Ante diputados de la Comisión de Vivienda, Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), aseguró que se inyectarán en el presente año 20 mil millones de pesos junto con la banca privada, para promover políticas contracíclicas ante la situación económica. Resaltó la reestructuración de préstamos que libera a las familias recursos disponibles.El presidente de la instancia legislativa, diputado Carlos Torres Piña (Morena), encabezó la reunión, donde el funcionario informó que se iniciarán dos programas: Unamos créditos y Cuenta Infonavit + crédito bancario, para tener liquidez e impulsar la vivienda social. “La reestructuración y el acceso al crédito son una buena inyección de dinero en la economía”, apuntó.
Previó establecer, por acuerdo de los tres sectores que integran el Infonavit, un modelo de crédito más barato, y a partir de abril tener un nuevo esquema de tasas de interés para los trabajadores con menos ingresos, que entre en vigor en octubre próximo con el objetivo de redireccionar el gasto y mejorar el entorno urbano, además de aumentar los montos sin subsidios porque distorsiona el mercado, pero sin descartar los apoyos transparentes provenientes de los empleados y empresas.
Sobre la emergencia sanitaria por el Covid-19, Martínez Velázquez afirmó que se siguen las indicaciones de la Secretaría de Salud. “Hemos empezado a generar internamente un análisis respecto a las acciones que podemos hacer, una vez que se alcancen la fase dos y tres, y que en su momento se determine, anunciaremos lo que corresponde”.
Participación de diputadas y diputados
El diputado Miguel Acundo González (Encuentro Social) resaltó que hay muchas familias que viven en zonas de alto índice de violencia, “y no están ahí porque les guste, sino porque no les queda de otra”, por lo que preguntó qué hacer con ese problema y qué se hará con las viviendas abandonadas. También cuestionó sobre el tema de la deuda, restructuración y el apoyo a las familias.
En tanto, el diputado Fernando Torres Graciano (PAN) pidió su opinión sobre la viabilidad de regresar al tema de subsidios con reglas más claras, “donde el trabajador pueda definir y decidir cuándo lo va a usar y que tenga el control del ejercicio de ese subsidio y no como se hacía cuando eran las desarrolladoras”. Además, preguntó sobre si el trabajador puede usar el fondo de la subcuenta y la posibilidad de bajar las tasas y el tema de la cobranza extrajudicial.
El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (Morena) preguntó qué pasa con quienes compraron viviendas que estaban en juicios y son recuperadas por los dueños anteriores mediante un amparo. Asimismo, sobre el contrato de Telra Realty, pidió saber el destino de los 2 mil millones de pesos que se recuperaron con un acuerdo reparatorio, pero faltan cuatro mil millones.
También inquirió sobre las viviendas abandonadas y que en algunos estados se continúan autorizando conjuntos habitacionales donde no hay agua y drenaje.
De la misma bancada, la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz comentó que más de 500 mil viviendas están abandonadas, las cuales pueden dar alojamiento a más de 2 millones de personas, por lo que es un desperdicio en recursos y espacio. Pidió explicar en qué consiste el Programa de Regeneración de Vivienda, cuál sería el impacto positivo para la sociedad y bajo qué términos el derechohabiente se hace acreedor a este programa.
A partir de junio próximo se otorgarán créditos para recuperar viviendas abandonadas
El titular del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, señaló que para fortalecer la colaboración entre los sectores público y privado, anunció la recuperación de 650 mil viviendas abandonadas en todo el país (40 por ciento de éstas, de 2007 a la fecha, tuvieron subsidio que provocó el aumento del préstamo). Indicó que a partir de junio próximo se empezarán a otorgar créditos respecto a esta modalidad.
El funcionario explicó que algunas de las causas del abandono radican en el desplazamiento en zonas de violencia (parte de Tamaulipas y Ciudad Juárez, Chihuahua); en todo el Valle de México, es por la falta de servicios y transporte, y en el sur, por ejemplo, en Quintana Roo, debido al desarrollo de los centros turísticos porque hay mucha movilidad de población por la contratación temporal, pero no se establecen de forma definitiva y regresan a sus lugares de origen.
Precisó que de las 650 mil viviendas abandonadas se analizó cuáles pueden recuperarse y son viables, de acuerdo con la situación jurídica y de violencia. Algunos inmuebles se dejaron de usar por estar en zonas de riesgo, por ejemplo, “en Juárez hay casas abandonadas que no se pueden recuperar porque sería ilegal, de acuerdo a la Ley General de Protección Civil”.
Además, detalló que alrededor de 250 mil casas están en juicios masivos y no se puede disponer de ellas porque hay una indefinición legal sobre la propiedad. Señaló que se acordó con Sedatu que 170 mil viviendas abandonadas sean susceptibles de recuperación durante el sexenio.
Informó que el Infonavit inició acciones legales en contra de 18 despachos a los que se les pagó 36 mil millones de pesos por adelantado, a la mayoría, en el sexenio anterior, que iniciaron juicios masivos en contra de trabajadores que tuvieron problemas con el cumplimiento en el pago, porque ni siquiera registraron los casos ni se apegaron al debido proceso al radicarlos fuera de la zona en que se encontraba la vivienda.
Por ello se suspendió ese esquema porque se hacía de mala manera al violar derechos procesales de los afectados, los cuales se restituyen con la reposición de procesos para darles garantías y resolver en cada estado. Aclaró que el objetivo del instituto no es quitar las casas a las familias.
Ventanillas únicas para trámites
Aseguró que se reducirán gestiones y promoverán las ventanillas únicas para trámites de construcción y cambiar el préstamo a pesos; mejorar con los municipios los papeleos de edificación. Se eliminaron créditos en zonas de riesgo y se exige a las alcaldías, como obligatorio, que los servicios públicos estén completos.
Sostuvo que se trabaja en el diseño de créditos específicos que aminoren la inequidad de las mujeres en el acceso a la vivienda, buscando mitigar las desigualdades estructurales, porque las trabajadoras tienen discontinuidad laboral por los embarazos y cuidado de sus hijos, y reciben menos salarios, por lo que tardan 10 años más en pagar sus préstamos por la diferencia sistemática de trabajo y retraso en su solicitud por maternidad.
Refirió las acciones para flexibilizar las soluciones de crédito y dar más opciones, porque se tenía un esquema muy rígido con un solo tipo de crédito para cualquier nivel salarial.
Martínez Velázquez afirmó que se enfocarán las acciones en la reestructuración de créditos, porque se encontraron un millón de éstos que son los potencialmente más problemáticos de trabajadores que no aumentaron su percepción y que no han podido ponerse al corriente, debido a que la tasa de interés subió, pero su salario no, provocando un desfase. Sólo con responsabilidad compartida se van a reestructurar 750 mil de estos casos durante el sexenio.
Apuntó que nunca en la historia del instituto se reestructuraron más préstamos como en 2019, al sumar 900 mil. “Se requiere modificar el esquema para reestructurar las deudas, pero no se puede porque la ley fija 30 años, restricción que hace más caro el préstamo y debe ajustarse legalmente, porque la gente se acerca y quiere pagar su casa de acuerdo a su capacidad económica y no con mensualidades caras”. Indicó que en el Infonavit el plazo tope para cubrir el empréstito es de 14 años.
Se tienen muchos acreditados que no entraron a programas de reestructuración que llevan más de 15 años pagando y al corriente, pero su préstamo crece sin bajar. Por ello, en las nuevas reglas de operación para el presente año se prevén descuentos al saldo, cambio a salarios mínimos y tasa de interés.
A través del programa Responsabilidad Compartida se atendieron 186 mil créditos en el primer año de la administración, y el objetivo es extender estas medidas durante todo el sexenio, a fin de que los trabajadores tengan un pago congelado y fijo, sin subir tasas de interés ni la mensualidad.
Al cierre del 2019, dijo que se recortó el gasto operativo en 18 por ciento (2 mil 300 millones de pesos) más 3 mil millones de ahorros por hacer licitaciones públicas y no de forma directa a proveedores, como antes, cuando el 93 por ciento del presupuesto se adjudicaba en este esquema.
“La mitad del presupuesto se va a licitaciones abiertas. Es un cambio radical en un solo año, con nuevas políticas de compras y un nuevo código de ética para operar de mejor manera”.
Resaltó los beneficios de los programas, Responsabilidad Compartida para la conversión de salarios mínimos a pesos, y Unamos créditos, iniciado en febrero pasado para que dos personas sin relación jurídica junten sus fondos.
Asimismo, Cuenta Infonavit + crédito bancario, donde los trabajadores no activos puedan solicitar su fondo de ahorro del instituto y llevarlo al banco para un enganche hipotecario, y 90 Diez, que hace un descuento final a las hipotecas al haber cubierto el 90 por ciento al crédito.