La ONU mantiene su posición: los asentamientos israelíes son ilegales y violan el derecho internacional

Internacional

Los portavoces del Secretario General y de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos reafirmaron la postura de las Naciones Unidas con respecto a la ilegalidad de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados. Por su parte, el relator especial sobre la situación de las garantías fundamentales en esos territorios condenó la nueva política estadounidense que no los considera una violación del derecho internacional.

La Organización de las Naciones Unidas mantiene su posición de que los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados son ilegales y constituyen una violación flagrante del derecho internacional, según lo estipula la resolución 2334 del Consejo de Seguridad.

Tras el cambio de política anunciado el lunes por el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, en el sentido de que dichos asentamientos no violan las lenes internacionales, el portavoz de la ONU, Stephan Dujarric, aseveró que las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General son la guía de la Organización y que su posición al respecto sigue siendo la misma.

“Conservamos el compromiso de apoyar a palestinos e israelíes para que alcancen una paz duradera basada en esas resoluciones. (…) Lamentamos mucho la decisión y el anuncio de Estados Unidos”, dijo.

“La resolución [2334] dice que las actividades de asentamientos de Israel son una violación flagrante del derecho internacional y constituyen un gran obstáculo para conseguir la solución de dos Estados y una paz amplia y duradera. Esa sigue siendo la posición del Secretario General”, subrayó este martes ante la prensa en Nueva York.

Es nuestra posición de ayer, de hoy y lo seguirá siendo, recalcó Dujarric.

En Ginebra, el portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de para los Derechos Humanos, se pronunció en el mismo tenor.

“Como parte del Secretariado de la ONU, mantenemos la posición de siempre de que los asentamientos israelíes violan el derecho internacional. Un cambio en la política de un Estado no modifica la ley internacional, ni su interpretación por parte de la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Seguridad”, puntualizó Rupert Colville en conferencia de prensa.

El último clavo en el ataúd

Por otra parte, el relator especial* sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados repudió la nueva postura de Estados Unidos y sostuvo que no sólo viola las leyes, sino que marca un rompimiento decisivo con el consenso internacional y valida la ocupación israelí perpetua.

“La decisión del Gobierno estadounidense de tirar por la borda el derecho internacional y legitimar los asentamientos israelíes ilegales es probablemente el último clavo en el ataúd de la solución de dos Estados”, apuntó Michael Lynk en un comunicado.

Advirtió que esta postura es un permiso para que el Gobierno de Israel anexe formalmente grandes extensiones de la Cisjordania ocupada como ya lo ha hecho con Jerusalén Oriental.

“Esto sólo confirmará a un Estado caracterizado por un rígido sistema dual de derechos legales y políticos basado en la etnicidad y la religión. Esto equivaldría a la definición internacional de apartheid”, abundó el experto.

Recordó que en la actualidad hay unos 240 asentamientos y unos 650.000 colonos israelíes en Jerusalén Oriental y Cisjordania.

Lynk enfatizó que los asentamientos son una fuente de violaciones de los derechos humanos, además de que son el motor de la ocupación.

El relator llamó a la comunidad internacional a reafirmar la ilegalidad de los asentamientos y tomar medidas para hacer cumplir la ley internacional mediante la prohibición de las importaciones de bienes y servicios producidos en ellos.

*Los Relatores Especiales forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.