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La Jucopo analizará la propuesta para reducir 400 millones de pesos al presupuesto 2020 del Congreso de la CDMX

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La Junta de Coordinación Política (Jucopo), con la opinión del Comité de Administración y Capacitación, así como de la Comisión de Presupuesto del Congreso capitalino, analizará la propuesta –realizada a través de un punto de acuerdo por la diputada Martha Ávila Ventura- para destinar 400 millones de pesos para la operación de la Universidad de la Salud y para el mejoramiento hospitalario capitalino.

La legisladora del grupo parlamentario de MORENA expuso en tribuna la propuesta. Mencionó que al realizar un análisis del presupuesto asignado para el Ejercicio Presupuestal 2020 se detectaron “áreas de oportunidad que, sin afectar los derechos laborales y garantizando la funcionalidad del Congreso, permitirán reducir los costos de operación”.

Ávila Ventura recordó que en el año 2018, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un Ejercicio Presupuestal que ascendió a 2 mil 366 millones, “el más alto aprobado para un órgano legislativo local en la historia del país”.

“Por ello, la primera Legislatura del Congreso local realizó un significativo recorte y aprobó un presupuesto de mil 766 millones, es decir, 600 millones de pesos menos que lo aprobado por la ALDF”, dijo.

“Derivado de lo anterior se estima factible ajustar en 400 millones de pesos el presupuesto del Congreso, con la intención de optimizar el uso de los recursos públicos y permitir orientarlos a la atención de necesidades sociales, 300 millones para la nueva Universidad de la Salud y 100 millones para el sistema hospitalario que atienda a las y los capitalinos”, explicó.

Debaten diputadas y diputados

Al respecto, el diputado Jorge Triana Tena (PAN) resaltó que el descuento debió procesarse desde el mes de diciembre del año 2019. “Debió haberse hecho en diciembre cuando articulamos nuestro presupuesto. (Este) no es el momento procesal para llevarlo a cabo”.

El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Mauricio Tabe Echartea, indicó que el momento indicado para hacer ajustes al presupuesto es el mes de diciembre; y denunció subejercicio en la Secretaría de Salud local en el año 2019.

“Cuestionamos el destino, porque nos parece que hay otras prioridades como es la atención a la primera infancia, que la tienen abandonada; el desmantelamiento de las estancias infantiles, pues hoy se tienen a miles de niños en las calles; y el abasto de medicamentos es un problema mayor que se tiene que atender”, dijo Tabe.

En respuesta, la diputada Valentina Batres Guadarrama (MORENA) indicó que     “esta apenas es una propuesta, y los grupos parlamentarios van a tener garantizado, a través de su coordinador y vicecoordinador en la Junta de Coordinación Política, el debate y también en el pleno cuando se tenga que poner a consideración”.

Después, el legislador Carlos Castillo Pérez (MORENA) enfatizó que el recorte presupuestal no afectaría los derechos laborales de los trabajadores del Poder Legislativo local, “sus derechos laborales no serán violentados”.

El congresista Jorge Gaviño Ambriz (PRD), dijo: “queremos discutir aquí las cosas de frente a todos, de frente a los trabajadores y trabajadoras, y no una Comisión o un Comité”.

Héctor Barrera Marmolejo (PAN), se pronunció en contra de trastocar los derechos laborales; “considero que esta deducción, esta invasión del presupuesto del Congreso no puede hacerse, en virtud de que esto se debió haber hecho en diciembre, cuando se aprobó el Presupuesto de Egresos”.

El diputado Víctor Hugo Lobo (PRD) expuso “aceptaríamos si se fuera –el recurso- para medicamentos para las niñas y niños con cáncer, aceptaríamos que se vaya para eso y más, no 400, 500 o 600 millones; estudiémoslo, pero así una cifra de 400 millones en números cerrados habla de una irresponsabilidad en cálculos financieros”.

La diputada Margarita Saldaña Hernández (PAN) también hizo un pronunciamiento; “si se tocan intereses, prestaciones, derechos que ya se tienen adquiridos por los trabajadores este Congreso”.

Después de las intervenciones de diputadas y diputados, el punto de acuerdo se turnó a la Junta de Coordinación Política para su análisis, con la opinión del Comité de Administración y Capacitación, y la Comisión de Presupuesto.