La independencia judicial no es un privilegio, garantiza una adecuada impartición de justicia: ministra presidenta Norma Piña

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La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es un derecho de los justiciables, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos, y esto debe quedar muy claro, subrayó la ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Al participar en el Panel: El Derecho en el México que Viene, en el marco del XIX Congreso

Nacional de Abogados de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), consideró que uno de los mayores desafíos que enfrentan las democracias constitucionales contemporáneas, consiste en preservar la división de Poderes y, en particular, asegurar la independencia de los poderes judiciales.

Acompañada de los ministros Luis María Aguilar y Javier Laynez Potisek, así como la académica Ana Laura Magaloni, la Ministra Presidenta aseguró que si como sociedad aceptamos o justificamos que la independencia judicial se trastoque o se destruya, ello impactará en una impartición de justicia que atienda a influyentismos y a razones ajenas al derecho, lo cual acabará perjudicando a las personas más vulnerables.

“Sin una Judicatura independiente, que responda exclusivamente a la Constitución y a la ciudadanía, no hay garantías para el Estado de Derecho y el acceso a la justicia, así se debe entender. (…) Y como sociedad debemos tener muy claro que, en una recta interpretación de nuestra Constitución, no debemos confundir nunca la colaboración y el diálogo entre los Poderes del Estado con la subordinación del Poder Judicial Federal frente a los otros Poderes”, indicó en la mesa moderada por el ministro en retiro, José Ramón Cossio.

La Ministra Presidenta expresó que entre las condiciones clave para asegurar la independencia judicial, destacan tanto la existencia de una carrera judicial meritocrática y transparente, como las garantías de estabilidad y permanencia que posibilitan a las personas juzgadoras a la toma de decisiones apegadas a derecho, sin temor a represalias o a remociones arbitrarias, y libres de cualquier forma de intimidación o coacción.

En su intervención, el ministro Javier Laynez Potisek consideró como parte de la defensa del constitucionalismo contemporáneo la defensa de las instituciones autónomas, el equilibrio de Poderes, pero no como un lugar común; sino para “no volver a algo que nos costó tantos años abandonar, porque fue un gran esfuerzo y costó muchísimos años”.

Recordó que las reformas de 1994 transformaron al Poder Judicial para adaptarlo a una nueva realidad constitucional, con autonomía. Figuras como la acción de inconstitucionalidad y el desarrollo de la controversia constitucional son instituciones, dijo que se pensaron, para que el Poder Judicial, en concreto La Corte, cumpliera su rol de equilibrio de Poderes.

Ana Laura Magaloni, investigadora del CIDE, recordó que esa reforma de 1994 dejó dos asuntos que hoy en día le pesan mucho a La Corte: la necesidad de contar con 8 votos para declarar la inconstitucionalidad de una norma, con efectos generales, en acciones de inconstitucionalidad; y dos, el sistema de designación, con la posibilidad, después de una segunda vuelta, que el Presidente designe directo.

“Ambos, hilos de control le están costando la vida a la Corte”, dijo, pues conforme continúen los procesos de designación, para la mitad del sexenio que viene La Corte prácticamente ya no tendría ninguna credibilidad en el mundo jurídico. Es relevante, por ello, que “las y los ministros, los jueces, los académicos, pensemos dónde están los asideros más fuertes de independencia y capacidad de resistencia del PJF”. Es muy impresionante el Poder Judicial, destacó, hay jueces con mucha vocación y que están organizados y juntos, y eso es clave para que siga manteniendo su fuerza.

En su oportunidad, el ministro Luis María Aguilar reiteró que fortalecer al Poder Judicial no fue crear un organismo de resistencia frente a los otros dos poderes, sino hacer valer la norma constitucional y, como bien dice, las leyes que de ella derivan. El que La Corte pueda invalidar una norma porque no se siguió el procedimiento no se trata de formalismos, “se trata de hacer que todas las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso tengan voz, participen. (…) De tal manera que lo que se está haciendo valer es la democracia, la democracia legislativa”.

Asimismo, resaltó que el Consejo de la Judicatura Federal debería estar integrado por pares, “que entiendan lo que es ser juez y estar atrás de un escritorio”, y en estos momentos su integración da una mayoría especial para coadyuvar con la independencia de los jueces.