo señalado por la parte actora, el TEECH fundo y motivó de manera correcta su sentencia, puesto que analizó tanto las constancias aportadas por el PRI al momento de realizar el registro para acreditar la autoadscripción calificada indígena de la candidata, así como las entregadas en atención al plazo otorgado para realizar las manifestaciones o la sustitución correspondientes.

De ahí que coincidieron con lo expuesto por el TEECH, en el sentido de que los documentos aportados por la parte actora no resultan suficientes para acreditar el vínculo con la comunidad indígena que pretende representar, pues sólo constituyen un indicio, el cual no puede vincularse con otros elementos de prueba para acreditar, de manera objetiva, dicha autoadscripción.

En suma, en la sesión pública no presencial, por el sistema de videoconferencia de este 04 de junio se resolvieron 42 medios de impugnación: 34 juicios ciudadanos federales, seis juicios de revisión constitucional electoral y dos juicios electorales.

Lo anterior, en cumplimiento al Acuerdo General 8/2020 de la Sala Superior del TEPJF en el que se precisan criterios a fin de discutir y resolver de forma no presencial asuntos de la competencia del TEPJF, ante la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).