- La Conferencia Episcopal de Bolivia impugna el cierre forzoso de su colegio de maestros, clausurado por la Ley General de Educación de 2010.
- La Conferencia Episcopal ha emitido una petición para reabrir la institución académica impugnando la constitucionalidad del cierre.
La Conferencia Episcopal ha presentado una petición de reapertura de la escuela de magisterio ante el Ministerio de Educación boliviano, junto con un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Educación. El Ministerio está obligado a remitir el caso al Tribunal Constitucional.
“Al forzar el cierre de la Escuela Normal Católica, el Estado boliviano ha violado los derechos de los bolivianos, protegidos tanto por la Constitución como por el derecho internacional, a la libertad religiosa y a seguir una educación conforme a sus convicciones”, declaró Tomás Henríquez, Director de área para América Latina y el Caribe de ADF International, que actúa como uno de los principales asesores jurídicos de la Conferencia Episcopal.
ADF International está prestando apoyo jurídico a la Conferencia Episcopal Boliviana en su intento de impugnar la constitucionalidad del cierre forzoso y la prohibición permanente de crear nuevas escuelas para la formación de docentes.
Henríquez señaló además: “El derecho internacional reconoce específicamente la libertad de los organismos, como la Conferencia Episcopal, para establecer y dirigir instituciones educativas sin interferencias. Lo que está haciendo el Estado boliviano para socavar la educación católica es una violación flagrante de esta libertad fundamental”.
Monseñor Fernando Bascopé, Presidente del Área de Educación de la Conferencia Episcopal Boliviana, comentó lo siguiente: “El Estado está violando no sólo el derecho de la Iglesia Católica a formar a sus propios maestros de acuerdo a las creencias que profesa la mayoría de los bolivianos, sino que también está violando el derecho de los padres, que son los primeros responsables de la educación de sus hijos, a elegir el tipo de educación que refleje sus valores, ideas y convicciones”.
Antecedentes
Al nacionalizar la provisión de educación en Bolivia y decretar el cierre del INSCSS, el Estado boliviano viola el derecho internacional de los derechos humanos, incorporado a su legislación por mandato constitucional.
El artículo 13.4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) protege la “libertad de los individuos y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que la educación dada en tales instituciones se ajuste a
las normas mínimas que prescriba el Estado”. La legislación boliviana contraviene la ley de derechos humanos al establecer una prohibición general de la libertad de las organizaciones e iglesias de cumplir las normas mínimas para funcionar libremente.
Además, los padres tienen derecho, según el artículo 13.3 del PIDESC, a “escoger para sus hijos las escuelas… que garanticen la educación religiosa y moral de sus hijos conforme a sus propias convicciones”.
Henríquez señaló que “al cerrar las escuelas magistrales privadas, el Estado boliviano impide a las instituciones religiosas formar a su propio personal. Esto hace que sus escuelas no sean sostenibles a largo plazo. Esto tendrá el efecto de privar a los padres que quieren buscar instrucción católica para sus hijos de la posibilidad de seguir una educación que se ajuste a sus creencias, violando así el derecho internacional”.
El INSCSS fue creado el 23 de febrero de 1956 a petición del arzobispo de La Paz, monseñor Abel Antezana. El objetivo del colegio era (i) formar maestros para los niveles de educación inicial, primaria y secundaria; (ii) certificar a sus graduados como maestros; y (iii) tramitar el registro de sus graduados de acuerdo con las normas nacionales bolivianas de enseñanza.
El INSCSS ha formado a más de 12,750 profesores y ha producido 125 textos educativos, 14 de ellos escritos en diferentes lenguas indígenas para satisfacer las necesidades de los bolivianos. Además, el INSCSS ha recibido varias distinciones de diferentes alcaldes y gobernadores por sus contribuciones a la cultura, la educación y el desarrollo de Bolivia. Algunas distinciones notables incluyen la más alta distinción estatal boliviana, la Condecoración Nacional de la Orden del Cóndor de los Andes, así como condecoraciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia por su destacada labor en la formación de docentes.
En 2010, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia promulgó la Ley de Educación bajo la Ley No. 070, también conocida como “Ley Avelino Siñani”, que nacionalizó la formación docente. La ley usurpó la libertad de las instituciones para formar maestros, otorgando al Estado competencia exclusiva en la materia. Al mismo tiempo, ordenó el cierre de los institutos privados de formación docente. Posteriormente, se cerró el INSCSS.
ADF International es una organización religiosa de defensa legal que protege las libertades fundamentales y promueve la dignidad inherente a todas las personas.
