En el Parlamento Abierto “Construyendo la Nueva Legislación para la Educación Superior”, convocado por las comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado, participaron legisladoras y legisladores, rectores, docentes, investigadoras e investigadores y estudiantes.
Esta ley debe expedirse, a más tardar, en 2020
La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adela Piña Bernal (Morena), recordó que por mandato constitucional esta ley debe ser expedida, a más tardar, en 2020, por lo que este tipo de encuentros buscan fortalecer el dictamen para que “entre todas y todos la construyamos”.
Recordó que el pasado 9 de septiembre, el senador Rubén Rocha presentó la iniciativa para expedir el nuevo ordenamiento, suscrita por todos los grupos parlamentarios; el consenso se logró por un intenso trabajo que inició desde enero, de manera coordinada y colaborativa entre las comisiones de Educación de ambas cámaras del Congreso, así como con la Secretaría de Educación Pública.
“Tiene 77 artículos y 18 transitorios; tratamos de que en ella se considerara todo el sistema educativo superior, tanto público como privado. Su objetivo es sentar las bases para dar cumplimiento a la obligación que tiene el Estado de garantizar el ejercicio al derecho a la educación”, resaltó.
Puede perfeccionarse
El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, Rubén Rocha Moya (Morena), señaló que aun cuando la iniciativa ha sido consensada, se puede perfeccionar con los planteamientos de las y los representantes de las instituciones privadas de educación superior, las normales y otros organismos formadores de docentes.
Crear la universidad mexicana
El coordinador del grupo parlamentario del PAN, diputado Juan Carlos Romero Hicks, consideró importante distribuir competencias entre los tres órdenes de gobierno, así como reconocer que la educación es una función pública que imparte el Estado y los particulares. Dijo que es necesario un Sistema Nacional de Educación Superior que permita la coordinación de las entidades federativas, la parte pública y la privada.
Llamó a crear la universidad mexicana y dejar de hablar de la pública y la particular, ya que el sector privado tiene el 31.1 por ciento de la matrícula nacional; asimismo, a dar certeza jurídica a las instituciones privadas, transversalidad del universitario tecnológico y las escuelas normales, desarrollar más tareas en investigación, ciencia, tecnología, innovación y cultura.
Participaciones de diputadas y diputados
El diputado Azael Santiago Chepi (Morena) dijo que ésta es una gran oportunidad para fortalecer a las escuelas normales y formadoras de docentes. “Tenemos muchas tareas pendientes, pero con la contribución de los participantes en este parlamento recuperaremos el tema educativo”.
De la bancada del PAN, la diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal manifestó que se dará seguimiento a lo expuesto y planteado en este foro.
La diputada Cynthia Iliana López Castro (PRI) comentó que llevan más de un año y lo que va de la cuarentena trabajando para crear una Ley de Educación Superior, a fin de que esté a la altura de lo que México requiere.
El diputado Óscar Rafael Novella Macías (Morena) comentó que el parlamento abierto ayuda a emprender un proceso legislativo más amplio e incluyente donde se pueda construir de manera más integral el proceso del diseño e implementación de las leyes.
A su vez, la senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes (Morena) destacó la importancia de la Escuela Normal en el país, porque ha demostrado ser el pilar fundamental de la educación.
Intervención de rectores
El rector del Tecnológico de Monterrey, David Garza Salazar, llamó a impulsar políticas públicas que favorezcan una mayor colaboración entre las instituciones públicas y particulares. Con la educación se puede tener un mejor futuro y los egresados deben estar preparados para los retos del mundo, afirmó.
El rector general de la Universidad Panamericana, José Antonio Lozano Diez, destacó la importancia de impulsar la investigación porque el país progresará en la medida en que se le destinen fondos de carácter privado y público, además de dar seguimiento a la calidad educativa. “Es relevante atender el rubro de las becas y hacer más eficiente la forma en que se otorgan”.
El rector de la Universidad Tec Milenio, Bruno Zepeda Blouin, puntualizó que es el mejor momento para diseñar una ley general que incluya la educación digital con un adecuado diseño pedagógico, la capacitación y actualización de docentes y visualizar a la educación superior como formadora de competencias y habilidades para el trabajo y autoempleo.
El rector de la Universidad del Valle de México, Bernardo González-Aréchiga Ramírez Wiella, sugirió agregar una nueva fracción al artículo 8 de la ley que se propone, donde se establezca la facilidad de inscripción de estudiantes a programas de educación superior para obtener o terminar grados intermedios, conseguir certificaciones o simplemente ganar conocimientos que les ayuden en su vida profesional.
José Homero Garza Rodarte, rector de la Universidad San Pablo, planteó que cada institución superior tenga un programa de becas y ayuda a la comunidad, así como crear mecanismos para que los alumnos de escuelas privadas accedan a una aportación del gobierno que les permita ayudar a sus comunidades con sus proyectos.
El rector de la Universidad Marista de San Luis Potosí, Arturo Morones Zavala, pidió legislar por una educación superior de calidad medible y acreditada. “La calidad educativa debe ser el sello indispensable; soslayar trámites burocráticos y exigencias administrativas y que la educación superior particular no se convierta en unidades de negocio”, apuntó.
El rector del Centro de Estudios Clínica e Investigación Psicológica de Campeche, Pavel Ruíz Izundegui, consideró que esta ley orienta hacia un monopolio estatal. Para evitar esto, propuso trabajar en una normatividad diferente. “No pidan investigación, innovación y mejores recursos si no generan las condiciones para lograrlo”.
Participaciones de académicos
Catalina Morfín López, directora general académica de ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, señaló que es importante que la nueva ley cuide que los fondos para la investigación, actividad sustantiva de la universidad, se otorguen en base a criterios de calidad y compromiso con la sociedad.
Víctor López García, coordinador académico de la Universidad Comunitaria, aseveró que es necesaria la inclusión de los institutos comunitarios de educación superior o universidades comunitarias, y crear una dirección que sea la encargada de un subsistema de universidades alternativas, locales, comunitarias, sustentables, municipales, ambientales y experimentales.
Mónica Mendoza Uribe, enlace de capacitación de la SEP, señaló que la educación es un derecho fundamental y solo a través de la enseñanza se podrá avanzar ante la gran brecha de desigualdad que existe en el país. “Nuestro compromiso con la educación y la juventud es generar estrategias que promuevan valores y permanencia en los colegios evitando la deserción escolar”.
Intervención de especialistas
El coordinador de Anticorrupción y Educación de México Evalúa e investigador del Tecnológico de Monterrey, Marco Antonio Fernández Martínez, dijo que preocupa que el fondo de gratuidad para la educación superior no tenga recursos. “A la hora de la asignación de recursos, las promesas no se acompañan de las disposiciones presupuestales”.
Rodrigo Guerra Botello, secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, expresó que esta ley hará posible atender las tendencias de este nivel educativo en México; “permitirá retomar poco a poco, y una vez superada la emergencia sanitaria, el camino con crecimiento del alumnado, ofreciendo una educación de calidad”.
José Pilar Guzmán, presidente de la Asociación de Instituciones Particulares de Educación Superior en Sinaloa, sugirió humanizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ampliar la oferta educativa hacia el desarrollo, fomentar la propiedad intelectual y la cultura del registro de patentes y promover acuerdos de movilidad estudiantil de profesores e investigadores.
La presidenta de la Alianza para la Educación Superior, María Luisa Flores del Valle, mencionó que de cada cien niños que ingresan a la educación primaria sólo 17 llegan al nivel superior, cinco terminan una carrera y 1.5 se titula. Pidió una ley justa, incluyente, equitativa, inteligente y moderna; su reto será garantizar el derecho a la educación superior.
El coordinador de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior del CIE, Miguel Ángel Tamayo, advirtió que en el proyecto de PEF 2021, el programa 300, denominado Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, desaparece, por lo que solicitó que al menos se asigne lo contemplado en 2020; es decir, poco más de mil millones de pesos.
Propuestas de docentes e investigadores
Docentes de diversos centros de estudios solicitaron apoyar a las pequeñas universidades, establecer convenios entre las escuelas del nivel medio superior y las universidades, crear un Sistema de Educación Superior Nacional y ser considerados en el programa de ampliación para la oferta nacional, regional y estatal 2021.
A su vez, representantes de universidades sugirieron detallar el concepto de “normalismo” en la nueva ley, especificar la cobertura presupuestal, garantizar derechos laborales y prestaciones, continuar con la formación de los catedráticos ante las nuevas tecnologías, adecuar planes de estudios con aspectos pedagógicos, psicólogos y científicos, y reconocer la figura de la tutoría bilingüe en lengua de señas mexicanas.
Peticiones de alumnas y alumnos
Alumnas y alumnos de las universidades de Londres, Jesuita de Guadalajara y de la Autónoma del Estado de México, solicitaron elevar la calidad de la educación y que sea accesible para todos los sectores rurales y urbanos, que la entrega de documentos oficiales dependa del esfuerzo académico del estudiante y crear un mecanismo financiero que permita liquidar la deuda de colegiaturas.
