Si bien la Ciudad de México posee un alto valor social y colectivo, también excluye, segmenta y segrega a los que menos tienen, generando profundas desigualdades, afirma la doctora Alicia Ziccardi Contigiani en el volumen 15 de Polis: investigación y análisis sociopolítico y psicosocial, editada por la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
La mayoría de quienes migran del medio rural logran sólo incorporarse de manera informal al mercado de trabajo, con remuneraciones bajas, sin seguridad social y soportando condiciones habitacionales precarias en barrios populares periféricos.
En su artículo Nueva arquitectura espacial, pobreza urbana y desigualdad territorial, la investigadora analiza la dimensión territorial de la pobreza y la desigualdad, fenómenos que no sólo son expresión espacial de procesos económicos y sociales, sino de graves carencias y nuevas inequidades en el acceso y la calidad de bienes y servicios urbanos.
Este análisis se inscribe en la creación de una periferia cada vez más lejana y paupérrima que modifica la morfología urbana y da paso a una gran región urbana metropolitana, una mega-ciudad dispersa, con límites difusos entre los paisajes urbano y rural, con enclaves de riqueza y opulencia por un lado y desarrollos habitacionales con grandes carencias de bienes y servicios por otro.
En la ciudad se registran procesos alentadores propios de una urbe de derechos, al contar desde 2017 con un robusto marco legal que establece las bases para diseñar y aplicar políticas públicas innovadoras, que permiten alcanzar mayores condiciones de igualdad y equidad social, otorgando visibilidad y atención a las demandas de los sectores menos favorecidos, señala la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Sin embargo, aun cuando ha creado un original e innovador programa para atender las necesidades básicas de los adultos mayores y promovido proyectos ciudadanos para crear y/o mejorar los espacios públicos que estimulen la vida social y la solidaridad, al mismo tiempo existen nuevas dinámicas económicas y sociales que mantienen o agravan las antiguas desigualdades, que se entrelazan entre sí y son fuente de procesos de exclusión social.
Entre los que destacan las diferentes formas de precarización del trabajo urbano, la aparición de nuevas prácticas discriminatorias hacia los jóvenes de las clases populares o procesos económicos y sociales vinculados a la economía del delito, lo cual contribuye al incremento de la violencia y la inseguridad.
Uno de los principales desafíos es conocer las formas de articulación de la estructura urbana consolidada con nodos de la nueva centralidad (los centros y subcentros) que constituyen el espacio de referencia para la construcción de la identidad local.
Algunos teóricos han vinculado esta expansión territorial, productora de grandes desigualdades en la calidad de vida que ofrece la gran ciudad, al reclamo por mejores medios de comunicación y transporte público para desincentivar el modelo urbe del automóvil y acortar las distancias entre los nuevos nodos de actividad y el espacio que habita la población, ya que de alguna manera deben estar integrados física, territorial y funcionalmente.
Todas estas transformaciones han dado lugar a diferentes calificativos para describir las metrópolis del siglo XXI como difusas, dispersas y meta ciudades, y a estas grandes regiones metropolitanas como una nueva forma urbana, con la que se ha configurado en la práctica el urbanismo de la movilidad, que lleva a privilegiar la construcción de grandes obras viales, vías rápidas o segundos pisos que faciliten la movilidad en automóvil privado, un bien que sólo poseen los sectores de ingresos medios o altos.
Pero ello no es suficiente y se requieren grandes inversiones en medios de transporte masivos como los trenes rápidos interurbanos y metrobús, que conecten la ciudad periférica con la central y garanticen la movilidad de los sectores populares, sostiene Ziccardi Contigiani.
Estos procesos de expansión territorial, incremento de las desigualdades territoriales, urbanización de la pobreza, segregación residencial y fragmentación urbana son también una consecuencia del debilitamiento de los procesos de planeación urbana y de la política de desarrollo urbano, así como de la muy compleja gobernanza multinivel que existe en la región urbana de la Ciudad de México y que presenta grandes limitaciones para lograr una gestión urbana eficiente y democrática.
El principal componente de la Carta de Derechos contenidos en la Constitución capitalina aprobada en 2017 es el reconocimiento del derecho a la metrópoli y hacerlo efectivo implica el rediseño o la creación de una nueva institucionalidad en el interior de la cual se apliquen las políticas públicas socio-económicas y urbano-ambientales sustentadas en criterios de universalidad, equidad y sostenibilidad económica, social y ambiental.
La revista Polis: investigación y análisis sociopolítico y psicosocial es editada y publicada por la UAM a través de la Unidad Iztapalapa, la División de Ciencias Sociales y Humanidades y el Departamento de Sociología.
