La Sala Regional Ciudad de México ha combatido la violencia política contra las mujeres en razón de género y vela por la inclusión de comunidades y pueblos indígenas

Electoral

Con el objetivo de cumplir con la rendición de cuentas y el principio de máxima publicidad, la magistrada presidenta de la Sala Regional Ciudad de México, María G. Silva Rojas, presentó su informe de labores 2021-2022, en el que destacó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sentado las bases para que la transmisión del poder público se haga efectiva por cauces pacíficos, en respeto a la voluntad de la ciudadanía y con integridad electoral.

En sesión solemne, ante el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón; el magistrado Felipe Fuentes Barrera y la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, así como los integrantes de la Sala Regional Ciudad de México, el magistrado José Luis Ceballos Daza y el magistrado en funciones, Luis Enrique Rivero Carrera, la magistrada presidenta María Silva señaló que esta Sala trabaja porque cada caso concreto sometido a su jurisdicción resuelva y prevenga -en la medida de lo posible- los conflictos sociales que pudieran generarse si se fracturan los principios que sostienen la democracia.

Detalló que, de noviembre de 2020 a diciembre de 2021, las labores de la Sala Regional Ciudad de México estuvieron enfocadas en resolver los últimos juicios derivados del proceso electoral 2020-2021; asimismo, recibieron impugnaciones relacionadas con la protección de derechos político-electorales de pueblos y comunidades indígenas, originarias y sus integrantes, y la tutela del derecho a ejercer el cargo de diversas personas, en algunos casos relacionados con la comisión de violencia política contra las mujeres por razón de género.

Destacó que como una de las acciones y con el fin de ser un tribunal independiente y confiable que brinda certeza con su actuación jurisdiccional, celebraron 150 sesiones privadas, de las cuales en el 86 por ciento resolvieron asuntos jurisdiccionales, y donde el 91.17 por ciento de los casos fueron resueltos por unanimidad.

Por su parte, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón subrayó que el Tribunal Electoral ha sido, es y seguirá siendo el pacificador de las controversias políticas y guardián de las elecciones democráticas, de ahí que, afirmó, el acatamiento sin reservas de las sentencias es el fundamento del imperio de la Ley. La obligación constitucional del TEPJF, dijo, es restaurar el orden jurídico, así como también juzgar con independencia, con un trato igual, es decir, sin considerar el partido o la candidatura que comete un acto de infracción, habrá que prevenir y, en su caso, sancionar.

Destacó que en democracia la última palabra es la del ciudadano y en justicia electoral nuestra Constitución, por lo que señaló que solo al juzgar con absoluta lealtad a la Constitución, con argumentos jurídicos basados en los precedentes y líneas jurisprudenciales y resistiendo a los vaivenes de la política, se dictan sentencias legítimas capaces de mitigar los conflictos político-electorales.

El magistrado presidente Reyes Rodríguez advirtió que la responsabilidad del Tribunal Electoral es contener, limitar y corregir abusos. Nuestra vocación democrática, dijo, exige proteger la libertad y los derechos de cada ciudadana y ciudadano para que expresen sus preferencias políticas en todas las elecciones.

Señaló que juzgar desde la perspectiva de integridad electoral no es un ejercicio intelectual ni de filosofía del derecho, sino una tarea guiada por la razón jurídica, el compromiso profesional y la auto restricción. Un Tribunal Electoral que juzga con independencia y perspectiva de integridad hace posible que cada mexicana y cada mexicano pueda apropiarse plenamente de sus libertades, de sus derechos y de una vida cada vez más digna y pacífica, añadió.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral destacó el informe rendido por la magistrada presidenta de la Sala Regional Ciudad de México, en el que se muestra su compromiso con el Estado de derecho, la democracia y la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía al juzgar con una visión intercultural diversos casos, defendiendo la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas.