La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, presentó una iniciativa que reforma la Ley General de Desarrollo Social, para establecer el Ingreso Mínimo Vital que deberá otorgarse a las personas afectadas directa o indirectamente en sus ingresos cuando se declare una emergencia sanitaria o climática.Este apoyo deberá ser temporal, por un periodo mínimo de 30 días y máximo de 90, su monto será determinado conforme a la línea de bienestar y se entregará por medio de los mecanismos definidos en las reglas de operación que tendrá que fijar la Secretaría de Bienestar y expedirlas a más tardar treinta días naturales después de que la emergencia sea declarada.
La propuesta, que modifica los artículos 8 y 25 de la mencionada ley, indica que el Ejecutivo federal podrá establecer y administrar un Fondo de Contingencia Social como respuesta a fenómenos económicos y presupuestales imprevistos.
Además, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se determinará el monto y las reglas mínimas a las que quedará sujeta su distribución y aplicación, incluyendo las previsiones correspondientes para garantizar que los recursos del Fondo sean utilizados en el ejercicio fiscal.
La iniciativa refiere que, en caso de emergencia extraordinaria por causas sanitarias o climáticas, el Fondo recibirá presupuesto extraordinario para financiar un Ingreso Mínimo Vital, el cual será sujeto de las reglas de transparencia, evaluación, contraloría social y rendición de cuentas previstas en la ley.
La pandemia requiere intervenciones extraordinarias, rápidas y contundentes
La diputada Laura Rojas manifestó que la emergencia económica y las consecuencias sociales provocadas por la disminución de la actividad productiva, la reducción de la inversión privada y las remesas, y la contracción del consumo durante varios meses requiere intervenciones extraordinarias, rápidas y contundentes.
Refirió que estimaciones realizadas por CI Banco, indican que el Producto Interno Bruto (PIB) puede caer hasta 16 por ciento en el segundo trimestre del año, a consecuencia de la pandemia por COVID-19. Además, contempla que para la segunda mitad del año se contraiga 8.5 por ciento y para el último trimestre 4.6 por ciento.
La legisladora afirmó que la realidad laboral en México es que el 60 por ciento de la economía es informal, por lo que, ante la suspensión de actividades laborales, estos trabajadores quedaron en completo estado de indefensión.
Por otro lado, en el sector formal de trabajadores la realidad implica que las micro, pequeña y mediana empresas generan el 75 por ciento de los empleos en el país, y al suspender sus actividades, total o parcialmente, disminuyeron de manera considerable sus ingresos.
La mitad del ingreso de las y los mexicanos provienen de trabajos vulnerables y 61.7 millones de personas viven en pobreza
La diputada Rojas Hernández precisó que más de la mitad de los hogares mexicanos reciben, al menos, el 50 por ciento de sus ingresos de trabajo que, por la precariedad de su vínculo laboral, son altamente vulnerables ante la crisis actual.
Agregó que el 16 por ciento de los hogares del país reciben sus ingresos de trabajo doméstico, comercio ambulante, pequeños negocios de servicio, comercio en establecimientos, las remesas provenientes de otros países y otros sectores como el trabajo sexual y de construcción.
En la actualidad, hay un total de 61.7 millones de personas en situación de pobreza, equivalente al 48.6 por ciento de la población, por lo que implementar el Ingreso Mínimo Vital, durante tres meses, implicaría apenas el 4.9 por ciento del total del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.
Otros países han implementado medidas semejantes al Ingreso Mínimo Vital
La legisladora subrayó que varios países han adoptado medidas semejantes para hacer frente a los efectos catastróficos derivados de la pandemia por COVID-19, entre ellos, Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y España.
En México, el gobierno federal anunció una serie de medidas para afrontar los estragos económicos por la pandemia, tales como becas para estudiantes de escasos recursos, créditos a pequeños comerciantes, créditos personales para el sector formal e informal e incluso planteó la medida inconstitucional de disminuir el sueldo de los funcionarios públicos y eliminar sus aguinaldos.
A pesar de estos esfuerzos, continuó, el apoyo ha sido insuficiente. Se requiere de una medida eficaz que mitigue la catástrofe económica y social que atraviesa el país. Los estímulos fiscales y paquetes de protección social, dirigidos a quienes se hallan más vulnerables para hacer frente a esta crisis, son herramientas indispensables para amortiguar las devastadoras consecuencias de la pandemia.
“Como representantes del pueblo, es menester velar por el bienestar de las y los mexicanos; es por ello que se insiste en la adopción de un Ingreso Mínimo Vital de emergencia, que garantice el apoyo para las familias más vulnerables”, enfatizó.
