Durante 56 días quedó expuesta en internet, sin contraseñas, ni medidas de seguridad, información sensible y personal de 830 mil funcionarios públicos del Gobierno federal y hasta el momento, la Secretaría de la Función Pública, no ha dado una explicación de cómo, por qué y de quién es la responsabilidad por esta anomalía, advirtió la diputada federal del PRI, Dulce María Sauri Riancho.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales investiga el daño a la información confidencial, pero existe una agravante de los hechos, porque la Secretaría de la Función Pública notificó al INAI del incidente de seguridad hasta el 10 de julio, es decir diez días después de que lo detectó, cuando la norma indica que debe avisar máximo en 72 horas.
La legisladora explicó que la información vulnerada estuvo disponible en internet del seis de mayo y hasta el 30 de junio de 2020. Son datos personales clasificados, contienen los ingresos netos de los declarantes; bienes inmuebles y vehículos declarados; adeudos, pasivos y créditos financieros vigentes; además de datos generales como números telefónicos, direcciones de domicilios particulares, CURP y RFC.
La SFP dejó las declaraciones patrimoniales de 830 mil funcionarios públicos a la vista de cualquiera y de acuerdo a especialistas, la información puede ser utilizada en robo de identidad y poner en riesgo la vida de los trabajadores al servicio del Estado.
Sauri Riancho, diputada por el estado de Yucatán y también vicepresidenta de la Cámara de Diputados señaló la necesidad de que la SFP rinda un informe al Poder Legislativo del alcance de esta exposición de datos personales, contenidos en las declaraciones patrimoniales; qué medidas correctivas y preventivas se toman para evitar que los datos personales confidenciales se vulneren; cuál es el estado de cumplimiento de las declaraciones de situación patrimonial al 31 de julio de 2020, de los servidores públicos de la federación, obligados a presentarlas, en el marco de la pandemia del Covid-19 y cómo van prevenir que las declaraciones faltantes no sean exhibidas.
Asimismo, describa a cuánto ascienden los recortes presupuestales de la Plataforma Digital Nacional, del Sistema Nacional Anticorrupción, derivados del Decreto presidencial por el que se establecen medidas de austeridad a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado el pasado 23 de abril.
Dulce María Sauri consideró que, si el Gobierno de la República ha hecho del combate a la corrupción, una de sus principales políticas y compromisos, tiene la obligación de no poner en riesgo la vida, el patrimonio y los datos personales de estos servidores públicos, información que, por ley, debe estar protegida.
“En el clima de inseguridad que vive nuestro país, todas las medidas que se tomen para salvaguardar la vida y el patrimonio de las personas son necesarias y deben ser exhaustivas”, dijo Sauri Riancho.
Insistió, México ha desarrollado, desde hace años, un marco legal e institucional para combatir la corrupción y transparentar las acciones de gobierno y el actuar individual y colectivo de los servidores públicos, así que, independientemente del tipo de sistema o tratamiento en que se encuentren los datos personales, la Secretaría de la Función Pública, debe proteger la información en lo administrativo, físico y técnico contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, en conclusión, el mandato es que garantice su confidencialidad, integridad y disponibilidad.
