Solo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio y la ciudadanía pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan o bajo qué criterios actúan las instituciones, es posible transitar hacia un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad crítica, exigente y participativa, señaló Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX).

Al participar en el conversatorio: La Impartición de Justicia Digital Judicial. “Tránsito de lo Ordinario a lo Electrónico”, precisó que la fiscalización de las personas hacia la función pública, regenera la confianza ciudadana en las instituciones democráticas: “Los ciudadanos deben poder juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus autoridades y decidir en consecuencia”.

Bonilla Gutiérrez destacó la importancia de transparentar las sentencias porque permite apreciar al orden jurídico de manera dinámica y ver el modo en que se define el contenido de las normas de derechos humanos en las vidas de las personas y cómo estos son susceptibles de expandirse y evolucionar.

Durante su exposición, el Comisionado Presidente del INFO CDMX recordó que en el contexto de distanciamiento social por la emergencia sanitaria por COVID-19, las tecnologías de la información y la comunicación han tenido un importante papel.

“Las instituciones y autoridades, no solo judiciales, implementaron mecanismos para hacer frente a la situación, privilegiando los derechos de las personas a través de la continuidad en la prestación de los servicios de su competencia y con la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno como ejes fundamentales de todo ejercicio de función pública”, subrayó.

Recordemos -señaló- que el fin de todas las instituciones del Estado es satisfacer las necesidades de las personas a través de servicios públicos y, de modo muy importante, a través de publicitar lo que hacen por medio de información accesible, útil, completa, disponible y cierta. Cuando ello ocurre, el bienestar común puede ser incrementado y se fortalece la confianza pública a través de la legitimidad que tales condiciones conllevan.

Aseveró que las plataformas digitales de nuestra era, puestas al servicio de las personas, pueden servir para promover y potenciar de manera progresiva los derechos humanos de las personas cuando el intercambio de información entre estas y las instituciones es cuantitativa y cualitativamente relevante.

“Es decir, cuando la transparencia es algo de lo que las personas pueden hacer sentido lógico y práctico, cobra no solo forma sino fondo, abriendo las puertas al ejercicio de otras libertades y derechos fundamentales”.

En materia judicial, Bonilla Gutiérrez explicó que la transparencia de las sentencias si bien enfrenta restricciones de tipo material y representa retos, con la centralidad de las personas y sus derechos humanos en mente, estos pueden enfrentarse de modo conjunto entre los sujetos obligados y los organismos garantes del todo el país, aprovechando las facultades de coordinación con que estos últimos cuentan, con el propósito de implementar políticas en la materia.

Como ejemplo de lo anterior, señaló que el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT) se conforma a partir de la coordinación entre las distintas instancias que lo integran y que, debido a sus ámbitos de competencia, contribuyen a la vigencia de la transparencia a nivel nacional, en los tres órdenes de gobierno.

“En palabras sencillas: se debe generar información de calidad, gestionarla y procesarla para facilitar el conocimiento y evaluación de la gestión pública”, dijo el también Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT.

Para finalizar, destacó que generar información de calidad, facilita el conocimiento y evaluación de la gestión pública y promueve el derecho de acceso a la información, la difusión de una cultura de la transparencia y su accesibilidad, así como la fiscalización y rendición de cuentas, pero también brinda la oportunidad de consolidar diversos procesos democráticos en nuestro país y mantener la vigencia de nuestra Constitución de los derechos humanos y de la transparencia.