Washington D.C.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de la periodista María Elena Ferral Fernández, en Papantla (Veracruz) y manifiesta su extrema preocupación por la persistencia de asesinatos contra las y los periodistas, comunicadores y personas ligadas a la prensa en México. Esta Oficina insta al Estado mexicano a que investigue de forma completa, efectiva e imparcial este crimen, esclarezca su móvil y determine la relación que podría tener con la actividad periodística. Al mismo tiempo, la Relatoría Especial reitera a México que debe revisar e implementar medidas decisivas para fortalecer el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en línea con las recomendaciones realizadas en el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México del 2018.

De acuerdo con la información disponible, durante la tarde del 30 de marzo pasado, la corresponsal del Diario de Xalapa y directora del medio Quinto Poder, María Ferral Fernández fue atacada por un individuo a bordo de una motocicleta al momento en que la periodista se dirigía a su vehículo en el centro del municipio de Papantla. La periodista murió horas después de ser intervenida quirúrgicamente en un hospital de la región debido a las heridas causadas por disparos de arma de fuego.

Diferentes Organizaciones han denunciado que Ferral habría reportado -en varias ocasiones- amenazas de muerte en su contra, razón por la cual presentó en 2015 una querella, en dicha ocasión la periodista habría mencionado que las amenazas provendrían de un político de su zona que aparecía siempre escoltado por hombres armados. Asimismo, en el 2016 la periodista alegó amenazas de muerte directas durante un encuentro con el mismo dirigente político en un restaurante. El Estado mexicano informó que en el 2018 el mecanismo de protección se contactó con Ferral Fernández para invitarla a incorporarse al mismo, pero la periodista no habría presentado la petición que el mecanismo requiere para asignarle las medidas de protección.

Tanto la Fiscalía como el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, informaron que se abrió una carpeta de investigación sobre el asesinato para encontrar a los responsables del hecho a la mayor brevedad posible: así mismo, indicaron que el Gobierno Estatal brindará todas las atenciones a la familia de Ferral Fernández. Igualmente, el Estado de Veracruz informó que actualmente brinda medidas de protección para el hijo e hija de la periodista.

Esta Oficina ha registrado el asesinato de dos periodistas en México en lo que va del año 2020 que podrían estar vinculados con la labor informativa de las víctimas. La Relatoría ha señalado en distintas oportunidades que los asesinatos contra periodistas en México se dirigen a silenciarlos debido a que en muchos casos éstos investigan la inseguridad y la rendición de cuentas en el país. La situación también es preocupante por el aumento de la violencia contra mujeres periodistas, en el contexto de un hostigamiento basado en estereotipos de género contra las periodistas en el país.

«Siguen sucediendo los casos alarmantes de periodistas asesinados en México, y no observamos que cambie la tendencia de años anteriores, esto es un llamado urgente para que el Estado adopte medidas decididas para fortalecer el mecanismo de protección de periodistas a nivel federal, coordine con los estados y refuerce la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)», indicó el Relator Especial de la CIDH, Edison Lanza.

En el ya citado Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México 2018, la Relatoría Especial recomendó al gobierno federal, implementar una política de prevención dada la gravedad de la crisis de violencia contra periodistas y comunicadores en el país. Entre otras medidas, se recomendó establecer un responsable de recopilar estadísticas desglosadas de los ataques contra la prensa, adoptar un discurso público de reconocimiento a la labor de los periodistas y poner en marcha planes de contingencia para Estados como Guerrero, Veracruz y Chihuahua, donde hay un particular riesgo para el ejercicio del periodismo.

La Relatoría Especial recomienda al Estado mexicano la dotación de más recursos a la FEADLE por la magnitud del problema de violencia que enfrentan y recuerda que tanto la muerte de la periodista María Elena Ferral como todos los demás casos deben ser investigados con prioridad, así como proseguir la investigación de una serie de casos de asesinatos de periodistas cuya contribución resultó fundamental para sus comunidades.

Tanto la Comisión como la Corte IDH se han referido en varias oportunidades al efecto amedrentador que tienen los crímenes contra periodistas y otros profesionales de medios de comunicación, así como para los ciudadanos que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: «[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada».

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.