- En su último informe, el organismo describe además cómo las partes en conflicto en Siria cometieron violaciones y abusos generalizados contra los derechos humanos durante la segunda mitad de 2022 y denuncia que la población civil en el país continuaba desprotegida. A esa situación, le sucedieron los terremotos más devastadores en la región en más de un siglo.
Las partes implicadas no consiguieron llegar a un acuerdo sobre una pausa inmediata de las hostilidades, ni permitieron o facilitaron la llegada de ayuda vital por cualquier vía disponible, incluidos equipos y material de rescate durante la primera semana tras el terremoto.
«Aunque hubo muchos actos de heroísmo en medio del sufrimiento, también fuimos testigos de un fracaso generalizado del gobierno y de la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, a la hora de dirigir rápidamente la ayuda vital a los sirios más necesitados», afirmó el presidente de la Comisión de Investigación.
Desprotección en toda la geografía del país
El informe, presentado este lunes, también documenta las continuas violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario en el país en los últimos seis meses de 2022, incluyendo la situación especialmente delicada de los sirios en los frentes del norte y el noroeste.
En las zonas controladas por el gobierno, la Comisión documentó un aumento de la inseguridad en distintas ciudades del centro y el sur del país, y continuos encarcelamientos arbitrarios, torturas, malos tratos y desapariciones forzadas. Las violaciones de los derechos de propiedad incluyeron confiscaciones, subastas y prohibiciones de acceso a la propiedad.
En la zona noroccidental, la más afectada por el terremoto, las fuerzas gubernamentales atacaron campos de desplazados densamente poblados situados en una zona controlada por la oposición, matando a siete civiles e hiriendo al menos a 60 más. En agosto, otro ataque indiscriminado mató a 16 civiles e hirió a 29 en un concurrido mercado al noreste de Alepo. En julio, ataques aéreos de las Fuerzas Aeroespaciales de la Federación Rusa destruyeron una casa, matando a siete miembros de una familia e hiriendo a otros 13 civiles. Estas atrocidades continúan una pauta establecida desde hace tiempo de ataques indiscriminados, que pueden constituir crímenes de guerra.
Mientras tanto, la organización yihadista Hayat Tahrir al Sham detuvo y torturó arbitrariamente a personas en la ciudad de Idlib y la Comisión está investigando si se llevaron a cabo ejecuciones por fusilamiento. En zonas controladas por el Ejército Nacional Sirio, la Comisión documentó tomas de rehenes, saqueos y confiscaciones de bienes y en Alepo occidental también hubo detenciones arbitrarias y torturas por parte del ejército opositor.
En el noreste, las Fuerzas Democráticas Sirias dirigidas por kurdos siguen reteniendo ilegalmente a 56.000 personas, principalmente mujeres y niños, con presuntos vínculos familiares con combatientes del Daesh en los campos de refugiados, donde las condiciones siguen deteriorándose. La Comisión cree que puede haber crímenes de guerra y atentados contra la dignidad personal, y pide que se aceleren las repatriaciones.
Necesidad de un alto al fuego general
«Los sirios necesitan ahora un alto al fuego general que se respete plenamente, para que los civiles, incluidos los trabajadores humanitarios, estén a salvo. Incomprensiblemente, debido a la crueldad y el cinismo de las partes en conflicto, ahora estamos investigando nuevos ataques incluso en las mismas zonas devastadas por los terremotos», añadió Paulo Pinheiro. Entre ellos figura el ataque israelí de la semana pasada contra el aeropuerto internacional de Alepo, conducto de la ayuda humanitaria.
La ONU calcula que unos cinco millones de personas necesitan refugio básico y ayuda no alimentaria en la parte siria de la zona afectada por el terremoto. Ya antes de los terremotos del 6 de febrero, más de 15 millones de sirios, más que en ningún otro momento desde el inicio del conflicto, necesitaban ayuda humanitaria.
«Hoy en día, la mayoría de las personas sin refugio en estas zonas son niñas y mujeres, muchas de ellas cabeza de familia, y la ampliación de la ayuda debe tener en cuenta el impacto de género de la crisis», declaró la comisaria Lynn Welchman.
Frente a este sombrío panorama, hay un rayo de esperanza para las familias sirias que buscan a sus parientes desaparecidos. La Comisión apoya desde hace tiempo los llamamientos de las familias para que se cree una entidad internacional independiente que apoye la búsqueda de los desaparecidos y de las familias de los supervivientes, y acoge con satisfacción los primeros pasos en esta dirección. A finales de este mes, está previsto que el líder de la ONU informe a la Asamblea General sobre las desapariciones en Siria.
«Esto debe ser una llamada a la acción», dijo Pinheiro, añadiendo que «esta cuestión afecta a personas de todo el espectro político y geográfico en Siria y la próxima sesión informativa del Secretario General debe conducir a acciones concretas, sin más demora.»
La Comisión presentará su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra el martes 21 de marzo.
