Después de que ayer decretara un receso, la Comisión de Justicia reinició su reunión extraordinaria hoy a las 10:54, con el fin de escuchar las voces de organizaciones civiles, colectivos y familiares de víctimas desaparecidas y continuar con el análisis del proyecto de dictamen a la minuta que expide la Ley de la Fiscalía General de la República.

En la reunión, la presidenta de esa instancia legislativa, diputada Pilar Ortega Martínez (PAN), dijo que a fin de platicar con las fuerzas políticas, normar el procedimiento que seguirá la sesión y atender lo mencionado por las víctimas, se decretaría un nuevo receso.

“Es importante abrir un receso de media hora. Hemos hecho este ejercicio en el ánimo de escuchar a quienes pudieran ser afectados por una norma que estamos discutiendo y vamos a emitir en breve, si se da la mayoría necesaria”, agregó.

Participación de diputadas y diputados

El diputado Rubén Cayetano García (Morena) sostuvo que su postura es en contra; sin embargo, puntualizó que el Ministerio Público ya dio de sí: o se refunda o desaparece. “Es una institución degradada y corrupta que ya no representa a la sociedad. Consideramos que se tiene que plantear una reforma profunda en materia de procuración de justicia que remueva las viejas prácticas. Es necesario hacer un alto y revisar cómo vamos a generar confianza en estas Instituciones”.

La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) expresó su apoyo y solidaridad a las víctimas y familiares. Dijo que la Comisión tiene el mandato de garantizar el derecho a la justicia, no solamente para todos los ciudadanos sino hacia el funcionamiento del Estado. “Es muy grande la responsabilidad que tenemos con más de 90 mil personas a quienes el Estado no ha cumplido con el acceso a la justicia”.

También de Morena, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río comentó que con esta ley, el fiscal y la Fiscalía garantizarán a los ciudadanos y víctimas el total acceso a la justicia. “Debemos respetar los acuerdos, procedimientos y discutir en el Pleno de manera democrática y presentar las reservas que se puedan plantear”.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) mencionó que es necesario escuchar las voces de las víctimas y sus familiares y que “cualquier circunstancia que tenga relación con lo que se discute no se puede realizar sin las opiniones de ellos; se tienen que retomar sus propuestas”.

Participación de familiares de víctimas y organizaciones

Martín Villalobos Valencia, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, dijo que no aceptan que esta ley pase como está y pidió discutir las reservas e incorporar lo necesario al cuerpo del documento porque “esta ley no contiene el resultado de los foros que realizó la Comisión”. Puntualizó que de no realizarse los cambios, las familias y organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos no acompañarán la iniciativa, y acudirán a otras instancias. “Esta Ley va en contra de lo que hemos ganado como víctimas y genera un retroceso”.

La representante del Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda, Valentina Peralta Puga, pidió votar en contra de la minuta y dedicar el tiempo necesario para realizar los cambios adecuados, con el fin de no retroceder en derechos, principios y contrapesos. Agregó que preocupan temas como el derecho de las víctimas, el nombramiento del fiscal general, el mecanismo de apoyo exterior, modelo pericial y la autonomía técnica de los ministerios públicos.

Melisa Mariana Moreno Arenas, familiar de una víctima, refirió que hace dos años se dio el voto de confianza a la actual y vigente Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, y ahora “pedimos a las y los diputados que antes de desecharla se implemente y ponga en marcha.

Marite Valadez Quimijara, también familiar de una víctima, expresó que al reformarse la Ley de la Fiscalía General de la República será autónoma y no tendría la obligación de investigar y menos de buscar, por lo que no “podríamos exigirlo porque ya no estará en nuestras manos. Si aún no tienes un desaparecido, ayúdanos a dar marcha atrás a esta reforma”.

Virginia Garay Cázares, madre de un desaparecido, comentó que la actual ley da confianza, aunque es nueva. No se ha manejado de manera correcta y no se sabe si realmente funcionará. “Nosotros tenemos la confianza de que ustedes ven por el bien de nosotros, pero al cambiar la ley atentarán en nuestra contra; si se cambia se le quitarán atribuciones a la Fiscalía y nos quitarán ayuda”.

Maribel Enciso Olguín, madre de una desaparecida, consideró que la propuesta causa desconfianza e incertidumbre porque no se sabe qué pasará con todos los casos. Dijo que es necesario que la Fiscalía sea reforzada y que no evada responsabilidades.

Grace Fernández, hermana de un desaparecido, dijo que es necesario que se viva con paz, justicia y que las víctimas y desaparecidos vuelvan a casa con sus familias. Señaló que con esta ley se vulneran los derechos de las víctimas; los ministerios públicos no son competentes y no colaboran. Si se aprueba volverán a las malas prácticas del pasado.